El Comité contra la Discriminación Racial de la ONU invitó a la Argentina a “implementar las medidas sugeridas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas” sobre el caso de la dirigente indígena Milagro Sala, organismo que el 27 de octubre pasado pidió su liberación “inmediata”, indica un dictamen publicado en Ginebra, revelado por la Agencia France Presse (AFP).
“El Comité está preocupado por los actos de represalias, intimidación y amenazas en contra de defensores de derechos humanos y miembros de los pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes, así como de la criminalización de la que son víctimas por sus actividades de defensa de los derechos humanos … entre otros … Milagro Sala, líder de la Organización Barrial Tupac Amaru”, recalca el documento.
Añade que se “garantice el acceso efectivo a la justicia, y el respeto a los derechos fundamentales y las garantías al debido proceso en los juicios que se siguen contra defensores de los derechos y miembros” de estas comunidades, entre los que incluye a Sala.
Inicialmente acusada judicialmente de sedición, supuestamente por organizar una protesta (un acampe de manifestantes) en la Plaza Belgrano de la provincia de Jujuy (noroeste), que habría entorpecido la circulación, Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016, pero luego fue liberada, para ser inmediatamente acusada de “defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita”, y mantenida en detención.
Compuesto por 18 expertos independientes nombrados por los 177 Estados que han ratificado la Convención internacional en la materia, este Comité recibió el mes pasado a una delegación de la Argentina, encabezada por el Secretario de Estado para Derechos Humanos del gobierno nacional, Claudio Abruj, quien entonces negó que el de Sala fuera “un tema de discriminación racial”. Manifestó que era perseguida por “alegaciones de corrupción extranjeras a su acción militante”.
Por otra parte, este Comité instó a la Argentina que refleje “en su legislación la visión que tiene sobre su carácter pluriétnico y multicultural”, porque “a pesar de la existencia de normas relativas a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, falta un marco legislativo completo y mecanismos adecuados que pongan en práctica de manera plena y efectiva estos derechos de manera uniforme en todo el territorio”.
A su vez el Comité observó que pese al reconocimiento de las autoridades de Argentina al “derecho de propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, el Estado no garantiza todavía el pleno disfrute y ejercicio de este derecho”, y mencionó el ejemplo de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat”, exhortando a “concluir la demarcación del territorio, entregar el titulo colectivo … y asistir a las familias criollas en su relocalización”.
En cuanto a los migrantes, el Comité fustigó “la discriminación de los migrantes, en particular de las comunidades senegalesas y dominicanas, … las mujeres y las personas en situación irregular”. Agregó “el aumento de las órdenes de expulsión, el recorte de las políticas de regularización” de personas “provenientes de países fuera del Mercosur”, y “la vigencia de normas de distinción en el acceso a derechos básico”.
Destacó su inquietud “por los planes de crear un centro de detención para migrantes a la espera de ser deportados, porque podría dar lugar a que la detención sea usada como última opción”. Recomendó en cambio “considerar medidas alternativas a la privación de libertad de migrantes en situación irregular, y recurrir a la detención solo como última opción, y garantizar que ésta sea razonable, necesaria, proporcionada y por el mínimo período de tiempo”.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
