Claudia Paz y Paz, fiscal general de Guatemala 2010-2014. Foto: EneasMx El Festival de Films y Forum Internacional sobre Derechos Humanos (FIFDH), que acaba de finalizar en Ginebra, se ocupó de la crisis guatemalteca. Hubo testimonios de víctimas, discursos de oeneges, y se ventiló la posición de Naciones Unidas y la de ciertos actores de un proceso político y humanitario de final incierto. Reportaje.
Al tiempo que se inicia la presentación de candidaturas para la elección presidencial del próximo 16 de junio (se adelantan unas 30), la ONU exhortó al parlamento guatemalteco, a que no apruebe una ley de “amnistía”, para absolver a los verdugos de la tiranía militar 1982-1983 y de la guerra civil 1960-1996, en total 200 mil víctimas. El jurista colombiano, Iván Velásquez, apartado en 2017 por el Presidente Jimmy Morales de su cargo al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y Claudia Paz y Paz, la fiscal general entre 2010 y 2014 que logró la condena de Efraín Ríos Mont, por crímenes de lesa humanidad en la represión del pasado dictatorial que ahora el parlamento quiere blanquear, intervinieron en el debate de organizado por la FIFDH, el pasado fin de semana en Ginebra.
“¿Cuando se jodió el caso guatemalteco?”, podría preguntar Mario Vargas Llosa, extrapolando imaginariamente la celebre expresión para con su país, el Perú, a Guatemala. Sin duda en enero de 2017 cuando la CICG descubrió que un hermano y un hijo del Presidente Jimmy Morales, eran presuntos autores de hechos de corrupción, en el financiamiento de la campaña presidencial de 2015. En septiembre de 2018, el mandatario expulsó del país al Comisionado Iván Velásquez, nombrado por la ONU y aceptado por Guatemala, y anunció que el organismo, concebido de común acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, cesaría de existir en septiembre de 2019, cuando debe renovar su mandato.
La formula es apoyada por Estados Unidos, principal abastecedor de apoyo económico y militar en la región, para que consiguiera émulos en sus vecinos, sin suerte todavía, toda vez que prosigue el proceso penal por estafa al fisco contra el Presidente. El Congreso de la República tiene actualmente a estudio despojarlo de la inmunidad presidencial para que comparezca en tribunales, y responda ante los hechos confirmados por los empresarios que inyectaron los fondos ilegales en la campaña electoral en 2015, todos ellos ya condenados. Sin embargo, le quedarían a Morales al menos cuatro años de inmunidad, por su condición de diputado en el Parlamento Centroamericano, al que pueden acogerse sin votación por su condición de ex Presidente.
“Para dar vuelta la página, hay que leerla”, afirmó Iván Velásquez, en la conferencia pública de Ginebra. “Hace falta un Estado para todos, no para una clase”, abrevió. Días antes, seis expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, instaron por escrito al poder legislativo de Guatemala “a no aprobar una iniciativa de ley que establece una amnistía general para las violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno”.
“La iniciativa busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala, la cual ha sido la base para los juicios” antes mencionados. “Establecería un mecanismo automático para extinguir la responsabilidad penal de todos los responsables” de los crímenes. Su aprobación “afectaría seriamente los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición”, con el riesgo que abriría las puertas “a represalias y ataques contra víctimas, jueces, fiscales, abogados, demandantes, testigos, peritos y otras personas involucradas” en los juicios sobre las matanzas del pasado reciente, consignaros los 6 Relatores de la ONU.
Recordaron que “las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos excluyentes de responsabilidad son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y el genocidio, entre otros”. Y subrayaron que “la falta de investigación y enjuiciamiento de tales violaciones constituye una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos”.
No obstante los 26 asesinatos de defensores de derechos humanos en 2018, la voluntad de la sociedad civil parece mantenerse incólume. “Nos quitaron todo, hasta el miedo”, se escuchó.”Mientras no se sepa la verdad las heridas seguirán abiertas y no se logrará paz, verdad y justicia”, advirtieron. Tras reflexionar un momento, Paz y Paz concluyó: “La impunidad del pasado es la corrupción de hoy”.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
