Chile rechazó recomendaciones que le hicieran Estados Unidos, Alemania y Cuba para proteger a indígenas en la legislación antiterrorista, según un documento presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU esta semana en Ginebra, al concluir su Examen Periódico Universal, la revisión global de derechos y libertades que todos los Estados miembros deben efectuar cada cuatro años.
«La legislación antiterrorista permite investigar graves hechos que tienen por objetivo causar temor o alterar la tranquilidad pública, así como la identificación y sanción de sus responsables… La invocación de la Ley Antiterrorista es excepcional, no constituye una práctica sistemática, habitual y discriminatoria en contra del pueblo mapuche ni cualquier otro pueblo indígena», indica el documento de Chile, al justificar el rechazo.
Estados Unidos le había pedido a Chile «abstenerse de aplicar la legislación antiterrorista a personas de la comunidad mapuche en el contexto de conflictos interculturales, entre ellos los litigios relativos a las tierras, y avivar el diálogo político sobre cuestiones indígenas».
Alemania solicitó que «la aplicación de la Ley Antiterrorista no menoscabe los derechos humanos de los indígenas ni de ninguna otra persona»; mientras que Cuba agregó que se incluyan los derechos de los pueblos originarios «en la estructura jurídica y administrativa del país».
«La Ley Antiterrorista criminaliza la lucha mapuche y otorga poderes extraordinarios a la policía que se expresa con violencia contra comunidades que luchan por la restitución de sus tierras o que se oponen a proyectos de infraestructuras que afectan el medio ambiente», afirmó Reynaldo Mariqueo, de la ONG Comisión Mapuche de Derechos Humanos, quien intervino en el debate.
La embajadora de Chile en Ginebra, Marta Pérez, anunció «el compromiso del Gobierno a la no aplicación de la Ley Antiterrorista a miembros de los Pueblos Indígenas por actos de demanda social», y reveló que dicha ley «está siendo sometida a estudio con miras a una revisión a la luz de los estándares internacionales».
Pérez anticipó, por otra parte, la voluntad de su gobierno «para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo (cuando pone) en peligro la vida de la mujer, (o por) la inviabilidad del feto,… (o) Violación», inquietudes que le manifestaran a Chile nueve países, que vieron también rechazadas sus recomendaciones.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.