El Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, afirmó que “la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” se practican en México de manera “generalizada”, en la presentación de su informe de la visita a ese país el año pasado, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, esta semana en Ginebra.
“Está basada en testimonios recibidos de personas liberadas y también en varias cárceles… y el patrón de conducta en el momento de la detención se repetía, sobre todo en casos de acusaciones de crimen organizado, ya fuera que interviniera la marina, el ejército, la policía federal, la Procuraduría General de la República…”, enumeró Méndez, luego de finalizar el debate de su informe, al explicar cómo llegó a la conclusión que en México la tortura es una “práctica generalizada”.
“En todos los casos el panorama era casi idéntico, es decir, tortura bastante severa con electricidad, “submarino”, y muchos golpes, en los primeros momentos de la detención. Es cierto que hubo pocos casos en los que una vez legalizada la detención la tortura siguió… La imagen que obtuvimos es esa, lo lamento decir porque no me lo esperaba francamente que fuera tan generalizada como es la palabra que usé”, precisó Méndez luego de defender su informe.
El embajador de México, Jorge Lomonaco, replicó en el debate “que no podemos compartir una observación como la que propone el relator en el sentido de que la tortura es una práctica generalizada en el país” porque no “corresponde con la realidad”.
El diplomático agregó que esa aseveración tampoco “refleja los enormes esfuerzos que ha desplegado mi país para consolidar en la ley y en la práctica, una cultura de respeto a los derechos humanos, los que por cierto, han sido acompañados en gran medida por las Naciones Unidas”.
“La impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento”, resumió Méndez en su informe. Para combatirla recomendó a México, entre otras medidas, “Expedir una Ley General… que contemple todas las obligaciones y garantías de la prohibición absoluta de la tortura, como la de investigar, juzgar y sancionar en forma pronta, independiente, imparcial y exhaustiva, la imprescriptibilidad del delito, y la reparación de víctimas”.
También recomendó “eliminar definitivamente el arraigo”, como se denomina en México la detención sobre la base de una presunción, pero sin pruebas incriminatorias firmes. Y “Reformar el Código de Justicia Militar para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidos por un militar contra otro militar también sean de competencia de las autoridades civiles”.
Además, Méndez le solicitó a México que se incluya en las investigaciones pendientes, la denominada “guerra sucia”, que remonta al fin de los años 60 y comienzo de los 70, hechos relacionados con la presunta represión política clandestina, llevada a cabo por los gobiernos constitucionales de entonces.
Pidió asimismo “la suspensión administrativa inmediata de todo funcionario sujeto a investigación por tortura y malos tratos”, y a “documentar y sancionar los casos en que los jueces o fiscales no ordenen investigaciones de tortura de oficio al recibir denuncias o constatar posibles torturas”.
Sus peticiones abarcaron “asegurar el registro inmediato y completo de la detención, seguido de un examen médico riguroso que registre cualquier evidencia o alegación de tortura… y la inmediata notificación a la persona de elección del detenido”. A su vez “garantizar el acceso a un abogado desde el momento de la privación de libertad”.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.