Milagro Sala. Foto: Comité por la Libertad de Milagro Sala El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU envía a dos de sus cinco miembros a la Argentina, del 8 al 18 de mayo, para obtener la liberación de la dirigente indígena Milagro Sala, presa desde enero de 2016; e inspeccionar lugares de reclusión, entrevistar a víctimas, autoridades y la sociedad civil, en la Capital, Buenos Aires, y en las provincias de Jujuy, Buenos Aires y Chubut, surge de un comunicado difundido en Ginebra, reveló la Agencia France Presse (AFP).
Viajan a la Argentina los expertos Sètondji Roland Adjovi, oriundo de Benín, y la letona Elina Steinerte. Esperan reunirse a solas con Milagro Sala, y se aguarda que le reiteren al gobierno de Mauricio Macri que la ponga en libertad, como le solicitaran mediante una decisión notificada en octubre de 2016. Sala continúa detenida en la Provincia de Jujuy y su caso se encuentra pendiente de resolver en la Corte Suprema de Justicia de Argentina.
Está previsto que los expertos visiten la comunidad indígena mapuche (lof) de Cushamen, Chubut, en la región austral del país, que presuntamente es objeto de criminalización de la protesta social, agudizada a consecuencia de disturbios al comienzo de 2017, tras ocupar tierras ancestrales cuya devolución reclaman, ahora propiedad del empresario italiano Luciano Benetton, quien posee cerca de un millón de hectáreas en la Patagonia Argentina.
“El 10 y 11 de enero de 2017, el Lof Cushamen sufrió una dura represión, con más de 200 efectivos de Gendarmería Nacional que avanzaron sobre la comunidad y detuvieron a una decena de dirigentes”, denunció Amnistía Internacional (AI), que criticó la falta de “control judicial efectivo sobre el operativo y los alcances y exabruptos que fueron cometidos”, y pidió que “el Estado debe rendir cuentas por el maltrato y abuso de la fuerza dirigido a hombres, mujeres y niños”.
De los siete detenidos mapuches en aquel acto, todos posteriormente liberados, tres han quedado procesados (inculpados) al “impedir el normal funcionamiento del servicio de transporte por tierra, en grado de tentativa, resistencia a la autoridad, lesiones y daño agravado”, delitos que pueden ocasionar “penas de tres meses a cinco años de cárcel”, recogió la prensa argentina.
En diciembre de 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, observó “con preocupación que a pesar del marco legal que reconoce el derecho de propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, el Estado (argentino) no garantiza todavía el pleno disfrute y ejercicio efectivo de este derecho”, e instó a implementar la ley 26.160 y “a la pronta finalización del proceso de relevamiento de las tierras y territorios ancestrales”.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, lo componen cinco expertos independientes, uno por cada región del mundo en que se divide la organización de Naciones Unidas, los cuales son elegidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quienes trabajan sin cobrar sueldo, a los que solo se le costean viáticos.
Esta es la segunda vez que el Grupo sobre la Detención Arbitraria visita la Argentina. Antes lo hizo en 2003. Le recomendó entonces a al gobierno que presidía Néstor Kirchner, “revisar la legislación y practica en materia de detención preventiva”, que “debe ser la excepción, no la regla”, y liberar a los imputados “cuando ello no sea incompatible con el interés superior de la justicia y cuando pueda asegurarse de otra manera su comparecencia en juicio”.
Asimismo, le recomendó tomar medidas contra la sobrepoblación carcelaria, que “está en la base de los problemas detectados en las condiciones de detención”, un fenómeno que hoy sobrepasaría en un 10% de la capacidad de alojamiento penitenciario del país, a tenor de lo admitido la semana pasada en Ginebra por la delegación argentina ante el Comité contra la Tortura de la ONU. Datos oficiales del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) precisan que, en Argentina, al 31 de diciembre de 2015, había 75.769 personas bajo régimen penitenciario, una tasa de 176 cada 100.000 habitantes, cuando la totalidad de la población alcanzaba la cifra de 43.131.966.
En aquella primera misión hace casi 14 años, los expertos tuvieron “una serie de dificultades como cancelaciones de reservas de vuelos, y hoteles que le impidieron, entre otras cosas, visitar Santiago del Estero (provincia), que unas semanas después (de la visita) fue intervenida por el gobierno federal” de Néstor Kirchner, recuerda amargamente un funcionario, que formara parte de la comitiva de la ONU.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
