Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza En noviembre de 2018, la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, fue invitada por el gobierno de Nicolás Maduro, a visitar Venezuela, un gesto alentador que podría poner fin al aislamiento del régimen chavista. Salvo alguna rara excepción, que justificaría la regla, ningún mecanismo de Naciones Unidas de promoción, protección y monitoreo de los derechos humanos ha sido autorizado en las últimas dos décadas a entrar a dicho país. Con ello, planean dilaciones para concretar el viaje. Una “misión técnica” de los 1300 empleados dirigidos por Bachelet, a fin de pactar in situ con las autoridades venezolanas los términos de la visita, carece todavía de luz verde. Es norma que cuando la jefatura del Alto Comisariado se apresta a ir a un país donde no tiene delegada fuerza propia, o sea una “oficina” como en Guatemala o México, se adelanta una “misión técnica” para evitar contratiempos.
Se presume que la agenda pretendida por la Alta Comisionada buscaría arrojar luz sobre los espinosos temas del empleo excesivo de la fuerza en la represión de la sociedad civil, las detenciones arbitrarias, practica de la tortura, el empleo de paramilitares en el asesinato de manifestantes y disidentes, la situación de los presos políticos, y cernir los alcances de la crisis humanitaria. No obstante, de momento, no han sido otorgadas las visas para los integrantes de la “misión técnica” que deben ir a Caracas a concertar la debida autorización.
En la época del WhatsApp, y con varias comisiones investigadoras en puntos neurálgicos de las atrocidades planetarias (Siria, Yemen, Palestina, Bangladesh, Corea del Norte, RDC, etc) la ONU cuenta con una solida experiencia en el seguimiento en tiempo real de las violaciones de los derechos humanos. Las víctimas se protegen silenciosamente del acoso interno, pero confían sus testimonios a Naciones Unidas, mediante diálogos electrónicos sin fronteras.
La Alta Comisionada ya ha elaborado dos informes escritos sobre Venezuela, en 2017 y 2018, ambos de su predecesor, Zeid Ra’ad al Hussein, que revelaron indicios de delitos de lesa humanidad. Bachelet tiene que rendir un informe oral el próximo 20 de marzo, y otro escrito en junio venidero, toda vez que cuando arrecia el derramamiento de sangre, pulsa sus fuentes en el terreno y exhorta. El domingo pasado, condenó la violencia en los bordes de Venezuela con Brasil y Colombia, “como en el interior del país”, que ocasionaron 4 muertos y 300 heridos. Fustigó a las “fuerzas de seguridad venezolanas”, y a los “grupos pro-gubernamentales armados”, y “urgió al Gobierno” a “frenar a estos grupos y arrestar a aquellos que utilizaron la fuerza de manera ilegal en contra de manifestantes”. Y recordó que “el uso de fuerzas paramilitares o parapoliciales tiene una larga y siniestra historia en la región. Y es muy alarmante verlas operar de manera tan clara en Venezuela. El Gobierno puede y debe frenar que estos grupos sigan exacerbando una situación ya de por si altamente inflamable”.
Jorge Arreaza, Canciller de Nicolás Maduro, improvisó este miércoles un largo discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aquí en Ginebra, luego que los embajadores de varias decenas de países europeos, latinoamericanos, más Canadá y Estados Unidos, se retiraran de la sala en signo de protesta. El ministro denunció “la agresión de Estados Unidos, intensificada bajo la Administración Trump”, por “la imposición de un bloqueo contra sus recursos”, que viola la “Carta de Naciones Unidas y los principios de coexistencia civilizada entre los pueblos del mundo”. Espera que la visita de la Alta Comisionada “pueda constatar los efectos de las sanciones”. Dijo que su gobierno “acepta la ayuda humanitaria, pero no por la fuerza”. Afirmó que el Ejército actuó “con prudencia” durante el pasado fin de semana, “para evitar una tragedia”. Sostuvo que “el objetivo de Estados Unidos era provocar muertos para para acusar mejor al Presidente Maduro”. En cuanto a Juan Guaidó, “quien se autoproclamó Presidente, quiere una invasión militar y eso no puede ser aceptado por Naciones Unidas”, subrayó Arreaza.
Sin embargo, el Relator Especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, el peruano Diego García-Sayan, criticó hoy “las medidas adoptadas y las presiones ejercidas contra Juan Guaidó”, por “inaceptables”. “Quiero nuevamente mostrar mi rechazo ante la puesta en marcha de investigaciones penales contra Guaidó ya que podrían tener una finalidad política”, escribió en un comunicado distribuido en Ginebra. El anuncio de la apertura “de una investigación formal contra Guaidó podrían estar afectando el derecho a la presunción de inocencia, al dar a entender que éste habría cometido actos ilícitos sin que estuviese en marcha una investigación al respecto”, concluyó García Sayan.
Al abandonar ayer la sala del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Arreaza respondió pacientemente al periodismo. Le confirmó a este reportero que faltaba arreglar con Bachelet la cuestión de las visas. Se reunió casi de inmediato con ella, rodeados por sus colaboradores. Trascendió que la “misión técnica” tendría vía libre para viajar a Caracas dentro de unos diez días, tal vez una eternidad debido a la vertiginosidad que viene adquiriendo la tragedia venezolana.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
