La ONU cerrará el caso sobre la desaparición del argentino Santiago Maldonado Última foto de Santiago Maldonado con vida.

La ONU cerrará el caso sobre la desaparición del argentino Santiago Maldonado

“Lo que procede cuando una persona aparece, viva o muerta, es cerrar o discontinuar la acción urgente”. Con todo, debe esperarse hasta tener “la certeza de que el cuerpo encontrado en realidad corresponde al de la persona desaparecida, lo que ocurre cuando se identifica plenamente y se tiene esa certeza”, explicó una fuente autorizada en la ONU. Anunció así el pronto cierre del expediente, aguardando que la Argentina esclarezca lo sucedido a Santiago Maldonado, un joven artesano residente en El Bolsón, enclave austral en la provincia patagónica de Río Negro, de lo que fuera el mundo hippie y del exilio interno de los años 70 en Argentina.

“Una vez que se tiene la certeza de su identidad, jurídicamente cesa la desaparición y ahí procede bien cerrar o discontinuar la desaparición forzada”, reiteró esta fuente. Puntualizó que “los peticionarios”, que pidieron la intervención del Comité sobre Desapariciones de la ONU, concretamente la familia Maldonado, “tienen que informar oficialmente y el Comité evaluar los escritos”, incluyendo un informe de las autoridades argentinas, y subrayó que los expertos “somos más lentos y formales y las decisiones vienen después de que en la prensa ya tienen las cosas claras”.

Al propio tiempo, “Santiago Andrés Maldonado fue identificado positivamente primero por los familiares al reconocer una decena de tatuajes en el cuerpo. Esto se hizo en un intervalo durante la autopsia el 20 de octubre en la Morgue Judicial de la Nación”, en Buenos Aires, reveló uno de los intervinientes en el control del procedimiento.

“Una hora después, mientras continuó la autopsia, se recuperaron dactilogramas del “guante epidérmico” (la capa externa de la piel que no se había desprendido completamente de las manos), se obtuvo un calco capilar indemne y fragmentos de otros, lo que permitió, además, identificarlo dactiloscópicamente. Había un grupo de peritos en dactiloscopia en la autopsia que trabajaron en paralelo. El juez Gustavo Lleral estuvo presente”, afirmó esta persona que asistió a las diligencias para identificar el cadáver de Santiago Maldonado.

Dijo también que “están pendientes estudios para saber causa, manera de muerte y tiempo del cuerpo en el agua”. Se debe recordar que el cadáver de Maldonado fue encontrado flotando en el río Chubut el 17 de octubre pasado, en la patagónica provincia de Chubut, donde las temperaturas eran las más bajas para la fecha invernal de su desaparición, el 1 de agosto de 2017. Aconteció en tierras que comprara la multinacional Benetton, que los indígenas mapuches argentinos, apoyados por simpatizantes de su causa, entre los que se encontraba Maldonado, reclaman como propias, donde estaban protestando mediante una movilización reprimida por la Gendarmería, en cuyo contexto aconteciera la desaparición que nos ocupa.

Un gran acto esta semana en Buenos Aires, que reunió a más de 100 mil personas, al cumplirse el tercer mes de la desaparición de Maldonado, exigió verdad y justicia para él, y que se establezcan las responsabilidades de los órganos de seguridad del Estado, en su desaparición. A su vez, no olvidemos que mañana lunes el gobierno argentino afrontará en Ginebra el Examen Periódico Universal (EPU), la revisión de todos los derechos humanos a la que están obligados a someterse todos los Estados miembros de la ONU cada 4 años y medio, donde los países que concurran, son los encargados de pedir cuentas, criticar y hacer recomendaciones al Estado examinado, en una suerte de “juicio entre pares”. Es de prever que Maldonado no estará ausente del debate.

Precisamente 13 días antes de su desaparición, el abogado argentino Fernando Kosovsky, reclamó en la sede de la ONU en Ginebra, la elaboración de “un protocolo para el debido proceso en reparaciones adecuadas a los pueblos indígenas víctimas de crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura y desplazamientos forzados”. En esa oportunidad apuntó al “genocidio estatal contra el Pueblo Mapuche”, y solicitó “reparaciones al Estado”. Mantuvo entonces una audiencia con la Relatora de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la filipina Victoria Taupi-Corpuz, a la que alentó para que pida al gobierno argentino del Presidente Mauricio Macri, tomar medidas urgentes.

La urgencia se debe a que la Ley 26.160 de 2006, para la regularización de la posesión y la titularidad de tierras revindicadas por las poblaciones indígenas con personería jurídica, “no se cumplió y vence en noviembre de 2017”. La norma podría renovarse si lo dispusiera el Congreso argentino y de tal modo mantener “la emergencia de la posesión y propiedad comunitaria indígenas -constitucionalmente reconocidas en 1994-”, que “prohibió los desalojos a las comunidades indígenas” y “ordenó relevar los territorios indígenas”. Sin embargo, “pasados 10 años, menos del 30% de los territorios fueron relevados”, y solo se han recuperado unas 200.000 hectáreas en los últimos 10 años, resumió el abogado Kosovsky.

Son cerca de un millón de aborígenes, originarios o autóctonos en la Argentina, sobre los casi 44 millones de habitantes. Se congregan a lo largo y ancho del país en 32 comunidades censadas y hablan unas 12 lenguas diferentes al castellano. Sus orígenes son preexistentes al nacimiento del Estado Nacional, tomando en cuenta los dos años que acogen la independencia de Argentina del colonialismo español: 1810 y 1816, cuya primera Constitución Nacional fue proclamada en 1853.

En 1885, en la llamada “Campaña del desierto” para delimitar sus fronteras, el gobierno nacional argentino llevó a cabo una represión de exterminio y asimilación de los indígenas que significó el primer indicio del genocidio para que sea reconocido por la ONU, que coronaría el ya concretado proceso de ratificación los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a los pueblos autóctonos (107 y 169), y la asunción de Declaración Universal de los Pueblos Indígenas adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2007.

Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.

 


 

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