En una resolución difundida en Ginebra, el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) emplazó a Francia para que cambie su legislación y suprima la condecoración de Caballero de la Orden Nacional del Mérito al represor argentino Ricardo Cavallo, quien tuvo conexiones empresariales en El Salvador.
Es acusado de 227 desapariciones, 110 casos de tortura y 159 secuestros, perpetrados en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires, durante la dictadura militar (1976-1983).
La distinción fue revelada en la prensa hace una década, pero recién ahora, interpelada en la ONU, Francia promete sacársela, ya que de no hacerlo constituiría un acto de impunidad, consideró el CAT por boca de dos de sus diez expertos independientes, la marroquí Essadia Belmir, y el ecuatoriano Luis Gallegos Chiriboga.
Otorgado el 27 de junio de 1985, el galardón premiaría la actuación de Cavallo, entonces teniente de fragata, en tanto agregado naval adjunto en París de 1982 a 1984. Retirado de la Marina en 1990, ejerció de agente comercializador en Argentina, El Salvador y México de los permisos de conducir y verificación de vehículos, fabricados por la multinacional francesa Gemplus, reina planetaria de los chips multipropósito y la tecnología inteligente.
A El Salvador llegó en compañía de su hermano Oscar Cavallo, se habría vinculado con el empresario caficultor Juan José Borja Nathan, fallecido en 2002, quien manejara la empresa editora de El Mundo. Los hermanos Cavallo participaron en la creación de “Servicios Tránsito Centroamericanos” (SERTRACEN), la sociedad encargada de la matrícula de automotores y de la emisión de licencias de conducir.
Por una denuncia del diario Reforma de México, Cavallo fue detenido en Cancun el 24 de agosto de 2000, cuando dirigía el Registro Nacional Vehicular (RENAVE), una compañía similar a la que fundara en El Salvador. A pedido del juez Baltasar Garzón, que investigaba el terrorismo y el genocidio cometidos en Argentina, lo extraditaron a España el 29 de junio de 2003.
Las leyes de amnistía que impedían juzgar a Cavallo en la Argentina fueron anuladas por el gobierno presidido por Néstor Kirchner a fines de 2003, lo cual condujo a la justicia de ese país a solicitar la extradición a España, que se llevó a cabo el 31 de marzo de 2008.
Este Comité, formado por diez expertos de alta capacidad y gran integridad moral, que trabajan benévolamente, se encarga de vigilar el cumplimiento de la Convención contra la Tortura de la ONU, examinado cada cuatro años a los países que la han ratificado, emitiendo recomendaciones, como acaba de suceder con Francia.
Francia alegó que para destituir a Cavallo necesitaba reformar el Código de la Legión de Honor, agregando que una condena del ex-represor argentino, que podría sancionarse antes de fin de año, facilitaría el trámite de destitución.
En efecto, desde diciembre de 2009, Cavallo forma parte de un grupo de 19 ex represores de la ESMA, quienes comparecen en Buenos Aires ante un tribunal oral por ciertos crímenes de los que fueran presuntos autores, entre los que figuran el asesinato de las religiosas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet en diciembre de 1977.
Desde Ginebra, Juan Gasparini.