Foto: Laurence Favre Por 37 sufragios a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acaba de adoptar una resolución que propone iniciativas para prevenir y erradicar el “extremismo violento”. De los 47 Estados que constituyen este órgano, 8 son latinoamericanos. En este caso, tres se abstuvieron (Bolivia, Cuba y El Salvador), apoyaron Argentina, Brasil, Paraguay y México, y se opuso Venezuela.
Impulsada por los países occidentales la resolución propone embarcar al Consejo, compuesto por 47 Estados que se renuevan anualmente mediante el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, en un mecanismo de estudio de cuáles deberían ser los remedios para enfrentar al “extremismo violento”. A tal efecto decidió constituir un “grupo de expertos” a designar, que lleven a cabo un debate sobre los aspectos del problema, en vinculación con los derechos humanos.
De tales deliberaciones debería emerger un “informe resumido”, para que junto a una recopilación de información encargada al Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos “de las mejores prácticas y lecciones extraídas” por su experiencia en la materia, el Consejo vuelva a deliberar con el objeto que la comunidad internacional tome “las medidas necesarias para intensificar su cooperación a fin de prevenir y combatir el extremismo violento”.
Cabe subrayar que en esta ocasión Cuba ha mostrado un cambio en su diplomacia respecto a los Estados Unidos. Normalmente vota en contra de todo lo patrocinado por Washington, como lo hicieron en esta oportunidad Venezuela y Rusia, sus tradicionales aliados, pero ahora La Habana prefirió abstenerse, tal vez para acomodarse a las negociaciones de normalización de relaciones impulsada por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
El texto votado hace “hincapié en las dimensiones de derechos humanos consustanciales a la prevención y erradicación del extremismo violento”, subrayando que luchar contra este último “y el terrorismo”, pero a su vez proteger los derechos humanos, “las libertades fundamentales y el estado de derecho” significa un refuerzo mutuo.
El documento define “que no hay justificación alguna para el extremismo violento, cualquiera sea su motivación”, y que “en todas sus formas y manifestaciones, no puede ni debe asociarse con ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico”.
Advierte a los países que los abusos y violaciones de los derechos humanos “pueden contribuir a crear un entorno propicio para la radicalización de las personas, en especial los jóvenes, que conduce al extremismo violento y a la captación de esas personas por extremistas violentos y terroristas”.
Enumera los hechos que caracterizan al extremismo violento, como las “ejecuciones extrajudiciales, ataques deliberados contra civiles, reclutamiento y utilización ilícitos de niños soldados, violencia sexual y de otros tipos, conversiones forzadas, persecución de personas por su religión o sus creencias, desplazamientos forzosos y secuestros, maltrato de mujeres y niños, actos de violencia contra miembros de minorías étnicas y religiosas y asedios… padecidos por civiles y minorías”.
La resolución condena “los ataques contra lugares de culto y santuarios y contra lugares de interés cultural… incluida toda destrucción deliberada de reliquias y monumentos”, y manifiesta su solidaridad con las víctimas del extremismo violento, a las que debe darse “el apoyo y la ayuda”, haciendo resaltar “los aspectos relativos a la memoria, la dignidad, el respeto, la justicia y la verdad… la rendición de cuentas y el fin de la impunidad”.
Deduciendo que el fenómeno inherente a la presente resolución apunta a las atrocidades perpetradas en los conflictos en Siria, Irak, Medio Oriente y África, y el desplazamiento de poblaciones que eso genera, lo cual hoy ya equivale al producido en torno a la Segunda Guerra Mundial, de alrededor de 60 millones de personas, es de lamentar que el texto solo inste a los Estados a observar “el derecho internacional de los refugiados”, sin otras recomendaciones, como podría haber sido exhortar a los países a que den plena acogida a los que buscan exilio al huir de la violencia.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
