Foto: ASHLEIGH SIM Un extenso veredicto de 65 puntos, desarrollado en 12 paginas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, recientemente publicado en Ginebra, pone en evidencia la falta de protección adecuada para los minusválidos en Ecuador, recordatorio de múltiples dificultades que el Estado no ha logrado resolver, en cuanto a la igualdad, accesibilidad, no discriminación, y el respeto a la diferencia y dignidad de los discapacitados.
Integrado por 12 expertos independientes designados por los países que han ratificado la Convención, la última adoptada por la ONU en 2006, este Comité hace incapié en principios y obligaciones generales que Ecuador no ha conseguido todavía poner debidamente en marcha, como la armonización de leyes, políticas y manuales, que supere “una aproximación desde el modelo médico, con énfasis en la restricción de capacidades y soslayando la dimensión social de la discapacidad”.
Para revertir esa situación, la ONU propone reformar la legislación “en consonancia con el modelo de discapacidad basado en los derechos humanos, … que contemple de forma transversal los derechos de las personas con discapacidad”, una aproximación no médica, que respete “en la asignación del porcentaje de discapacidad criterios como la independencia y autonomía de la persona ante su entorno en igualdad de condiciones que los demás”.
Los nuevos paradigmas de gobierno que se dispongan deben tener “la inclusión como eje central” e ir acompañados por “mecanismos para sancionar la inobservancia de las medidas de protección que se otorguen a personas con discapacidad en los ámbitos público y privado”, como así también “prevenir actos de acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas y descalificación en contra de defensores de derechos humanos, en particular contra personas con discapacidad y las organizaciones que les representan”, incluyendo activistas de “la sociedad civil, periodistas, y comunicadores”.
Los expertos preconizan que Ecuador se dote de “estrategias de combate a la discriminación” de los minusvalidos, “por motivos de discapacidad; que de forma transversal reconozca la discriminación múltiple e interseccional particularmente de mujeres, niñas, niños, indígenas, afrodescendientes, montubios, solicitantes de asilo, migrantes, refugiados con discapacidad, en todos los” planos “de la vida”, adoptando cuando sea necesario “un enfoque de género”, que incluya “comunidades indígenas y zonas rurales”, que acabe con “prejuicios, estereotipos y actitudes nocivas especialmente de personas con discapacidad psicosocial o intelectual”.
En cuanto al principio de “accesibilidad”, los expertos reclaman favorecer “al entorno físico y al transporte”, en sus niveles “interprovincial, intercantonal e interparroquial”, asegurando la información y las comunicaciones en las instalaciones abiertas al público, con folletos en modos y medios como el braille, introduciendo “un sistema de registro con datos desglosados sobre el número de interpretes de lengua de señas disponibles” y seguros, con derechos reconocidos “al matrimonio, o formar una familia”, bajo responsabilidades parentales y a adoptar si así “lo desean”.
Para la ONU el discapacitado debe gozar de “igual reconocimiento como persona ante la ley”, mediante “la eliminación de las restricciones a la capacidad jurídica”, por ejemplo vía el reemplazo “de los sistemas de toma de decisiones sustituida, incluidas la tutela y curatela”, por “sistemas de apoyo para la toma de decisiones”, que les otorgue información y protección individualizada, facilitado por funcionarios capacitados, tanto personalmente como “a través de las organizaciones que los representan”.
La ONU alienta al Ecuador a dar protección a los discapacitados “contra la explotación y exacciones, previniendo “la violencia de genero, negligencia y abusos”, tomando en cuenta los “que aún viven en instituciones”, poniéndolos al abrigo de vejaciones y castigos corporales, y prohibiendo el “internamiento y los tratamientos involuntarios y forzados”, como “la esterlización forzada y la interrupción del embarazo sin consentimiento”, recordando, que los sistemas de educación, trabajo, empleo y salud deben ser inclusivos.
El Comité observó con “preocupación” que el Ecuador haya adoptado “medidas restrictivas para el ingreso al país de personas con discapacidad, particularmente aquellas que buscan protección internacional”, para los cuales pidió se les asegure “condiciones de recepción que permitan estándares de vivienda” dignas, mencionando “migrantes y refugiados con discapacidad” que les garantice “salud física y mental en igualdad de condiciones con los demás”.
Los discapacitados para la ONU, deben poder tener una “vida independiente “ e integrar “la comunidad”, recibir pensiones y gozar de la “estrategia médico de barrio”, facilitándoles formatos que promuevan el conocimiento de la realidad nacional y el contacto con la información pública, en sitios web, o por intermedio del lenguaje de señas, con el auxilio de interpretes calificados, presentes en noticieros, y programas de televisión y radio.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
