Graiver, el banquero de los montoneros

Norma, Argentina, 2010.

Se edita por tercera vez este libro, en medio del escándalo por Papel Prensa, uno de los temas ineludibles de la presente investigación periodística. La empresa constituía la «joya reina» del emporio conducido por David Graiver, liquidado en una catástrofe aérea en México, el 7 de agosto de 1976. Clave para la fabricación y el abastecimiento de la materia prima para medios gráficos, a instancias del régimen castrense y luego de aquel presunto homicidio, los diarios La Nación , Clarín y La Razón se adueñaron de la empresa y sus cuantiosos bienes, al cabo de una operación de traspaso puesta en marcha en noviembre de 1976. La denuncia del gobierno enviada a la Justicia debería instaurar si hubo expolio o se trató una transacción regular. Los tribunales son llamados a decidir si los herederos de David Graiver fueron desposeídos violentamente bajo amenazas antes de ser secuestrados, atroz prolegómeno de un cautiverio salvaje, al tiempo que los grandes diarios asumian el dominio de la compañía.

Las versiones difieren hoy, incluso entre los familiares del banquero: mientras su viuda Lidia Papaleo acusa de los horrores padecidos tanto a militares como a ciertas autoridades de Clarín y La Nación , su propia hija María Sol y su cuñado Isidoro indicaron que no creen que estos últimos sean responsables de los vejámenes sufridos por el grupo familiar. El libro relata los delicados equilibrios que mantenía David en el seno de su familia, las desavenencias con su hermano, a quien separó de la verdadera multinacional que lideraba a cambio de una indemnización pactada mutuamente, y el manejo ambiguo para con algunos de los que lo rodeaban, sobre la inversión de casi 17 millones de dólares que recibiera de los Montoneros a partir de septiembre 1975, dinero procedente de secuestros contra pago de rescate perpetrados por la guerrilla peronista.

En el 2000 quebró La Razón , y sus acciones en Papel Prensa fueron absorbidas por Clarín, que pasó a tener el 49%, La Nación el 22,5% y el Estado el 27,5%. Anuladas las leyes de amnistía en 2003 por iniciativa del presidente Néstor Kirchner, y muerto el general Ramón Camps en 1994, una sentencia obligó al confinamiento perpetuo del ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien tuvo un papel destacado en los maltratos y torturas de los que fueron víctimas los Graiver. El dictamen alude a delitos de lesa humanidad y es cosa juzgada desde el 17 de febrero de 2009, por fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La sanción castiga a un miembro de las Fuerzas de Seguridad pero ahora se agrega la imputación de las complicidades civiles que apuntan a los dos diarios antes citados, en el entendido que tuvieron algún nivel de participación, o sacaron rédito de esas abominables infracciones, lo cual debera derimise en jurisdicción penal.

«La venta de Papel Prensa se realizó el 2 de noviembre de 1976, meses antes de que los hermanos Graiver estuvieran detenidos y de que se hubiera hecho pública su vinculación a Montoneros», ha dicho en defensa de los dos matutinos cuestionados, Héctor Magnetto, primus inter pares de Clarín. (Perfil, 15 de agosto de 2010).

“A Lidia Papaleo la vi una sola vez en mi vida, en una reunión en La Nación donde había no menos de veinte personas para firmar el contrato de Papel Prensa. Ahora me quieren inventar un delito de lesa humanidad por la compra de una empresa que nos fue ofrecida por sus dueños. Y les pagamos públicamente, pese a que los militares nos decían que esa plata era para Montoneros y a que (el almirante Emilio) Massera quería quedarse con la empresa a toda costa.”, agregó Magnetto, en el testimonio de Perfil. Refutaba así las alegaciones que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner confirmaría en su discurso del 24 de agosto de 2010 y cuyos antecedentes se remitieran a la Justicia, según se desprende de la información que se ofrece al pie de esta crónica.

Los hechos revelados por documentación irrefutable, cuyo contenido se inserta en el libro que ahora vuelve a editarse, demuestran que la venta de Papel Prensa se concretó con la refrendación de un contrato el 2 de noviembre del 76. La primera asamblea de accionistas con los nuevos titulares sucedió el 18 de enero de 1977, ceremonia a la que no concurrieron representantes de los Graiver. Su viuda fue detenida el 14 de marzo de ese mismo año. Las Fuerzas Armadas realizaron una conferencia de prensa para anunciar la supuesta asistencia financiera de los Graiver a los Montoneros un mes después. ¿Cómo es posible que Magnetto supiera de esa relación cuando la viuda firmó con él un contrato, presumiblemente el 2 de noviembre del 76, conociendo un dato que recién se sabría el 19 de abril de 1977?

En la versión oficial de Clarín, expresada en un documento que circula libremente desde agosto de 2010 y que se puede consultar en este mismo sitio web, resulta claro que el «dilema» sería que habrían existido dos fases independientes una de otra, desconectadas entre ellas. Una con los Graiver en libertad, en la cual los tres diarios no sabían de la articulación de los Montoneros con Graiver y del interés de la dictadura por desapoderarlos de Papel Prensa, y otra con los Graiver ya en prisión, que es cuando los diarios se enteraron de la combinación entre Graiver y la guerrilla. El problema es que esta versión de Clarín sobre la discontinuidad de dos momentos diferentes, se contradice con las declaraciones de Magnetto recogidas en Perfil y aquí reproducidas.

