La injusticia federal

La injusticia federal

Edhasa, Argentina, 2005.

Tengo el honor de presentarles este libro, una investigación periodística concluida en Buenos Aires en diciembre último, que versa sobre el escándalo de los sobornos en el Senado, que precipitara la caída del Presidente Fernando de la Rúa en el 2001.

En sus páginas se desnuda el mecanismo de administración de los fondos reservados en el pasado reciente, que ha convertido a la SIDE (Secretaría de Informaciones del Estado) en un banco del gobierno de turno para reciclar dinero y pagar sobresueldos a funcionarios, comprar testigos, periodistas y legisladores, y financiar irregularmente campañas políticas.

El relato describe las oscuras negociaciones para concertar la ley de flexibilización en el mercado de trabajo, que propiciaran las coimas, y los entretelones de los debates parlamentarios, perfilando sus actuaciones los entonces ministros del gobierno De la Rúa , Mario Alberto Flamarique, en Trabajo, y Fernando de Santibañes, en la SIDE. La narración se interna a su vez en la crisis que desencadenara las renuncias de esos dos ministros, del Vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, y la expulsión del jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno.

En ese contexto se examinan las fortunas de los principales senadores implicados en este ilícito, entre los que se destacan, Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Remo Costanzo, José Genoud, Ramon Ortega, Ricardo Branda y Alberto Tell. Se da seguimiento además a los viajes, dentro de los expedientes y al exterior, de Jose Genoud y Leopoldo Moreau. No se olvidan, por supuesto, las razones que provocaron el quiebre de Mario Pontaquarto, Secretario Parlamentario del Senado al ocurrir los hechos, quien en el 2003, autoincriminándose, reveló ciertos detalles del trasiego de al menos una parte de esta “coima de la Rúa”.

A partir de un análisis de la causa judicial, la investigación observa el papel de los jueces que han instruido el sumario, Carlos Liporaci, Gabriel Cavallo y Rodolfo Canicoba Corral. También las intervenciones de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, de la Oficina Anticorrupción , y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), encabezada por Rafael Bielsa, cuando auditara la SIDE.

Este libro aparece tras constatarse que la Argentina ha quedado rezagada en la lucha contra la corrupción en Latinoamérica, como lo han señalado los informes de Transparencia Internacional y Poder Ciudadano. No solo por la ineficaz legislación para erradicarla, sino también por los índices que ubica a nuestro país con bajo puntaje (2,5 sobre 10) relegándolo al puesto 108 en un total de 146. Asimismo porque las persecuciones penales que atañen a los ex presidentes Carlos Menem y Fernando De la Rúa , languidecen en la inanición. El clan Menem, por ejemplo, recuperó recientemente 7 millones de dólares de sus cuentas en Suiza sin que el actual gobierno recurriera la decisión en Ginebra.

Esto acontece en momentos que por asuntos de corrupción bajo gobiernos democráticos, se hallan en detención preventiva, recientemente domiciliaria, dos ex presidentes de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, este último ex Secretario General de la OEA. A su vez, en Nicaragua, el ex presidente Arnoldo Alemán ha sido condenado a 20 años de cárcel, y el actual, Enrique Bolaños, es acusado en el Congreso de recibir prebendas del extranjero. Al propio tiempo, los pedidos de extradición contra los ex presidentes de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y de Perú, Alberto Fujimori, que huyeran a Estados Unidos y Japón, requeridos originariamente por crímenes de represión, vienen de ser ampliados a infracciones de corrupción.

Por otra parte, el informe sobre lavado de dinero que regularmente se trata en el Senado de los Estados Unidos, provocó el año pasado la inculpación del ex dictador chileno Augusto Pinochet por delitos comunes al descubrírsele alrededor de 16 millones de dólares depositados en un banco en Washington, pero tres años antes, a pesar de los sonados anticipos ventilados por la prensa que motivaran la creación de una Comisión en la Cámara de Diputados ante un informe similar del Senado norteamericano, en Argentina no ocurrió absolutamente nada.

A proposición del Presidente Néstor Kirchner, el Senado nombró a fines del 2004 a Daniel Rafecas como nuevo juez federal para ocuparse del cohecho en la Cámara Alta de la República , el cuarto magistrado instructor desde el año 2000. Se supone que este concluirá próximamente las medidas pedidas por la Cámara Federal que anuló los procesamientos que se habían dictado en ese sumario, las cuales se enumeran en el libro. Rafecas deberá resolver entonces si los tribunales podrán avanzar para esclarecer el caso emblemático de corrupción que desestabilizara la democracia argentina, y conducir a sus responsables a la cárcel.

Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.

 


 

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