La Relatora Especial de la ONU sobre una « vivienda adecuada », la brasilera Raquel Rolnik, formuló recomendaciones para resolver la «crisis habitacional» que se estaría agravando en la Argentina, según un pormenorizado informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
«Lo más importante ahora es una diversificación de la política de vivienda para poder tratar las diferentes situaciones incluso el fortalecimiento de la seguridad de tenencia de los asentamientos informales», abrevió la Relatora tras presentar el informe de una visita que realizó a la Argentina entre el13 y el 21 de abril de 2011.
Reclamó «claridad con respeto a esos asentamientos informales» y definir «que es lo que hay que consolidar, o desalojar y proponer una vivienda alternativa», precisando que «los desalojos es un tema que el Estado argentino tiene que tener en cuenta a nivel local, provincial y nacional que no puede estar solamente en las manos de las decisiones judiciales», detalló la Relatora.
Al constituir Naciones Unidas un entramado de mandatos que abrevan en los 193 Estados miembros, la nominación en 2010 de Rolnik al frente de la relatoría por una «vivienda adecuada» le otorga la maxima representatividad en la materia, cuya competencia es universal. Es responsable de una tarea honorífica dispuesta por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un organo conformado por 47 paises que se van rotando anualmente, mediante una representación proporcional por continentes, resultado del voto secreto de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Entre «los factores que dificultan actualmente la realización del derecho a la vivienda adecuada en Argentina», la Relatora recalcó en su informe «la falta de regulación sobre el mercado de tierras y suelo (y) la falta de coordinación federativa en la formulación e implementación de políticas de vivienda».
Asimismo reiteró la ausencia «de un marco normativo en materia de desalojos que no garantiza el debido proceso legal y la falta de políticas integrales de hébitat suficientemente diversificadas para brindar soluciones a largo plazo para las distitas necesidades habitacionales».
«El problema es que la reactivación económica misma, absolutamente positiva, una parte importante de la riqueza producida se está trasladando a los precios del suelo, lo que significa que los precios del suelo y del alquiler estan subiendo mucho más rápido que los ingresos de la gente, de los trabajadores», constató la Relatora.
«Aun que el gobierno está produciendo vivienda nueva, significativamente, tenemos una densificación de las villas (y) … sectores de clase media que tienen problemas de pago ahora de prestamos de alquiler, (y) … el hecho de que no hay una política de crédito para las clases medias que les permite también aumentar su opción de vivienda», consignó Rolnik.
«Se verifica un aumento de las personas en situación de calle, de asentamientos precarios, villas de emergencia y casas tomadas, un aumento de personas alojadas en hoteles-pensión, conventillos, cuartos de inquilinato y hogares de tránsito, así como hogares en condiciones de hacinamiento», dice el informe publicado por la ONU.
En resumidas cuentas la Relatora le insistió a la Argentina que remedie «la falta de regulación sobre el mercado de tierras y suelo, la especulación inmobiliaria, la falta de coordinación federativa en la formulación e implementación de las políticas de vivienda, un marco normativo en materia de desalojos que no garantiza el debido proceso legal y la falta de políticas integrales de hábitat suficientemente diversificadas».
Solicitó al gobierno argentino «establecer mecanismos trasparentes de ajudicaciones de viviendas» y «la derogación de toda norma que discrimine en materia de adjudicación de vivienda social, incluyendo la discriminación con raíz en la ocupación irregular de vivienda».
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que partició en los debates al presentarse el informe, propuso que el Estado «designe a un ente responsable para coordinar la implementación de las recomendaciones del Informe de la relatora que prevea la participación de la sociedad civil y la producción y difusión periódica de información sobre el proceso».
La delegación argentina, que este año no integra el Consejo y opera como país observador, defendió la política oficial de vivienda del actual gobierno, pero tomó «nota de las recomendaciones señaladas» por Rolnik, anticipando «que ha iniciado gestiones internas para cumplir con las mismas».
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.