Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns. El Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el sudafricano Christof Heyns, acaba de reiterar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra la petición formulada hace dos años para que Colombia organice una Comisión de la Verdad, propuesta susceptible de arrojar luz sobre pasado y presente del único país sudamericano que no ha conseguido resolver democráticamente una vieja situación violenta de origen político.
Naciones Unidas solicita dicha Comisión «para que realice una investigación independiente y sistemática de las circunstancias históricas y la responsabilidad respecto de los asesinatos y otros abusos cometidos por los paramilitares, las fuerzas estatales y los grupos guerrilleros durante el conflicto armado en el país», una formula concebida en marzo de 2010 por la mencionada Relatoría de la ONU, sobre la cual el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no quiere entrar en materia.
«Se siguen notificando casos de ejecuciones extrajudiciales, y no hay avances en las investigaciones. La persistente impunidad y la falta de rendición de cuentas de los funcionarios es uno de los motivos importantes de preocupación», del Relator Especial, quien le atribuye «a las Fuerzas Armadas», cifras que de acuerdo con datos actualizados por la ONU, superan los 3500 civiles inocentes asesinados entre 2002 a 2010, para luego ser presentados como dados de baja en combate, los denominados falsos positivos, pero el Estado «no proporcionó información sobre el resultado de las investigaciones penales y disciplinarias conexas, ni indicó si se habían aplicado sanciones», denunció Christof Heyns.
«No podemos compartir su opinión de que el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales continua y no está siendo atendido con suficiente rigor», replicó Alicia Arango, Embajadora de Colombia en Ginebra, quien sin embargo admitió 149 denuncias en 2006, «2 en 2011 y 0 en el presente año». Agregó que «entre el 2008 y el 2012» se han remitido de la justicia penal militar a la justicia penal ordinaria un total de 1280 investigaciones. Y añadió que desde el 2011, unos 60 militares han sido condenados a duras penas de cárcel, consecuencia «de la lucha contra la impunidad».
«A pesar de la reducción en el número de casos de ejecuciones extrajudiciales supuestamente cometidas directamente por la fuerza pública, aún continuamos recibiendo reportes de tales prácticas. También es preocupante el hecho de que a lo largo de los años se han evidenciado muy pocos avances en las investigaciones penales llevados a cabo por la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, cientos de casos siguen siendo investigados por la justicia penal militar, que frecuentemente archiva tales casos sin una investigación efectiva e imparcial. Todos los casos que involucran a agentes del estado en violaciones de los derechos humanos deben ser trasladados inmediatamente a la justicia ordinaria», reclamó Marcelo Pollack de Amnistía Internacional (AI), mediante un correo electrónico desde la central en Londres de esa Organización No Gubernamental (ONG).
Otra ONG, la Comisión Colombiana de Juristas, criticó al mismo tiempo el proyecto de reforma constitucional, objeto actualmente de debate, que «establece criterios de selección o priorización para investigar violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho humanitario, lo que permite al Estado renunciar a la persecución judicial penal de aquellos casos no seleccionados o no priorizados», manifestó su representante en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ana María Rodríguez.
Recalcó que semejante reforma «equivale a amnistiar o indultar a los responsables de estos delitos, incluyendo a militares y policías, y también a paramilitares desmovilizados», lo cual se suma a un segundo proyecto de reforma constitucional en curso que busca «reestructurar la justicia penal militar», para darle jurisdicción sobre violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario. De este manera «Colombia daría un paso atrás» pues «se modificaría la presunción vigente», y le otorgaría competencia a los tribunales militares, ante cualquier duda sobre el fuero que debe resolver infracciones de las que resultaran autores miembros de las Fuerzas Armadas.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) que nuclea a la mayoría de las ligas nacionales de derechos humanos en el mundo, y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) le presentaron días pasados en La Haya a la nueva Procuradora de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, el informe titulado «La Guerra se mide en litros de sangre. Falsos positivos, crímenes de lesa humanidad: más altos responsables en la impunidad», en el que «se demuestra que las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Colombia, conocidas como falsos positivos, constituyen crímenes de lesa humanidad, y que los más altos responsables no han sido investigados por la justicia colombiana», afirmó en Ginebra, Jimena Reyes, de la FIDH.
El documento, que se acompaña como fuente de consulta, sostiene que la fiscalía colombiana investiga de forma aislada solo a los soldados y suboficiales de más bajo rango dentro de la fuerzas militares que perpetraron esas ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos abatidos en 31 de los 32 departamentos en que se divide la geografía colombiana. Los hechos relatados significarían un ataque generalizado y sistemático en perjuicio de la población civil, «bajo patrones comunes que revisten la categoría de crimen de lesa humanidad, conforme lo estable el artículo 8 del Estatuto de Roma» (CPI), precisó Liliana María Uribe, de la Corporación Jurídica Libertad, delegada de la CCEEU, enviada a Ginebra.
«Pero las autoridades judiciales se han negado persistentemente a investigar a los máximos responsables de esa práctica criminal, impunidad que se acentuará si se llegare a aprobar por el Congreso Colombiano la reforma al artículo 221 de la Constitución Nacional introducida por el Ministerio de Defensa, con la finalidad de brindar seguridad jurídica a los militares», concluyó la abogada Liliana María Uribe, quien también participó en las deliberaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
