Susana Malcorra, la flamante ministra de exteriores de Argentina del nuevo gobierno de Mauricio Macri, confirmó hoy lunes en la sede de la ONU en Ginebra, la política de derechos humanos de ese país: “es una política de Estado, no estamos para revisionismo”, indicó Malcorra a la Agencia France Presse (AFP), tras su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos.
“ … continuaremos impulsando iniciativas, como las que hemos efectuado hasta el momento, en materia de derecho a la verdad, el uso de la genética forense en investigaciones sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, los derechos humanos y las empresas transnacionales”, incluyendo “la cooperación del Equipo Argentino de Antropología Forense”, había señalado Malcorra en su discurso.
La ministra lanzó ademas una invitación “a todos los Estados a participar de la conmemoración … el 11 de marzo”, de la Convención contra las desapariciones forzadas, “cuya adopción fue intensamente bregada por nuestro país ante el Terrorismo de Estado sufrido durante tiempos no muy lejanos”; y reiteró “a quienes no lo han hecho, de considerar ratificar y adherirse a la Convención”.
En cambio, Malcorra explicó a la AFP que las presuntas violaciones de los derechos humanos atribuidas a los llamados “fondos buitre”, que exigen judicialmente el pago de la totalidad del valor de títulos de deudas externas de países con dificultades financieras, “no es un tema para tratar en este foro”, como lo reclamara el gobierno precedente, que promovió una resolución condenatoria de este Consejo contra esos “fondos”, el cual encargó un informe al experto suizo Jean Ziegler.
Sobre el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”, criticado por ciertas ONG en Argentina, que alegan podría criminalizar la protesta social, Malcorra aclaró que ese instrumento se encuentra “en discusión” con la sociedad civil.
En cuanto a la dirigente Milagros Sala, actualmente detenida en Argentina por supuestos actos de corrupción, la ministra manifestó que se está respetando la ley y que el gobierno se había interesado por su situación.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.