La apertura del juicio oral por los sobornos en la Cámara Alta, que incrimina a los ex senadores, José Genoud, Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda, en compañía del ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, del ex ministro de Trabajo, Mario Alberto Flamarique, del ex Secretario Parlamentario del Senado, Mario Pontaquarto, y del ex Presidente Fernando De la Rúa, confirma y amplia las revelaciones de mi libro LA INJUSTICIA FEDERAL, aparecido en 2005 (Edhasa).
Cabe recordar en estos trascendentales momentos que en sus páginas, fruto de una investigación periodística realizada en la Argentina, se desnuda el mecanismo de administración de los fondos reservados en el pasado reciente, que convirtiera a la SIDE en un banco del gobierno de turno para reciclar dinero y corromper a funcionarios, testigos, periodistas y legisladores, y financiar irregularmente campañas políticas.
La trama del libro describe las oscuras negociaciones para concertar la ley de flexibilización en el mercado de trabajo, que propiciaran el cohecho, y los entretelones de los debates parlamentarios, perfilando sus actuaciones los entonces ministros hoy inculpados, Mario Alberto Flamarique, en Trabajo, y Fernando de Santibañes, en la SIDE, bajo las ordenes del Presidente Fernando De la Rúa, también imputado.
En ese contexto el libro examina las fortunas de los principales senadores que ahora comparecen en el juicio oral. Se da seguimiento, además, a los viajes, dentro de los expedientes y al exterior, de Jose Genoud y Leopoldo Moreau. No se olvidan, por supuesto, las razones que provocaron el quiebre de Mario Pontaquarto, al ocurrir los hechos, quien en el 2003, se autoincriminó en esta «coima de la Rúa».
A partir de un análisis de la causa judicial hasta la llegada del juez Rafecas al frente del sumario a fines del 2004, el libro asimismo investiga el papel de los jueces que instruyeran esa causa con anterioridad, Carlos Liporaci, Gabriel Cavallo y Rodolfo Canicoba Corral. También las intervenciones de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, de la Oficina Anticorrupción, y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), encabezada por Rafael Bielsa, cuando auditara la SIDE.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
«El juez Cavallo fue ascendido a camarista con el voto de los senadores que estaba investigando pese a que otros candidatos consiguieron mejor calificación al concursar por el puesto en el Concejo de la Magistratura», Cristina Fernández de Kirchner, «La Prensa», 29 de octubre de 2001.
