Cárcel de Coronda, Santa Fe. Foto: viapais.com.ar El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (CAT) urgió al Estado argentino a investigar, juzgar y reparar a los deudos por el asesinato del preso Roberto Agustin Yrusta, condenado a 8 años de cárcel en 2005, a quien en represalia por haber revelado hasta en un “reportaje televisivo”, golpes, traslados, amenazas, submarino seco (asfixia con una bolsa de nailon), aislamiento en buzones (celdas de castigo) y “cama de sujeción encadenado”, se le fraguó un falso suicidio en cautiverio el 7 de febrero de 2013, detalla un documento publicado en Ginebra.
La sanción, traducida al castellano con fecha 31 de enero de 2019, le dio al gobierno de Mauricio Macri 90 días para arrojar luz sobre el caso. Lo instó también a conceder el carácter de víctimas a las dos hermanas del occiso, Estela Deolinda y Alejandra del Valle, que denunciaron el crimen ante la ONU una vez agotadas las instancias legales internas en Argentina, a las cuales se les debería además conceder “una reparación apropiada, incluidas medidas de indemnización justa, y de acceso a la verdad”. Pese a la expiración del plazo, las autoridades federales en Buenos Aires no han respondido, indicó una fuente de Naciones Unidas.
Originariamente detenido en la penitenciaría de Bouwer, en la Provincia argentina de Córdoba, Roberto Agustín Yrusta, “quien no sabía leer”, solicitó “ser trasladado a la Provincia de Santiago del Estero, donde vivía parte de su familia”. Pero en enero de 2013, lo llevaron al tristemente celebre penal de Coronda, en la Provincia de Santa Fé, que descollara por su ferocidad para con los reclusos en épocas la dictadura militar (1976/1983). Dado entonces por desaparecido durante más de una semana, el prisionero pudo luego, encadenado y bajo vigilancia, retomar contacto telefónico con sus familiares. Los alertó que proseguían las torturas y malos tratos diarios, sin atención médica. El 7 de febrero siguiente, cuando le faltaban 4 meses para recuperar la libertad condicional, y a 10 meses de una libertad definitiva, el Servicio Médico Forense de Santa Fé, emitió un informe formulando la hipótesis que Yrusta “se había suicidado ahorcándose en su celda”.
Al recibir sus restos, las hermanas observaron que el supuesto objeto con el que se habría quitado la vida, (“asfixia causada por la compresión brusca del cuello con un objeto de características elásticas”), no les había sido entregado. Verificaron que el cadáver de Yrusta “presentaba grandes ampollas, tenía las manos y los pies muy hinchados, heridas abiertas, cortes en los brazos, sangre, hematomas múltiples, un fuerte golpe en la cabeza, y otros signos que dan cuenta de impactos de balas de goma, mientras que la zona del cuello no presentaba ninguna evidencia de ahorcamiento”. Las hermanas a su vez descubrieron que en el expediente judicial figura “la presencia de objetos en el ano y del estómago” del fallecido.
A lo expuesto, se agregan otras graves irregularidades como “el secuestro de los libros de guardia de los días anteriores a la muerte de Yrusta en Coronda”, la desaparición de su historia clínica, y “de los libros de ingresos y egreso del personal penitenciario que se encontraba en funciones” cuando los hechos. Y faltan “las placas radiográficas tomadas durante la autopsia, así como la realización de otras declaraciones testimoniales y pruebas caligráficas”, con el agravante que la causa judicial fue cerrada “sin imputado conocido”. Para la ONU, “no hay un derecho a la verdad sin un derecho a una investigación pronta, efectiva e imparcial”, pues “lo que está en juego es el derecho de acceder a la justicia de las víctimas”. El CAT seguirá el procedimiento, e incluso podría elevar a la Asamblea General de Naciones Unidas la constatación de “no-cooperación” del Estado argentino.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
