Con una negativa rotunda de Cuba a erradicar las «detenciones express», esas privaciones de la libertad de corta duración, innovadora técnica represiva puesta en práctica por el régimen fundado por Fidel Castro, concluyó el Examen Periódico Universal (EPU) de la isla caribeña, un mecanismo de control al que deben presentarse todos los Estados miembros de la ONU, finalizado este viernes en Ginebra.
Esas «detenciones express» constituyen arrestos que duran pocas horas, a veces algunos días, pero antes que se propaguen las repercusiones de las denuncias de los allegados de las víctimas, y estallen los reclamos internacionales, los detenidos son liberados, una vez amedrentados por los estragos del encarcelamiento, a menudo centenares de casos por mes.
«Raúl Castro no quiere las imágenes en la televisión que se han visto en otros países, gente movilizada pacíficamente por condiciones de una vida mejor, apaleada por la policía, sofocada con gases lacrimógenos y chorros de agua, arrastrada violentamente a las prisiones, por eso han inventado las detenciones express«, explicó un persona de raza blanca y nacionalidad cubana, cercana al movimiento humanitario en La Habana, a la que vale la pena proteger con el anonimato.
Fueron Australia, Alemania y Hungría que vieron desestimadas las recomendaciones de cesar las «detenciones express», mientras que Países Bajos, Polonia y Austria, bregaron infructuosamente para poner fin a las agresiones contra periodistas y el acoso a los defensores de los derechos humanos, pidiendo también la liberación de los presos de opinión. El respeto por la libertad de expresión y el acceso a internet reunió peticiones de Francia, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Suiza, España, Estonia, Alemania, República Checa, Italia, Hungría y Rumania.
Bajo el eufemismo de «tomar nota», Cuba intentó enmascarar su menosprecio a otras recomendaciones, pues para la ONU los países deben definirse por la aceptación o el rechazo de las mismas, sin apelar a ficticias vías intermedias que no tienen cabida en las normas de Derechos Humanos. Eso sucedió con la nutrida exhortación para que visiten Cuba los expertos independientes de Naciones Unidas, los conocidos «relatores especiales» que investigan las violaciones de las libertades públicas y los derechos individuales.
Al respecto, Cuba es prácticamente uno de los pocos países de América Latina que no tiene la denominada «invitación abierta» para estos relatores, es decir, que puedan visitar el país cuando lo soliciten, una iniciativa quizá paradójicamente iniciada años atrás por Paraguay, a la que adhirieron progresivamente los demás países de la región. México y Chile, acompañados por España, Francia, Finlandia, Austria, Hungría, Montenegro y Sierra Leona, instaron ahora a Cuba para que se sume a esa ola de apertura al escrutinio internacional a través de los expertos de la ONU, pero chocaron con el infranqueable «toma nota» de la diplomacia castrista.
Tal vez lo más grave en la impermeabilidad de Cuba para con los principios internacionales en materia de derechos humanos es continuar siendo el único país en el mundo que no ha ratificado los dos pactos fundadores de la ONU, el de los derechos civiles y políticos, y el de los derechos económicos, sociales y culturales. Tampoco ha suscripto Convenciones y Protocolos facultativos en temas de tortura, migración, discapacidad, y derechos de los menores, ni ha abolido la pena de muerte. Unos sesenta países, sin suerte, alentaron a Cuba salir del aislamiento voluntario y suscribir el conjunto de instrumentos internacionales que el resto del globo va asumiendo progresivamente para así romper con la autoexclusión.
Salvo Venezuela, ningún otro país latinoamericano hizo uso de la palabra en la sesión de clausura del EPU de Cuba este viernes en Ginebra. Las alabanzas vinieron de países con balances deficitarios en cuanto a los derechos humanos: Arabia Saudita, Sri Lanka, Emiratos Árabes, Singapur, Rusia, Sudáfrica y Sudan del Sur.
Cuba replicó mediante Rafael Pino Bécquer, vice fiscal de la República. Denostó las recomendaciones «sesgadas políticamente y construidas sobre bases falsas, derivadas de los intentos de desacreditar a nuestro país por parte de quienes, con sus ambiciones hegemónicas, se niegan a aceptar el derecho de libre determinación del pueblo cubano y la diversidad de sistemas políticos, económicos e institucionales en el mundo».
Añadió que las recomendaciones recibidas «tampoco debe permitirse que se sustenten en afirmaciones falsas o distorsionadas, o que sean resultado de la falta de información sobre la realidad de un país o de intentos de manipularla y descontextualizarla, para alcanzar determinados fines políticos».
La sala de la ONU venía de escuchar el testimonio de la única verdadera víctima de lo que se debatía. Una joven de piel negra, recién llegada de La Habana, Yris Pérez Aguilera, dirigente del Movimiento Femenino por los Derechos Humanos Rosa Parks, dijo: «Me han golpeado hasta dejarme inconsciente en el pavimento, como ocurrió el pasado 7 de marzo en Santa Clara. Los golpes en la cabeza, el cuello, la espalda, me han causado graves problemas de salud que no he podido superar».
Contó, además, que «me han amenazado de muerte en varias ocasiones, me han dicho estos agentes (Yuniel Monteagudo Reina y Eric Aquino Yera), que me van a violar, y han mostrado sus genitales durante los arrestos domiciliarios… por ser una mujer negra el ensañamiento ha sido peor, porque el gobierno que existe en Cuba es racista».
Y agregó otros ejemplos: «Daysi Talavera Ortiz, activista de Matanzas, murió atropellada por un carro misterioso en enero. A Damaris Moya Portieles la mantienen sitiada en su vivienda y asaltada cinco veces desde agosto… Pronto volveré a Cuba, pido a Naciones Unidas protección para mi vida y la de miles de activistas de derechos humanos en Cuba». Terminó su discurso, recogió sus papeles y se perdió en el crepúsculo otoñal de Ginebra al declinar un templado septiembre.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
