Nicolás Maduro Venezuela postergó para marzo de 2017 responder a 274 recomendaciones que le formularon los demás países del mundo para mejorar los derechos humanos, en una revisión “entre pares” llamada Examen Periódico Universal (EPU), donde se abordan la totalidad de los derechos humanos, al que cada miembro de la ONU está obligado a someterse cada cuatro años y medio, indica un documento publicado hoy en Ginebra.
Venezuela podría haber respondido hoy, pero optó por aplazar pronunciarse hasta la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un órgano integrado por 47 Estados, elegidos por el voto secreto de la Asamblea General de Naciones Unidas, según una distribución por regiones del planeta, para el que Venezuela acaba de ser reelegido. Esta opción de posponer definirse ante recomendaciones no es una novedad en la ONU, otros países la han utilizado antes.
La inquietud más importante manifestada por la comunidad internacional ha sido el relamo que Venezuela extienda una “invitación abierta” a los denominados “relatores especiales” de la ONU, designados por el Consejo de Derechos Humanos para dar seguimiento a cuestiones “temáticas” en la materia, expertos independientes abocados a observar a escala mundial, problemas como, por ejemplo, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la detención arbitraria o la libertad de expresión.
Unos 20 países pidieron que Venezuela acepte las visitas de estos “relatores”, entre los que destacan Japón, Costa Rica, Portugal, Ghana, Australia, Noruega y Guatemala, un mensaje para que Venezuela participe activamente en el sistema de Naciones Unidas de derechos humanos, pues estos “relatores” rinden cuentas al Consejo de Derechos Humanos de sus actividades, que los designa mediante decisiones por consenso, fijándoles un mandato preciso.
A su vez 18 Estados hicieron un llamado en favor de la libertad de expresión, entre los que están México, Italia, Holanda, Chile y Nueva Zelandia, en paralelo a otros alarmados por los ataques y amenazas contra periodistas, y por la seguridad de los defensores de los derechos humanos, mientras que 5 países apuntaron erradicar las detenciones arbitrarias en Venezuela (Nueva Zelandia, Australia, Brasil, Canadá e Irlanda).
La ratificación de instrumentos de la ONU que todavía Venezuela no ha asumido, como la Convención que protege contra las desapariciones forzadas, o el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que permite a los enviados de la ONU visitar por sorpresa las cárceles de los países que visitan, fue la preocupación de unos 16 países, entre ellos, Francia, República Dominicana, Armenia, Turquía, Senegal y Kenia.
La búsqueda del diálogo entre el oficialismo y la oposición para resolver la actual crisis que atraviesa Venezuela, fue propuesto por Reino Unido, Burundi, Vietnam, Noruega, Estados Unidos y la Santa Sede, al tiempo que 7 países mostraron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado, y las ejecuciones extrajudiciales, temas abordados por Argentina, Ghana, Santa Sede, Italia, Maldivas y Corea del Sur.
Uruguay, Brasil y Georgia alentaron a Venezuela a reconsiderar la denuncia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; y Malasia, República Dominicana, Liechtenstein, Eslovenia, Timor Este, Ucrania, Egipto, Bahrain y Namibia, requirieron medidas para frenar la violencia contra la mujer.
La independencia de la justicia y el respeto a la separación de poderes constituyeron preocupaciones manifestadas por la Santa Sede, Alemania, República Checa, Canadá, España y Suiza. En solitario Estados Unidos recordó el derecho constitucional en vista de la realización de un referendo revocatorio, tácitamente contra el presidente Nicolás Maduro; y España exhortó a la liberación de los presos políticos.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
