Movilizaciones en pedido de aparición con vida. El Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, el de Miguel Agustín Pro Juárez AC, y Amnistía Internacional (AI), que acompañan a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, entregaron al Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU ayer lunes en Ginebra una petición para que exhorte al gobierno mexicano a reabrir el caso, archivado la semana pasada por el Fiscal Jesús Murillo Karam.
Se trata de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, detenidos por la policía municipal el 26 de septiembre de 2014, entregados a la banda criminal “Guerreros Unidos”, que los asesinó e incineró en un depósito de basura cerca de Cocula, arrojando los restos a un río, según el Fiscal Murillo Karam, quien cerró el sumario a partir de la identificación de una de las víctimas y el testimonio de cuatro de los autores.
“Muestra que el Estado no es capaz de erradicar la desaparición forzada que el país enfrenta hoy una grave crisis en esta materia”, dice el documento de estas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) elevado al Comité, el cual solicita “un fuerte pronunciamiento para condenar las desaparición forzada de los 43 estudiantes y para exigir justicia, verdad y reparaciones en este emblemático caso”.
“Las investigaciones empezaron con ocho días de retraso y (…) la indagatoria no comenzó por el delito de desaparición forzada sino por el delito de delincuencia organizada”; sin que “ninguna de las instancias que el informe estatal presenta como estructuras competentes y funcionales para investigar las desapariciones haya intervenido”; y que en las acusaciones solo figuraran los delitos de secuestro y crimen organizado, y no el de desaparición forzada, alegaron los organismos.
A sus reclamos se agregan otros que exigen se esclarezca el papel jugado en esas desapariciones por los agentes de policía Felipe Flórez Velázquez y Francisco Salgado Valladres, el de los sicarios de “Guerreros Unidos”, el de otras 11 personas que estaban presentes en Cocula en el momento de los hechos, y el del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, el cual recibió llamamientos reiterados de las familias de los estudiantes y no se conoce si tuvo alguna actuación en lo sucedido.
Falta también aclarar el rol que desempeñó la base del 27 Batallón de Infantería en Iguala, no obstante la cercanía con el lugar en que ocurrieron los homicidios, y al registro de teléfonos celulares que indicarían la presencia de una de las víctimas en esa sede militar, añaden estas asociaciones.
Todas ellas deploran que la fiscalía mexicana haya cerrado el caso sin que sus conclusiones sean avaladas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, de renombre internacional, y que tampoco esperara conocer los resultados de la misión del panel de cinco expertos de Chile, Colombia, Guatemala y España, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano competente de la OEA, requerido por el gobierno de México y la sociedad civil.
Entre 23 mil y 24 mil personas han desaparecido en México ente diciembre de 2006 y octubre de 2014, oscilan las cifras oficiales y de las ONG. El gobierno precisó por escrito al Comité, en respuesta a una pregunta previa a la sesión que se inicia hoy, que de 2012 a 2014 se registraron “13 mil 444, de las cuales 12 mil 821 se localizaron con vida, es decir el 95%. Por tanto, se continua trabajando para localizar a 9 mil 790 personas”.
Amnistía Internacional (AI) hizo llegar también al Comité una denuncia sobre la impunidad reinante en México en cuanto a desapariciones forzadas, donde indica que entre el 2005 y el 2009 solo se han dictado seis condenas por este delito, referidas a crímenes perpetrados antes del 2005, por lo cual los casos a partir de 2006 no han sido todavía sancionados.
El gobierno de México inició en este contexto su rendición de cuentas ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, con un discurso del subsecretario, Juan Manuel Gómez Robledo. “Nuestra presencia hoy ante Ustedes deriva de la obligación de rendir cuentas acerca del estado que guarda el cumplimiento de la Convención. La desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa pone de manifiesto que debemos seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción, para hacer frente al crimen organizado”, dijo Gómez Robledo ante los diez expertos independientes que vigilan el cumplimento de la Convención.
“Nuestro gobierno nos ha engañado, nos ha ido atormentando, porque siempre lo mismo, ya no le tenemos confianza, una buena respuesta es que dijera que ya tenemos a los muchachos”, declaró ante la prensa Bernabé Abraján, uno de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, presente en Ginebra.
México carece de una Ley General contra la desaparición forzada, que para promulgarse hace falta una reforma constitucional “a efecto de que el Congreso de la Unión esté facultado para expedir una ley”, indicó el gobierno. El Comité le requirió, por boca del experto Rainer Huhle, para cuando se espera un resultado en cuanto a la promulgación de leyes en la materia, y cuál es la estrategia para penalizar y definir las desapariciones forzadas en la legislación.
El Comité va emitir sus recomendaciones a México, previsiblemente el próximo 13 de febrero.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
