El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, acaba de alertar en Ginebra sobre los peligros para «pueblos indígenas y comunidades afrohondureñas», la entrega por Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) «de franjas del territorio nacional a inversionistas», en regiones donde se afincan poblaciones autóctonas o afrodescendientes.
Compuesto por 18 expertos independientes de diferentes puntos del planeta, y presidido por el destacado referente indígena guatemalteco, José Francisco Cali Tzay, el Comité le pidió a Honduras «que examine la compatibilidad de dicha ley con los instrumentos internacionales adoptados», en particular aquellos relacionados con indígenas y afrodescedientes, no olvidando que estos tienen rango constitucional.
La preocupación de la ONU abreva en que esas zonas cedidas a inversionistas «gozan de autonomía funcional y administrativa, y pueden contar con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva, así como con sus propias fuerzas de seguridad, lo cual podría tener consecuencias dramáticas para Pueblos Indígenas y Comunidades afrohondureñas establecidas en la misma región».
A estos 18 expertos, quienes no cobran sueldo y a los que solamente se les reembolsan viáticos, encargados de vigilar el cumplimiento de la Convención de la ONU contraria a la discriminación racial, les preocupó, además, la desjerarquización en la función pública de dos estructuras: la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro descendientes, las que «han sido fusionadas a otras instituciones y por lo tanto ya no tienen rango de Secretaria de Estado».
Para peor la ONU constata «la perdida de estatus», de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras, para la cual exhorta al gobierno a nombrar «un Comisionado con el debido conocimiento de los derechos humanos», fijándole un mandato que lo lleve a profundizar la lucha contra la discriminación racial, el racismo, la xenofobia «y otras formas Conexas de Intolerancia».
A la ONU también le preocupa el contexto general de estos problemas, que se inscriben en la vigencia de «estereotipos y prejuicios existentes en la sociedad y las tensiones persistentes» en Honduras, «que constituyen un impedimento para la aceptación intercultural y la construcción de una sociedad incluyente y pluralista».
Con este telón de fondo, la ONU «lamenta que persisten graves atentados contra la seguridad física de los defensores de derechos humanos, incluso líderes indígenas y afrohondureños», persecución que no recibe «respuesta policial y judicial adecuada».
En paralelo, los expertos se hicieron eco de información fidedigna que no hay sentencias que condenen delitos de discriminación, y que existe una desproporción «entre las denuncias desestimadas y las judicializadas», mientras que se han destituido «varios magistrados, en particular miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia».
La ONU recomienda a Honduras respetar el principio clave en el combate para erradicar la discriminación racial, que significa la «consulta previa, libre e informada de manera sistemática con relación a proyectos de desarrollo y recursos naturales (tales como proyectos hidroeléctricos, o de minería), u otras legislaciones o programas que afectan los pueblos indígenas y comunidades afrohondureñas».
La ONU promueve, al respecto, que esas consultas sean de buena fe, luego que «un organismo independiente lleve a cabo estudios de impacto antes de autorizar actividades de exploración y explotación de los recursos naturales en áreas tradicionalmente ocupadas por indígenas y comunidades afrohondureñas», a los que se les debe garantizar acceso «a los tribunales para defender sus derechos tradicionales y su derecho a ser consultados antes de que se otorguen concesiones, así como de recibir una indemnización justa por cualquier perjuicio sufrido».
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
