Durante dos días de comparecencia en Ginebra de una delegación del nuevo gobierno del presidente Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí, expertos del Comité contra la Discriminación Racial de la ONU los exhortaron a proteger migrantes de Nicaragua y Honduras, que son víctimas de ordenanzas municipales racistas y xenófobas en El Salvador. Los hijos de esos migrantes tendrían a su vez dificultades para acceder a la escuela pública.
Los 18 expertos de este Comité, encargados de vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional en materia de discriminación racial, ratificada por el Salvador, también recomendaron remediar a la usurpación de aguas a comunidades indígenas en favor de ciudades aledañas, principalmente de barrios residenciales de sectores pudientes de la ciudadanía, según denuncias recibidas en Ginebra provenientes de Organizaciones No Gubernamentales.
Las mujeres de poblaciones indígenas en El Salvador serian también objeto de discriminación, con niveles inquietantes de fallecimientos en los partos, y altos índices de analfabetismo, recalcó el Comité, de acuerdo con datos procedentes de la sociedad civil salvadoreña.
«No sabemos cuántos son y donde se encuentran», manifestó uno de los enviados salvadoreños ante la pregunta del Comité sobre las estadísticas para localizar poblaciones indígenas y afro descendientes en la geografía del país, falencia que se espera visualizar en un nuevo censo previsto para el 2017, anunció la delegación salvadoreña.
El Comité pidió información detallada para poder valorar la situación de las minorías en El Salvador, preguntando si se han cumplido las promesas que podrían decantarse de los Acuerdos de Paz de 1992 que puso fin a la güera civil, en cuando a grupos vulnerables, como menores, mujeres, adultos mayores, homosexuales, indígenas y afro descendientes.
El Comité reiteró su interés que El Salvador adhiera al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los Estados a consultar con los pueblos autóctonos toda medida gubernamental que afecte sus costumbres ancestrales (riego, siembra, lengua, etc.) y el usufructo de sus tierras, incluyendo el subsuelo.
El Comité subrayó una vez más, como ya lo ha hecho en exámenes precedentes, la necesidad de abrogar la ley de amnistía aún vigente en El Salvador concerniente los crímenes cometidos durante el conflicto interno, y pidió cuentas sobre si se ha hecho justicia y reparación para con las matanzas de El Mozote y Las Hojas, cometidas en 1983 por la dictadura de turno.
El próximo 29 de agosto, el Comité va a emitir sus conclusiones por escrito sobre el examen relativo al cumplimiento de la Convención contra la Discriminación Racial, que finalizó hoy miércoles en Ginebra.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.