Este libro invita, en los pasajes consagrados a Papel Prensa, a explorar una hipótesis distinta, en cierta manera anticipada por el juez Federal Daniel Rafecas en su resolución declinatoria de competencia del 7 de julio de 2010, al notificar las actuaciones del sumario que conciernen las gravisimas violaciones de los derechos humanos cometidas contra los Graiver al fuero de la ciudad de La Plata. Rafecas apreció «la existencia de una íntima conexión que vincula los delitos de privación ilegal de la libertad» de los Graiver, «y el interés por (sus) empresas… en cuyo marco cabe incluir las maniobras de transmisión compulsiva de las acciones de Papel Prensa S.A.». El procedimiento para la compra de la empresa no estaría por consiguiente compuesto por dos circunstancias desconectadas, como pretende Magnetto, sino estrechamente ligadas, «de ningún modo escindible en objetos procesales divergentes», reza la argumentación del juez que también investigó la represión del Primer Cuerpo de Ejercito y las coimas en el Senado.

Podría concluirse que el operativo de aniquilamiento del grupo Graiver a cargo de las Fuerzas Armadas siguió un plan que abarcó tres fases sucesivas e interdependientes entre sí. La primera fue decapitar al grupo, una corporación con ramificaciones en Argentina, Bélgica y Estados Unidos, abatiendo a su jefe, David Graiver, un asesinato reconocido por el diario Clarín el 2 de junio de 2010.

La segunda etapa se hizo aprovechando el desamparo y la iliquidez que aquejaba a los sucesores de David, respetando las apariencias de la legalidad, con la viuda y su firma de heredera en libertad, aunque sin duda bajo control y presión del régimen militar. La venta debía parecer limpia, neutralizando reproches previsibles de cara al futuro. Tenía que respetar las apariencias de un canje ordinario de responsables, para que el proyecto monopolizador del «insumo vital» destinado a abastecer periódicos y revistas a escala nacional, la «joya reina» de los Graiver, cambiara de manos sin despertar recelos ni suspicacias.

La tercera etapa fue la expropiación forzada de lo mucho que les quedaba a los Graiver, para lo cual se prescindió de acatar las normas republicanas. Tal depredación se llevó a cabo con los saqueados ya en prisión. Y comenzó tras un mes en el que los mantuvieron detenidos clandestinamente, pasando de inmediato a ser condenados a largas penas de cárcel por la justicia militar.

Al declinar la dictadura, los Graiver interpusieron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema , la cual dejó sin efecto las condenas, ordenando remitir los autos a la justicia ordinaria. El juez federal de Buenos Aires Fernando Zavalía, revocó lo realizado en jurisdicción militar. No obstante, el fiscal Julio Cesar Strassera solicitó cinco años de prisión para Lidia e Isidoro Graiver, sobreseyendo a los demás. Zavalía no lo siguió. Absolvió y liberó a todos el 16 de julio de 1983. Strassera apeló pero fue en vano. En lo penal, los Graiver pasaron a estar exentos de culpa y cargo.

En lo civil, litigaron en 1984 por daños materiales. El presidente Raúl Alfonsín abolió las reglamentaciones injertadas por el gobierno de facto al cuerpo legal del país y, por decreto, instruyó al procurador general del Tesoro a negociar un resarcimiento económico. Los Graiver empezaron pidiendo 155 millones de dólares, para contentarse finalmente con 84 millones de dólares y la devolución de cuarenta propiedades. Alfonsín refrendó el pacto por decreto del 28 de enero de 1986. Al día siguiente Clarín sostuvo que «los supuestos delitos y conexiones con organizaciones terroristas no fueron probados a la luz del derecho».

A los tribunales les fue imposible diferenciar expresamente los billetes de papel moneda de los fondos cedidos por los Montoneros a David Graiver, el enigma que este libro puede contribuir a dilucidar. Ningun miembro de la familia Graiver denunció esa inversión ante la Justicia estando en libertad. Ellos y sus allegados no fueron secuestrados, torturados y robados por los Montoneros, sino por la dictadura 1976-1983. Sería inadmisible justificar el tratamiento degradante que experimentaran bajo el poder secreto y genocida de las Fuerzas Armadas, por el aparente origen ilegal de una fracción menor de la cotización de sus bienes, valorados en 200 millones de dólares, de acuerdo al inventario calculado en mi libro. No está fehacientemente probado si hubo un porcentaje del tesoro de las «formaciones especiales» del peronismo susceptible de haber sido asimilado en la edificación de Papel Prensa. Resta por último saber si en la parte de la historia que falta escribir, se establecerá que su hoja de ruta está manchada por los masivos, sistemáticos, desvastadores e imprescriptibles crímenes de lesa humanidad.

Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.