Nicolás Maduro La Alta Comisionada, Michelle Bachelet, volvió a la carga con nuevas evidencias sobre la represión en Venezuela. El delegado de Nicolás Maduro replicó, y María Aristeguieta, la flamante embajadora del líder de la oposición y Presidente encargado, Juan Guaidó, reconocido por 52 países, asomó en el debate del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Con la debida protección de las fuentes, Bachelet destapó que sigue “investigando las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad” de Maduro; 205 muertes en 2018, más 37 en 2019. El “patrón” de los asesinatos han ocurrido “durante allanamientos ilegales de domicilios”, anunciados posteriormente como el “fallecimiento” debido a “una confrontación armada, aunque testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno”.
“En determinados casos, los parientes de las víctimas denunciaron que la Oficina del Fiscal General se había negado explícitamente a iniciar investigaciones” contra los presuntos homicidas. “La mayoría de las víctimas vivía en barrios pobres y había participado en protestas antigubernamentales. Me preocupan particularmente los informes que indican que las operaciones de este tipo se utilizan como una forma de represalia e intimidación”, afirmó Bachelet.
También “documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza”, durante el “auge de las protestas … en los dos primeros meses de este año. Prometió “información detallada al respecto”, para la próxima sesión de éste Consejo en junio venidero.
El representante de Maduro en este Consejo salió el cruce y sostuvo que “han sido miles las manifestaciones pacíficas que se han realizado en Venezuela desde 1999 … sin armas. Pero diferenciamos este derecho constitucional, de actos vandálicos y criminales … promovidos por un sector violento de la oposición, financiados desde el exterior. Quemaron personas vivas y destruyeron innumerables bienes públicos y privados”, aunque los supuestos hechos y autores, la identificación de cadáveres, destrucción de bienes, fechas, lugares, circunstancias, y procedimientos judiciales, no fueron revelados.
Sin embargo, el embajador de Maduro prefirió utilizar la mayor parte de su tiempo de palabra, pormenorizando las “ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas y la guerra económica desatada contra mi país”. Enumeró 35, desde 2014. Acusó al Citibank de negarse “a recibir fondos … para la importación de 300 mil dosis de insulina, para pacientes con diabetes”. Añadió los bloqueos de 9 mil millones de dólares para el tratamiento de 15 mil pacientes, y 400.000 kilos de alimentos, sumados al congelamiento de 7000 millones de dólares en activos por parte de la Administración Trump, en perjuicio de una empresa de Venezuela.
El funcionario alzó el tono y acusó a Estados Unidos de “terrorismo de Estado” en el “artero ataque multifacético de sabotaje contra nuestro sistema eléctrico nacional”, cuyas pruebas se prometieron que serian presentadas en la ONU, las que brillaron por su ausencia. Para Bachelet el sintomático apagón “simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país. La escasez de agua y gas natural y el colapso del transporte público también siguen afectando a muchas personas; esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales”.
La Alta Comisionada había además consignado que “esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017” y que le “preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta del petroleo venezolano en Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población”.
Por otra parte, el delegado de Maduro tildó “los recientes desplazamientos de venezolanos al exterior” de “coyunturales” y coincidentes “con la imposición de las medidas coercitivas unilaterales”. Deslizó que “mediante el Plan de Vuelta a la Patria” han retornado 13.280 venezolanos, cifra irrisoria frente a los 3.600.000 venezolanos que han huido de la violencia y el empobrecimiento, registrados por la ONU.
María Alejandra Aristeguieta, representante del Presidente interino Juan Guaidó en Ginebra, consultada por WhatsApp, agradeció a la Alta Comisionada “su primer informe y en particular que haya hecho un llamado a evitar las represalias para quienes se hayan entrevistado o hayan intentado entrevistarse con el equipo técnico que se encuentra ahora en Venezuela”, preparando una eventual pronta visita de Bachelet al país, invitada por Maduro. No obstante matizó que al evocar “la crisis económica y social” y el “deterioro de los derechos económicos y sociales”, deja entrever que no es por las sanciones, pero no surgen responsables, y hubiera sido deseable que ese punto no quedara en el aire, porque la crisis no sucede por magia”.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
