Pueden durar hasta una semana, las llevan a cabo diferentes organismos de seguridad del Estado, habrian sido 2400 en lo que va del año, unas 420 solo en el pasado mes de marzo: constituirian detenciones arbitrarias «contra elementos políticos hostiles al régimen», según el Comité de la ONU contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, ante el que acaba de comparecer Cuba en Ginebra, cuyos delegados lo han negado en bloque.
La acusación fue pronunciada por dos de los diez expertos independientes de diferentes nacionalidades que componen este Comité, la noruega Nora Sveaass y el español Fernando Mariño Menendez. La denuncia significaría una medida de acoso y hostigamiento tendiente a criminalizar la protesta social, definida por la peligrosidad potencial de las víctimas, un fenómeno que hermana en la técnica represiva a la socialista Cuba con varios otros paises capitalistas latinoamericanos. Sin embargo, para el embajador de Cuba en Ginebra, Rodolfo Reyes, la información es falsa y su origen abreva en agentes de los servicios de inteligencia norteamericanos, que trabajan para anexar a la isla mayor del Caribe a los Estados Unidos.
Sveaass y Mariño pidieron asimismo a Cuba, entre otros casos, que aclarara la defunción del disidente Wilman Vilar Mendoza, condenado a 4 años de cárcel, quien sucumbió el 21 de enero de 2012 tras 50 dias de huelga de hambre, y el presunto asesinato del opositor Juan Soto García, el 7 de mayo de 2011, supuestamente abatido salvajemente en cautiverio. El Vicefiscal General de Cuba, Rafael Pino Bécquer, quien también participó en las dos jornadas de debates que vienen de finalizar en Ginebra, indicó que los fallecimientos de presos en Cuba son objeto de control judicial por investigaciones de oficio, con sus debidas autopsias, y que no hubo violencia en las causas de esas dos muertes.
No obstante, Bécquer admitió que «del 2007 y 2011, fueron atendidas en la Fiscalía 419 mil 982 personas, las que presentaron denuncias, quejas o peticiones», de las cuales 263 fueron por malos tratos en lugares de detención, en razón de lo cual «resultaron penalmente responsables 46 agentes de las fuerzas del orden», castigados con sanciones entre 1 y 8 años de cárcel.
La experta de Marruecos, Essadie Belmir, estimó en las deliberaciones que la justicia en Cuba no es indepediente porque no hay separaciones de poderes en el sistema de gobierno y los tribunales dependen de la Asamblea Nacional, el parlamento, o del Consejo de Estado, la estructura ejecutiva nacional, desde luego una debilidad para prevenir y combatir la tortura. Bécquer le salió al cruce. Afirmó que los magistrados en Cuba obedecen a la ley, amparados en la garantía jurídica, no existen sitios secretos de detención ni se practica la tortura.
La experta de Estados Unidos, Felice Gaer, reclamó por su compatriota, Alan Gross, detenido el 4 de diciembre de 2009, reiterando la solicitud de liberación efectuada por el ex presidente norteamericano, James Carter. Cuba replicó que Gross fue condenado en virtud de atentar «contra el orden constitucional cubano», instigado por Estados Unidos, al que ha ofrecido «dialogar para encontrar una solución», aguardando respuesta.
El experto de Sengal, Abdoulaye Gaye, criticó que la tortura no sea una infracción autonoma en el Codigo Penal de Cuba, que haya detenciones de caracter indefinido, sin plazos maximos, y requirió se le informe si un detenido puede elegir a un médico para que lo examine. Cuba reconoció que el delito de tortura no está aun tipificado como tal en su legislación, ausencia que se va a remediar en una reforma en curso. Agregó que las detenciones las puede exclusivamente realizar la policia y por 24 horas, susceptibles de prorogarse hasta 72 horas bajo orden de la fiscalía. Después el juez procesa o libera al detenido.
El experto de Japón, George Tugushi, manifestó que la situación en las penitenciarias de Cuba es de hacinamiento, malnutrición, mala higiene y propagación de enfermedades, en las que se propinan palizas a los que disienten, y se fuerza al exilio a detenidos, con penas de 5 años de carcel si no aceptan. Cuba desmintió. Dijo que la capacidad carcelaria es holgadamente suficiente, hoy de 57.337 presos. Aseguró que las condiciones son humanamente aceptables, carentes de golpizas e intimidaciones. Los representantes cubanos no asumieron la existencia de traslados o desplazamientos forzozos en el territorio nacional. Tampoco reconocieron el exilio interno o externo.
El chileno Claudio Grossman, presidente del Comité, cuestionó el criterio de «proclividad» a cometer delito contra «la forma de vida socialista» que rige en Cuba para sostener condenas a muerte, insistiendo en la posición de la ONU en la materia, de promover su abolición. Grossman puso en crisis juicios sumarisimos de tres días, sin intervención visible de los abogados defensores, frente a tribunales que han proclamado la pena capital. Cuba adelantó que espera algun día se reunan las condiciones para prohibirla, y avanzó que estudia ratificar los dos pactos fundadores de Naciones Unidas, el de los derechos civiles y políticos y el de los derechos económicos, sociales y culturales, para dejar de ser el unico país del mundo que no lo ha hecho. Además, y con ambiguedad diplomática, dejó vislumbrar que podría alguna vez ratificar las Convenciones de la ONU sobre los Estatutos de los Refugiados y de los Apátridas, adoptadas respectivamente en Ginebra, el 28 de julio 1951, y en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954.
Juan Gasparini
