La dirigente de la CUP, Anna Gabriel – FOTO: EFE Anna Gabriel es la sexta dirigente secesionista catalana que huye de España y busca protección en el extranjero. Afincada secretamente en Ginebra, la capital suiza de los derechos humanos, respondió a preguntas cursadas durante la noche por correo electrónico. Cuatro de sus colegas separatistas que aceptaron comparecer ante el Tribunal Supremo para responder sobre el fallido intento de independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre, están presos desde hace más de 3 meses.
Anna Gabriel no quiere correr la misma suerte y justificó sin embagues no haber concurrido hoy a la convocación ante el juez Pablo Llarena en Madrid. Explicó que decidió ”no comparecer a la citación del Tribunal Supremo español por varios motivos. El primero, porqué no es el tribunal competente de acuerdo con la propia legislación española, y en este sentido hemos presentado recurso de competencia”. Y “en segundo lugar, porqué no hay garantías de un proceso ni de un juicio justo: la investigación a cargo de la Guardia Civil no aporta ninguna prueba de los delitos que supuestamente se imputan, sinó que a partir de elementos como recortes de prensa reproducen declaraciones públicas efectuadas en tanto que parlamentaria”.
Profesora de derecho nacida en 1975, diputada radical independentista y anticapitalista en el Parlamento de Cataluña entre octubre de 2015 y octubre de 2017 por la “Candidatura de Unidad Popular”, la CUP, formación considerada de extrema izquierda, de la cual Anna Gabriel fue su portavoz, añade en cuanto a la actitud respecto a ella y su corriente política de la máxima autoridad judicial española, que “no concurren los elementos esenciales del tipo de los delitos supuestamente atribuídos como por ejemplo el uso de las armas y la violencia, cuando no ha habido ni un solo episodio de violencia por parte de independentistas en ningún momento. Aún así, el juez y la sala de lo penal del Tribunal Supremo siguen emitiendo resoluciones basadas en los posicionamientos o creencias políticas de las acusadas y en el supuesto peligro de brotes violentos para justificar su encarcelamiento”.
Sin embargo, Anna Gabriel desestima por ahora formalizar un pedido de asilo en Suiza o en otro país europeo. Sostiene que “de momento pretendemos que el proceso judicial termine en un archivo de las actuaciones, con la liberación de los presos políticos y que por lo tanto no haga falta pedir asilo político en ningún país”. Pero advierte que “mientras el Estado español continue vulnerando esos (nuestros) derechos, nuestra obligación va a ser la de denunciarlo. No estamos solo actuando en base a situaciones individuales, sinó que la defensa de los fundamentos básicos de la democracia debería ser un compromiso colectivo permanente”.
De inmediato, enumera pruebas “sobre las graves vulneraciones de derechos civiles y políticos que se están produciendo en Cataluña y en el estado español desde el pasado mes de septiembre en el marco de las operaciones … contra el referendum de autodeterminación”. Expone que “durante estos meses hemos podido asistir al encarcelamiento de los portavoces de dos de las principales organizaciones civiles catalanas, además del de varios consejeros del antiguo Gobierno catalán. También han sido investigados y encausados hasta más de 900 personas más, incluyendo más de 700 alcaldes, … (y) maestros, policías y ciudadanos diversos por el mero hecho de participar en la votación del Referéndum que tuvo lugar el primero de octubre. Especialmente grave es la situación en la que se encuentran los profesionales de los medios de comunicación que han recibido más de 140 agresiones por parte de manifestantes de la extrema derecha españolista”. Deduce que “a nuestro entender, lo que debería estar bajo investigación no es la actividad política de cargos electos que representan a la voluntad popular, sinó la actuación del poder ejecutivo y del poder judicial españoles delante de un conflicto de carácter netamente político”.
Dicho conflicto, a ojos de Anna Gabriel, trae acarreado que “no sólo estamos ante el encarcelamiento de dirigentes catalanes, sinó ante una situación en la que la suspensión de derechos civiles y democráticos fundamentales afecta al conjunto de la sociedad catalana. El Estado español ha emprendido un camino de represión política no sólo contra el independentismo, sinó contra el conjunto del tejido democrático catalán, favorable a un referéndum de autodeterminación para resolver un conflicto de tipo político y democrático”.
Anna Gabriel entra en detalles y sostiene que “desde la intervención del ejecutivo español para aplicar el artículo 155 de la Constitución española, deponiendo todo el gobierno y a todo el Parlamento catalanes de sus funciones, a nuestro entender (es) una medida también ilegal de acuerdo con su propio ordenamiento jurídico, la situación de la autonomía catalana no es sólo censurable para el soberanismo, sinó también para cualquier formación política democrática”.
Anna Gabriel critica sin piedad al “Tribunal Constitucional (que) ya no sólo prohibe, anula o suspende leyes de todo tipo aprobadas por amplias mayorías del Parlamento Catalán, sinó que le impide incluso elegir al Presidente y al Gobierno de acuerdo con los resultados de unas elecciones que convocó el Gobierno español para que las ganara el constitucionalismo, en palabras de su propia ministra de defensa, María Dolores de Cospedal”.
Anna Gabriel concluye que, “por todo ello (ahora) en Cataluña se está dirimiendo una apuesta o bien por un estado centralizado con derechos políticos, civiles y sociales suspendidos e ideologías perseguidas, u otro proyecto político de recuperación de derechos políticos, cívicos y sociales fundamentales. Para nosotros, este proyecto de recuperación de derechos, es un proyecto de recuperación de soberanías que pasa por la construcción de una nueva república inclusiva y abierta al resto de pueblos del mundo. No es una lucha particular, sinó que tenemos mucho en común, con otros pueblos de Europa y del mundo”.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
