Junta Militar 1976. Foto: AP Photo/Eduardo Di Baia Seis expertos de la ONU le advirtieron a la Argentina que la reducción de sanciones por crímenes de lesa humanidad, con “la aplicación del beneficio “2×1”, donde cada año de detención preventiva sin condena cuenta doble, “implica grandes riesgos respecto a la obligación del Estado”, de “asignar penas apropiadas y proporcionales a las personas condenadas por estos delitos”, reza un comunicado enviado al gobierno argentino, difundido en Ginebra.
“La liberación anticipada de una persona condenada por crímenes de lesa humanidad con fundamentos contrarios a los estándares internacionales, constituye un agravio a las víctimas”, argumentaron los cinco expertos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, y el Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Cabe recordar que el 3 de mayo pasado la Corte Suprema de Justicia de la Argentina declaró aplicable la ahora derogada Ley 24.390, conocida como “2×1”, para un caso de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983), pero nueve días después, tras una gran movilización nacional, el Congreso promulgó la ley 27.362, la cual dispone que el “2×1” no es aplicable para este tipo de crímenes.
Sin embargo, la Corte se apresta a emitir un nuevo fallo, y ha convocado a las partes interesadas en otro caso, para que se expresen sobre el empleo de la nueva ley 27.362, reabriendo el debate, oportunidad aprovechada por la ONU para recalcar “que, al reducir la severidad de las penas impuestas, desconociendo la específica gravedad de estos delitos, viola los principios que exigen proporcionalidad de las sanciones y podría generar una situación de impunidad de hecho”.
“La búsqueda de beneficios y privilegios para quienes han sido declarados responsables de este tipo de violaciones es difícil de entender para las víctimas y para la sociedad, y socava los esfuerzos en favor de la memoria y la reparación de las víctimas”, afirmó la ONU.
“No solo porque estos delitos son particularmente graves, sino también, porque esta decisión ocurre en un contexto donde la lucha contra la impunidad ha sido larga y difícil, y que no sólo en Argentina sino globalmente, está lejos de ser ganada”, recapitularon los expertos.
Finalizaron exhortando “al gobierno argentino a reducir la demora en los juicios por crímenes de lesa humanidad y fortalecer las instituciones que dan apoyo a estas causas”.
En datos aportados por la Argentina a la ONU en marzo de 2017, eran 2780 las personas imputadas por crímenes de lesa humanidad, de las cuales 750 estaban condenadas, 794 procesadas (inculpadas), 45 prófugos, y 467 fallecidos. De los 1044 que permanecían detenidas, 518 han pasado al régimen de “prisión domiciliaria” por razones de salud o por haber cumplido 70 años, como habilita la ley 26.472, mientras que solo 187 de los 750 condenados tienen condena firme.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
