“Cientos de pacientes venezolanos con cáncer podrían morir por estar atrapados en la aplicación excesivamente estricta de las sanciones estadounidenses dirigidas a Venezuela y a la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)”, manifestaron los expertos independientes designados por la ONU Alena Douhan, Nils Melzer, Obiora Okafor, Livingstone Sewanyana, Saad Alfarargi y Tlaleng Mofogeng, quienes firmaron un comunicado difundido desde en Ginebra.
«Las vidas de los pacientes venezolanos de trasplantes que se encuentran varados en países extranjeros, así como las de aquellos que esperan viajar al extranjero para someterse a operaciones que les salven la vida, están bajo amenaza», afirmaron los expertos. «Un viaje al extranjero para recibir tratamiento se ha convertido en la única esperanza para cientos de pacientes en estado crítico», sostuvieron.
Añadieron que «este asunto se ha puesto en conocimiento del Gobierno de los Estados Unidos de América y de otros países y entidades», a los cuales han hecho un llamamiento «para que mitiguen las consecuencias inesperadas de las sanciones y restablezcan el tratamiento de las personas cuyas vidas están ahora en peligro. Deben asumir toda la responsabilidad por el efecto que sus acciones tienen sobre los derechos fundamentales a la vida y a la salud de todas las personas del mundo.»
Además expresaron que “terceros países, grupos de países, bancos y empresas privadas han sido excesivamente cautelosos en los tratos con Venezuela porque temen violar involuntariamente las sanciones de Estados Unidos”. Y explicaron que a raíz de tales sanciones el gobierno de Nicolás Maduro “no puede transferir dinero fuera de Venezuela, y algunos pacientes han quedado varados, en la indigencia, en los países a los que acudieron para recibir tratamiento”.
Dieron a conocer asimismo “que trata de un programa gestionado por la Fundación Simón Bolívar, brazo caritativo de la empresa estadounidense Citgo Petroleum Corporation, que ayudó a pacientes con cáncer, entre ellos muchos niños, a viajar al extranjero para recibir trasplantes y otros tratamientos con objeto de salvar vidas. Cientos de estos pacientes solían estar vinculados a un programa nacional de trasplantes con el Gobierno de Venezuela, pero su tratamiento se interrumpió cuando Estados Unidos negó el control de Citgo Petroleum Corporation al Gobierno venezolano”.
«Apuntar a PDVSA como una forma de controlar la agenda política de Venezuela ha tenido consecuencias devastadoras para cientos de personas en tratamiento por rechazo de trasplante, tanto en Venezuela como en el extranjero», dijeron estos Relatores especializados cada uno en temas específicos, como del impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos; tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; derechos humanos y solidaridad internacional; promoción de un orden internacional democrático y equitativo; el derecho al desarrollo; y sobre el derecho de toda persona a coseguir o alcanzar el más alto nivel posible de salud física y mental.
«Las personas en lista de espera del Estado para trasplantes también han sido informadas de que sus tratamientos no continuarán. Hay unos 190 pacientes con cáncer en lista de espera para recibir tratamiento en el extranjero”, sabiendo por cierto que “unos 14 niños, incluidos tres niños pequeños, murieron entre 2017 y 2020 esperando un tratamiento en el marco del programa”, coincidieron los expertos, no debiendo olvidarse que no son funcionarios de la ONU, no cobran sueldo, solo viáticos para sus misiones encomendadas por el Consejo de derechos Humanos de la ONU, según un mandato escrito, debiendo rendir cuentas anualmente de sus tareas, en sesión plenaria y pública.
“Estos casos ilustran la necesidad de proteger plenamente los derechos humanos fundamentales”, adelantaron los expertos. “Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda persona afectada por una acción internacional directa, incluso de aquellas que están fuera de su jurisdicción o control efectivo, sin importar cuál era su intención original», pusieron así de relieve estos expertos procedentes de país diferentes, que continuan ganándose la vida en sus lugares de origen o de residencia.
«Mientras que el derecho a la salud y el derecho a la vida son fundamentales para cada individuo en todo el mundo, hacemos un llamamiento a todos los Estados, bancos y empresas privadas para que asuman la plena responsabilidad de los efectos de sus acciones sobre las personas, y retiren las sanciones, el riesgo cero y las políticas de sobre cumplimiento que afectan a los derechos humanos fundamentales», concluyeron.
Especial de Juan Gasparini.