Paulo Sérgio Pinheiro, experto independiente brasilero que preside la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU en Siria. Centros urbanos asediados militarmente, privados de le ayuda humanitarias del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), se rinden al régimen de Bachar el-Assad por malnutrición, enfermedades y agotamiento, denunció la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU en Siria, cuyo séptimo informe ha sido presentado en Ginebra.
«Desde del comienzo del conflicto, en muchas ciudades la población civil fue cercada, pero eso se tornó en una práctica sistemática en estos últimos meses», indicó en Ginebra Paulo Sérgio Pinheiro, el experto independiente brasilero que preside la Comisión, cuyo mandato expira al fin del presente mes de marzo de 2014.
La táctica de cercar áreas civiles, algunas veces bombardeadas con barriles de explosivos lanzados desde helicópteros, es un fenómeno verificado por la Comisión en Alepo, en la periferia de Damasco, y en el campo de refugiados palestinos de Yarmouk. Se trataría de repetir lo ocurrido recientemente en Homs, donde los adultos en edad de combatir de las 2500 personas liberadas del sitio a la ciudad por voluntad del ejército de Bachar el Assad, fueron detenidas.
Más de 250 mil sirios están cercados y la opción que se les ofrece es morir de hambre o rendirse, calcula la Comisión. En menor medida, la táctica es también utilizada por grupos rebeldes, que mantienen bajo asedio a unos 45 mil civiles en las localidades de Nubil y Zahra, cerca de Alepo.
Los adversarios armados contra Bachar el Assad, se dividen en dos grandes corrientes, el Ejercito Libre de Siria, donde se alistan mayoritariamente los manifestantes pacíficos que iniciaron las movilizaciones en 2011, pero que terminaron tomando las armas frente a la violenta represión gubernamental. Cabe añadir varias milicias de integristas religiosos locales, a veces apoyadas desde el exterior (Qatar, Arabia Saudita), y que activan en paralelo a guerrilleros chechenos (Rusia), uigures (China), salafistas africanos, y solitarios extremistas de diversas nacionalidades, que se han sumado a la contienda, y a los que se les suele atribuir vinculaciones con el terrorismo internacional de sesgo islamista.
«Hay una imposibilidad de la comunidad internacional de garantizar el acceso a la justicia, nuestras preocupación mayor es la lucha contra la impunidad en Siria», resumió Pinheiro, a quien acompañan en la Comisión la ex procuradora suiza, Carla del Ponte, junto a Karen Koning AbuZayd, y Vitit Muntarbhor. Desde que iniciaron su labor en septiembre 2011, han llevado a cabo 2648 entrevistas con personas que han huido de Siria, sin contar las fotos, videos o imágenes de satélites que les han sido trasmitidas por diversas fuentes, una labor minuciosa, sin embargo todavía insuficiente pues la Comisión no ha sido autorizada por Bachar el Assad a visitar Siria.
Si el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no le renueva el mandato antes de fin de mes, sus dos años y medio de esfuerzos acaso pasaran a la historia, en particular la lista confidencial de victimarios y cabecillas de la represión que la Comisión espera revelar el día en que algún tribunal se ocupe del caso.
Suiza, al frente de un grupo de unos 60 Estados propone al Consejo de Seguridad de la ONU, remitir el caso a la Corte Penal Internacional (CPI), misión actualmente imposible por el veto ruso.
La Comisión ha censado unos 110 mil muertos, 40.000 de los cuales han sido civiles a los lago del conflicto. Tres millones de sirios han debido escapar de las hostilidades al exilio y otros tres millones tuvieron que desplazarse dentro del país para sustraerse de las zonas de combate.
La Comisión ha señalado también ataques contra hospitales, detención de menores, toma de rehenes, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, saqueos y destrucción de bienes, matanzas y otros homicidios, aprehensiones arbitrarias y atentados contra la seguridad alimentaria de la gente, delitos contrarios a los principios internacionales. Han verificado, además, el uso de armas químicas, aparentemente utilizados por los dos bandos beligerantes, como el gas sarín.
Han concluido que existen crímenes de guerra, que son violaciones del derecho internacional humanitario recogido en las Convenciones de la guerra, y en las Convenciones de Ginebra que protegen a civiles, prisioneros y heridos en los conflictos. Y asimismo que se han perpetrado crímenes de lesa humanidad, que son sistemáticos, dado que constituyen una política de un Estado, que apuntan a poblaciones específicas.
«Nosotros simplemente intentamos caracterizar los hechos y las violaciones de los grupos. En Siria, donde la oposición, los grupos rebeldes, no tiene una cadena clara de comando, no son un Estado, entonces nosotros reconocimos que el Estado comete crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y la oposición comete crímenes de guerra, justamente porque no está claro el comando y la política», supo recordar Pinheiro.
La imposibilidad de una victoria militar de un bando contra otro, la circulación de mucho dinero en las zonas de enfrentamiento y la ausencia de resultados en dos recientes cumbres en Ginebra entre el régimen y la oposición para encontrar una solución política, bajo los auspicios del mediador de la ONU, Lakhdar Brahimi, le hacen pensar, entre ellos al CICR, que no habrá un pronto apaciguamiento de la guerra civil en Siria. La Comisión Pinheiro alerta que se está viviendo una escalada y radicalización de la violencia. Y para peor, nadie aventura grandes cambios en Siria a las puertas de elecciones generales previstas para abril 2014, cuando finaliza el período presidencial de Bachar el-Assad.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
