Protesta en Venezuela. Foto: gacetamexicana.mx El gobierno de Venezuela rechazó en Naciones Unidas 81 recomendaciones para mejorar los derechos humanos, entre las que destacan liberar a los presos políticos y entablar un dialogo con la oposición. Le habían sido formuladas en el marco del llamado Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; una revisión “entre pares”, a la que están obligados todos los Estados una vez cada cuatro años, reveló la Agencia France Presse (AFP).
Los países examinados en el EPU reciben recomendaciones de cualquier otro y deben pronunciarse si las aceptan o rechazan. La comparecencia de Venezuela fue en noviembre de 2016, pero tenía plazo hasta hoy para responder. Los rechazos incluyen 28 recomendaciones sobre las cuales Venezuela se limitó a un “toma nota”, formula que en la práctica de la ONU es también considerada un rechazo.
Las exhortaciones para liberar personas detenidas por motivos políticos, no aceptadas por Venezuela, fueron presentadas por Australia, Brasil, Irlanda, Canadá, España y Estados Unidos; mientras que Reino Unido emplazó a concretar “un diálogo constructivo con la Asamblea Nacional, con resultados convenidos en materia de desafíos económicos y de gobernanza para julio de 2017”, pero el gobierno de Nicolás Maduro declinó asumir el compromiso.
Francia abogó por “restaurar lo antes posible las prerrogativas del Parlamento electo”; y Estados Unidos, solicitó “un diálogo entre todos los venezolanos, incluida la oposición, para resolver las divisiones políticas, la crisis económica y la situación humanitaria”, y “respetar el derecho constitucional de los ciudadanos a convocar un referendo revocatorio, permitiendo la reunión de firmas necesarias para ello”, demandas repudiadas por el gobierno de Nicolás Maduro.
Venezuela tampoco atendió un llamado de 19 países que le pidieron invite a los expertos de la ONU que velan por los derechos humanos. Varios ya le han reclamado hacerlo: alimentación, vivienda adecuada, transnacionales y derechos humanos, libertad de reunión pacífica y de asociación, tortura, detención arbitraria, ejecuciones extrajudiciales, independencia de jueces y abogados, libertad de expresión, defensores de derechos humanos, violencia contra la mujer y un representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Venezuela asimismo desestimó los requerimientos de Brasil, Uruguay y Georgia para que reconsidere “su decisión de retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, y el de Perú, para que elimine “la instrucción premilitar en las escuelas”. Al igual que el de Liechtenstein por la creación de “un mecanismo independiente de supervisión” de los servicios de inteligencia, y el de España para hacer “un uso proporcional de la fuerza durante las protestas”.
A su vez ocurrió algo similar con los pronunciamientos de Alemania, Suiza, Australia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Argentina y Chequia por el restablecimiento del estado de derecho, la independencia, autonomía e imparcialidad del sistema judicial, la separación de poderes y el respeto al debido proceso.
Venezuela tampoco aceptó la recomendación de Suecia a “asegurar la cooperación con actores internacionales que ayuden a combatir la situación de inseguridad alimentaria y de salud pública”, una inquietud además recogida por Alemania, Canadá e Islandia. Igualmente sucedió con la petición por garantizar la libertad de expresión, en la que coincidieron coincidieron Letonia, España, Canadá y México.
Suecia agregó “adoptar medidas para reducir el número de homicidios, combatir el nivel de impunidad y poner fin a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad”; y Maldivas añadió “supervisar la actividad de las fuerzas del orden … para erradicar el uso excesivo de la fuerza y los patrones de ejecuciones extrajudiciales generalizadas a manos de agentes de policía y grupos parapoliciales”, pero ambas fueron impugnadas por Venezuela.
Venezuela, que es uno de los 47 Estados que constituyen este año el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tildó al conjunto de recomendaciones rechazadas de “sesgadas, confusas, políticamente mal intencionadas, elaboradas sobre bases falsas y contrarias al espíritu de cooperación y respeto que debe prevalecer”, en este tipo de exámenes en Naciones Unidas.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
