Al cierre de la primera sesión anual, concluida hoy viernes en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cesó de facto a su Relator Especial para Haití, el experto independiente colombiano Gustavo Gallón. Es la primera vez en 11 años de existencia que este Consejo suprime un mecanismo de control directo sobre un país, sumido en deficiencias graves de los derechos humanos, por la oposición del gobierno de turno a la continuidad del mandato.
El hecho sienta un precedente inquietante que podría servir a otros Estados que, al margen de los niveles de inobservancia de los derechos humanos y las intrínsecas razones de cada uno, están al propio tiempo mereciendo el tratamiento de “procedimientos especiales” de este Consejo. Son los casos de Siria, Myanmar, Corea del Norte, Irán y Sudan del Sur, cuyos autoridades asimismo se oponen a que el máximo órgano de la ONU en la materia, les aplique una vigilancia especifica.
La inquietud se acrecienta cuando Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador, la mitad de los ocho países latinoamericanos y del Caribe, que actualmente ocupan los escaños de la región en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (que completan Panamá, Paraguay, El Salvador, y Brasil) se manifestaron hostiles, a que las otras Relatorías de la ONU para países enumeradas en el párrafo precedente, fueran impuestas por la ONU pese a la oposición de sus gobiernos.
Por las precariedades, intereses, y motivaciones que han animado a los actores importantes que jugaron algún rol en la defunción de la Relatoría para Haití , ha sido inédito el caos que la rodeó. Sin suerte, Gustavo Gallón luchó por impedirla, un aguerrido abogado colombiano que lidera en su país de origen la Comisión Colombiana de Juristas (ONG), quien en el plano internacional le tocó lidiar anteriormente con la Relatoría de Guinea Ecuatorial, que desgraciadamente supo sacarse de encima la prolongada dictadura de Teodoro Obiang.
El martes pasado Gallón presentó ante el Consejo el informe anual de su gestión, formuló recomendaciones para mejorar el respeto de los derechos humanos en Haití, y pidió que le renovaran el mandato por un año, para acompañar la puesta en marcha de esas recomendaciones. Señaló cinco prioridades: las debilidades institucionales de la democracia, con un presidente elegido por el 55.6% del 21% del electorado, el acuciante analfabetismo que castiga al 30% de la totalidad de la población, la enorme cantidad de presos en detención preventiva prolongada y las condiciones inhumanas de cautiverio, la impunidad de la fenecida dictadura de Jean-Claude Duvalier; y las víctimas del terremoto de 2010, de la epidemia de cólera, y de la expulsión de haitianos de la vecina República Dominicana.
Sin embargo Gallón advirtió que el flamante gobierno haitiano recientemente elegido, presidido por Jovenal Moïse, se oponía a la continuidad de su labor. Dijo que el proclamado motivo esgrimido era la creación de un Ministerio de Derechos Humanos, y el refuerzo del Comité Interministerial para los Derechos Humanos, pudiendo deducirse que esas medidas le quitaría razón de ser a su tarea. Pero de inmediato aclaró que, a la postre, el gobierno no incluyó la creación citado ministerio en su mensaje al Parlamento, por una presunta falta de presupuesto, carencia que afectaría inclusive el pretendido refuerzo a imprimirle al mencionado Comité Interministerial.
Formalmente varios Estados deploraron en el debate que motivó en el Consejo la presentación del informe de Gallón, que el gobierno de Jovenal Moïse resistiera la renovación de su mandato. Se gestó de inmediato un movimiento subterráneo de sensibilización hacia los tres países que podían ejercer influencia sobre el gobierno haitiano para que aceptara la continuidad de un mandato creado en 1987: Francia (el antiguo colonizador), Estados Unidos, por su implicación en la asistencia frente los desastres naturales, y Brasil, por haber dirigido las fuerzas de paz de la ONU, y su participación sustancial en la ayuda humanitaria.
Fue en vano. Al parecer Francia se inclinó silente ante la negativa que el presidente Moïse a recibir en audiencia a su embajador en Puerto Principe. La nueva política de derechos humanos de los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump echó por tierra cualquier iniciativa. Y Brasil habría optado por usar de trampolín su trayectoria con cascos azules y socorro ante las calamidades naturales, para transformarse en inversor privilegiado que espera sacar ganancias del desarrollo que se aguarda ponga en marcha la convaleciente Haïti.
El presidente de este Consejo en 2017, el salvadoreño Joaquín Maza Martelli, extendió el certificado de defunción de la Relatoría para Haïti al caer la tarde de este viernes en Ginebra. Leyó una declaración que la comunidad internacional aceptó. Proclamó que corresponderá al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, recoger la herencia de Gustavo Gallón y supervisar al gobierno de Jovenal Moïse en el cumplimiento de las recomendaciones. He indicó que la ONU tendrá gastos adicionales para financiar estos cambios. En Puerto Principe, un portavoz del gobierno, confió a un diario local, el verdadero móvil de lo que se revela finalmente como un escándalo: la persistencia de una Relatoría de la ONU para Derechos Humanos no contribuiría a un clima propicio para las inversiones.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.