Presos en Argentina. Foto: https://www.mendozapost.com/ “La respuesta que nos dio la Argentina fue satisfactoria”, manifestó Alessio Bruni, el experto italiano que integra el Comité contra la Tortura de la ONU, refiriéndose al caso Sonnenfeld, un estadounidense que el gobierno de Mauricio Macri no extraditó en 2016, por riesgos de que sea torturado, indica un informe de recomendaciones a la Argentina presentado en Ginebra.
Al respecto, el Comité criticó a la Corte Suprema, por “autorizar la extradición de una persona a la que se podría imponer la pena de muerte …, justificando dicha autorización en la aceptación de garantías diplomáticas de que dicha pena no se impondría”, una extradición que el gobierno federal “no ejecutó”, aplicando el articulo 3 de la Convención contra la Tortura de la ONU.
El Comité recordó que “las garantías diplomáticas no deben ser utilizadas para socavar el principio de no devolución”, consagrado en ese artículo 3 de la Convención, que prohíbe a los Estados expulsar o extraditar personas “si hay motivos serios de creer que hay riesgos que la persona vaya a ser sometida a la tortura”.
El Comité deploró las condiciones de reclusión en Argentina, que en el examen celebrado la semana pasada los representantes gubernamentales admitieron una sobrepoblación del 10% de su capacidad carcelaria, superior a 70 mil personas. En particular cuestionó las medidas de las celdas para los penados, “entre 2 y 3,40 metros cuadrados”, que “es inferior a los estándares de habitabilidad aplicables”.
Datos oficiales del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) precisan que, en Argentina, al 31 de diciembre de 2015, había 75.769 personas bajo régimen penitenciario, una tasa de 176 cada 100.000 habitantes, cuando la totalidad de la población alcanzaba la cifra de 43.131.966.
En lo concerniente al “proceso de memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad” el Comité señaló “la demora en la tramitación de las causas judiciales que todavía quedan pendientes, tal y como reconoció la delegación estatal, y el debilitamiento de oficinas públicas que dan apoyo a la investigación de estas causas”.
Por tanto, la ONU pidió “agilizar el procesamiento y los juicios” por estos delitos, cometidos bajo “la última dictadura cívico-militar, y proveer los recursos necesarios para ello”.
El Secretario para los Derechos Humanos de la Argentina, Claudio Abruj, adelantó durante el examen que compartía “la necesidad del aceleramiento de los juicios …. y en forma explícita se lo hemos manifestado al Poder Judicial de la Nación a través de sus máximas autoridades tanto de la Cámara de Casación Penal, como a la Corte Suprema de Justicia”.
Abruj precisó entonces que su Secretaria “continúa siendo querellante en 222 juicios por delitos de lesa humanidad sobre 593 que están activas; y se ha presentado en el mes de diciembre pasado como querellante del General Milani, quien desarrollara su carrera de ascenso y fuera jefe Supremo del Ejército durante el gobierno anterior al nuestro”, apuntando a la gestión de Cristina Kirchner.
Sobre estos juicios, Abruj confirmó “que a marzo de 2017” hay “2780 personas imputadas”, de las cuales “750 están condenados, 794 procesados, 45 prófugos, 467 fallecidos y hay muchos aún que no fueron citados a declarar o fueron absueltos”.
Concluyó que hay 1044 “detenidos de lesa humanidad, 455 en sedes del Servicio penitenciario federal y 518 en prisión domiciliaria”, y subrayó que “hemos presentado nuestra preocupación a la Justicia que solo el 25% de los condenados, es decir 187 de los 750 condenados tienen alguna condena firme”.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
