Foto: elpais.com En ocasión de la primera sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, la Comisión Interamericana en la materia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y sus homólogos del Grupo de Expertos de la ONU, revelaron un documento conjunto enumerando una rendición de cuentas sobre las atrocidades que viene cometiendo la dictadura en Nicaragua del matrimonio entre Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el 2018.
Desde entonces «ambas instancias continúan documentando un patrón generalizado y sistemático de graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, muertes ocurridas bajo custodia del Estado, confiscación de bienes, privación arbitraria de la nacionalidad y represión transnacional».
Ambos organismos coinciden en «su preocupación por el aumento en el número de las personas detenidas cuyo paradero continúa siendo desconocido y los riesgos extremos para la vida y seguridad de quienes permanecen bajo custodia estatal. La persistencia de las desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos como parte de los patrones de represión contra personas percibidas como opositoras es grave y debe cesar inmediatamente».
«Asimismo, se ha observado una intensificación de la represión transnacional mediante actos de vigilancia, amenazas, hostigamiento y violencia contra personas nicaragüenses exiliadas, sus familiares y organizaciones que las acompañan, lo que ha generado serios desafíos en materia de seguridad para otros Estados de la región», como en Costa Rica y Honduras. Allí han sido abatidos por «células parapoliciales nicaragüenses», exiliados como Roberto Samcam, Jaime Luis Ortega Chavarría, Joao Maldonado, Rodolfo Rojas Cordero y Gerardo de Jesús Gutiérrez.
«Estas violaciones ocurren en un contexto de creciente y sostenida concentración del poder y de desmantelamiento total de contrapesos institucionales y del espacio cívico. La reforma constitucional de 2025 eliminó el principio de separación de poderes, creo la denominada copresidencia y estableció para esta un mandato de 6 años. Apenas un año después, una nueva reforma —ya aprobada en primera legislatura— propone ampliar ese mandato a 7 años».
En esa perspectiva se añade «la posibilidad de renovación y elevar a rango constitucional restricciones arbitrarias contra personas calificadas como «golpistas» o «traidores a la patria». Estas medidas revelan la utilización del orden constitucional para perpetuar al régimen en el poder, excluir cualquier alternativa política y eliminar las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres, auténticas y competitivas».
«El anuncio oficial de que se prevén elecciones en 2027, constituye una indicación preocupante de la erosión de las garantías democráticas y del Estado de derecho. Los derechos humanos, las libertades fundamentales y la participación efectiva en los asuntos públicos constituyen condiciones indispensables para la existencia de procesos electorales libres, justos y transparentes. Las condiciones actuales en Nicaragua no cumplen con los estándares internacionales requeridos, y los elementos esenciales de la democracia son inexistentes».
«La Comisión Interamericana de la OEA (CIDH) y el Grupo de Expertos de la ONU hacen un llamado a los Estados a utilizar los mecanismos disponibles para contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática y respeto de los derechos humanos en Nicaragua, conforme al principio de garantía colectiva del sistema interamericano. Reclaman la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y el esclarecimiento de las desapariciones».
Exigen «el restablecimiento del espacio cívico, poniendo fin al cierre sistemático de las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación independientes, universidades e instituciones religiosas y la devolución de los bienes; el fin de la represión transnacional y de la privación arbitraria de la nacionalidad, garantizando una protección efectiva de los derechos arbitrariamente restringidos o retirados». Integran la CIDH 7 miembros independientes que son elegidos por la Asamblea de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia».
Paralelamente, investigando 161 casos ilustrativos de desapariciones forzadas el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Nicaragua, que integran Jan Michel Simon (Alemania), Ariela Peralta Distéfano (Uruguay) y Reed Brody (Hungría), descubrieron que Humberto Ortega, hermano menor de Daniel Ortega, y ex-jefe militar sandinista, y el líder indígena miskito nicaragüense, Brooklin Rivera, diputado, ambos murieron presuntamente bajo custodia tras supuesta desaparición forzada prolongada, atribuida al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Edwin Brooklin Rivera murió el 30 de mayo de 2026, en un hospital, tras casi tres años de detención arbitraria y períodos de desaparición forzada. Tenía 73 años. El régimen controló los restos, limitó la participación familiar y lo sepultó en el Cementerio Sierras de Paz, en Managua. La familia deseaba enterrarlo en Sandy Bay (Región Autónoma de la Costa Caribe Norte), junto a su madre, según costumbres miskitas, pero no se respetó esa voluntad. Varios familiares y allegados que intentaron reclamar el cuerpo fueron detenidos.
Humberto Ortega fue cremado el mismo día de su fallecimiento, el 30 de septiembre de 2024, a los 77 años. No hubo funeral de Estado, ni honras militares, o ceremonia oficial por parte del gobierno o del Ejército, del cual fue jefe histórico y fundador. Desde mayo de 2024 estaba privado de su libertad, bajo arresto domiciliario de facto, luego de criticar al gobierno calificándolo de «dictatorial». Cuestionó la sucesión familiar, declarándose «prisionero político». La versión oficial de su muerte alegó causas cardíacas naturales, versión discutible por el contexto de reclusión.
Desde Ginebra, Juan Gasparini.
