Urmila Bhoola La ONU incluyó a las maras salvadoreñas entre los victimarios de las “formas contemporáneas de esclavitud”, y recalcó que “están prohibidas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, según verificó al cabo de una visita al país su Relatora Especial en la materia, Urmila Bhoola, entre el 18 y el 29 de abril 2016, quien rindió su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sesiona estos días en Ginebra.
Urmila Bhoola manifestó estar “extremadamente preocupada” por “los casos de mujeres que eran objeto de abusos sexuales por parte de miembros de las maras, en condiciones análogas a la esclavitud, y del reclutamiento forzado de niños para que participen en las actividades” de las mismas. Y citó a las maras “Salvatrucha” y “Barrio 18”, dando por probado que ambas organizaciones reúnen a 70.000 miembros cada una.
La Relatora enumeró haber recibido en el marco de su visita “denuncias inquietantes de extorsión, intimidación y actos de violencia perpetrados por las maras, como la extorsión de ciudadanos y funcionarios estatales, homicidios, en particular feminicidios, múltiples formas de violencia contra la mujer” y “vandalismo en las escuelas”, junto al “control territorial en algunas regiones, lo que ha impedido a los ciudadanos acceder a la educación, la salud y otros servicios del Estado”.
Entre los efectos que desbordan su mandato, la enviada de la ONU citó “el aumento del número de migraciones en condiciones precarias, en particular de niños no acompañados, el agotamiento de la capacidad financiera y técnica del Estado, la interrupción de la educación de los niños, la limitación de los espacios públicos compartidos y la intensificación de la desigualdad de género y de vulnerabilidad de las mujeres, y las niñas ante la violencia”.
Boohla felicitó al gobierno por el Plan El Salvador Seguro. Lo valoró como “integral”, debido a “la incorporación de elementos de prevención, el acceso a la justicia y a servicios de atención a las víctimas, y el respeto de derechos humanos”. Instó a que las autoridades lo asumieran “como un componente fundamental en la tarea de combatir y prevenir la esclavitud, y de garantizar la protección efectiva de los ciudadanos contra la esclavitud y las prácticas análogas a esta”.
Entre sus recomendaciones la Relatora pidió se “preste más atención” al plano jurídico, solicitando que El Salvador ratifique el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos de la OIT, la Convención Suplementaria de 1956 sobre Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, y “haga más severas las sanciones administrativas y penales por trabajo forzoso en el Código de Trabajo”.
Requirió además que se continúe “perfeccionando el sistema nacional de protección de la niñez y vele por que tenga la capacidad suficiente para proteger a los niños que son objeto de formas contemporáneas de la esclavitud y violaciones conexas de los derechos humanos, o corren ese riesgo”, y urgió a que se considere “eliminar toda excepción a la edad mínima legal para contraer matrimonio, establecida en 18 años”, y abolir los matrimonios precoces o forzados.
La ONU alentó a crear “una red nacional integral de centros de acogida para las víctimas de violencia relacionadas con las formas contemporáneas de esclavitud”, a las que recurren las maras, y a evitar “toda penalización de las mujeres y niños que pueden haber realizado actividades delictivas durante el sometimiento … en el contexto de las actividades de las maras”, y que los jóvenes infractores tengan protección jurídica y programas de rehabilitación a su alcance.
La erradicación del trabajo forzoso, y la instauración de un trabajo decente, en igualdad de condiciones para mujeres y hombres son para la ONU la mejor prevención contra las nuevas formas de esclavitud, en paralelo a la prohibición del trabajo infantil, y al “acceso de los niños y los jóvenes a todos los niveles de enseñanza”, tanto “en las zonas rurales y urbanas”, que deben ser protegidas con un aumento de la medidas de seguridad contra la violencia de las maras.
A todo esto debería agregarse un aumento del “salario mínimo”, fomentado por “un entorno propicio para la actividad sindical en todos los sectores y que todos los derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva se respeten universalmente”, exigiendo a las empresas que respeten “los “principios rectores” sobre “derechos humanos”, y a su vez “combatir la práctica peligrosa y abusiva de forzar a los niños a mendigar”.
En cuanto a la servidumbre doméstica” la ONU preconiza que los migrantes que llegan a El Salvador “gocen de medidas de protección específica”, invitando al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y a la Dirección General de Inspección de Trabajo emprender supervisiones de las labores realizadas en casas particulares”.
El Embajador de El Salvador en Ginebra, Joaquín Maza Martelli, agradeció la visita de la Relatora, acogiendo con beneplácito su informe, asegurándole “que las recomendaciones … serán debidamente atendidas e implementadas conjuntamente con todas las Instituciones gubernamentales involucradas”, al ser recomendaciones “positivas”, expresando “nuestra satisfacción por el trabajo que Usted” ha realizado.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
