Baltasar Garzón en la tormenta del ciberespionaje Baltazar Garzón – Foto: Miguel Bueno, FIFDH.

Baltasar Garzón en la tormenta del ciberespionaje

Entrevista exclusiva a Baltasar Garzón.

El ex juez español parece escapar a la nostalgia de las intensas experiencias de antaño, que suelen persistir como el lugar al que no se puede volver. Sus glorias de magistrado han sido relegadas a los recuerdos por los once años de expulsión de la magistratura que le han decretado en su país. Aquel esplendor ha cedido el paso a una práctica original de la abogacía, y a la cooperación con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Estados. Con un brazo escayolado por una súbita tendinitis, y luego de un vuelo transatlántico para intervenir en un debate sobre la cibervigilancia en el Festival del Film y Foro Internacional sobre Derechos Humanos en Ginebra, Baltasar Garzón pasa revista al fenómeno de los “lanzadores de alerta”, y a ciertos hechos relevantes de su presente y pasado.

P. La cibervigilancia viola el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Es compatible el respeto a la vida privada con la seguridad del Estado? ¿Puede haber un punto de equilibrio?

R. Creo que debería de haberlo (el punto de equilibrio). La seguridad del Estado es un bien que la sociedad debe de tener, pero cuando coincide con la propia seguridad democrática de los ciudadanos. Evidentemente nunca se puede utilizar la seguridad del Estado en contra de los ciudadanos. Ya hemos tenido demasiados ejemplos a lo largo de la historia de que cuando eso se hace la diferencia entre la democracia y un sistema autoritario, una dictadura, es mínima, y se suele romper, aun cuando se refiera a países de larga tradición democrática. Por tanto, claro que el equilibrio existe. Lo importante es no quebrantarlo como ha sucedido en estos casos (de los “lanzadores de alerta”).

P. ¿Qué rol podría jugar la ONU para encuadrar la cibervigilancia masiva, y fijar criterios que protejan la esfera privada de las personas?

R. Si las Naciones Unidas a través de su Consejo de Seguridad, o de la Asamblea General, tuviera una regulación diferente, podríamos llegar a un interesante encuentro. Pero me temo que el derecho de veto en el Consejo de Seguridad lo va a hacer bastante difícil, porque hay muchos intereses económicos en juego, de grandes empresas y de los países en cuestión, los más poderosos. Eso me lleva a la necesidad de abogar por el cambio de la normatividad de Naciones Unidas, que ya, después de su creación, es tiempo que se produzca. Pero, aparte de lo dicho, sí creo que se puedan encontrar fórmulas para limitar el uso de internet o la interceptación de las comunicaciones cuando, lógicamente, tengan una trascendencia ilícita.

P. ¿Eso lo podría hacer la ONU?

R. Si los demás ratifican… los países integrantes ratifican esa normativa, el Convenio se ratifica y es derecho interno en cada país, por supuesto que sí, pero cada país puede hacer lo propio, estableciendo, por ejemplo, como delictiva cualquiera de esas prácticas, y exigir el cumplimiento cuando vengan desde el exterior, de otros países.

P. ¿Edward Snowden le pidió consejos para su defensa frente a la persecución de Estados Unidos?

R. No. Inicialmente se planteó la posibilidad de que yo defendiera los intereses de Snowden pero yo tenía todo el esfuerzo de mi despacho en la defensa de Julián Assange y de Wikileaks y entendí que era mejor que hubiera defensas separadas, y así se hizo.

P. ¿En qué términos está Ud. asumiendo la defensa de Assange?

R. Asumí la defensa de Julián Assange probono, es decir gratuitamente porque creo que la situación en la que se encuentra desde entonces hasta ahora (dos años), es de absoluta indefensión e injusticia. La acusación que se le hace desde Suecia (violación sexual de mujeres) es desde nuestro punto de vista inconsistente. Nunca hemos rehuido esa posible responsabilidad y lo único que hemos pedido es el respeto del asilo acordado a Assange por Ecuador, un derecho fundamental. Una vez satisfecho ese derecho al asilo, se podría abordar el problema que se ha producido en Suecia. Claramente la acción parcial por parte de las instituciones (suecas) hace muy difícil que haya un juicio justo.

P. Ud. dejó entender que habría elementos confidenciales o secretos en el expediente de Assange que se desconocían públicamente que permitirían exculparlo en Suecia, ¿a que pruebas se refería?

R. No. En el procedimiento sueco, pues lógicamente, hay elementos que ni siquiera nosotros conocemos porque formalmente no hemos tenido acceso al mismo, pero simplemente el propio desarrollo de los acontecimientos desvelarían, como digo, la falta de consistencia de la acusación.

P. Ud. ha sido de alguna manera sancionado por querer investigar los crímenes del franquismo…

R. ¡Dos años suspendido por interpretar la ley en el sentido de que había que investigar los crímenes franquistas como crímenes de lesa humanidad! Sigo creyéndolo. En mi favor, digamos, los diferentes organismos de Naciones Unidas como el Comité de la desaparición forzada de personas, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones y el Relator de verdad, justicia y reparación están en la misma línea, y, afortunadamente, en Argentina, todavía está la última esperanza, ha abierto un procedimiento en investigación de los crímenes franquistas.

P. El parlamento español acaba de abrogar la ley de jurisdicción universal contra los crímenes de lesa humanidad, los genocidios, la trata y la mutilación genital, que permitía a la justicia española conocer delitos cometidos en el extranjero independientemente del lugar donde fueron cometidos, y de la nacionalidad de los delincuentes o las víctimas, ley que le permitió a Ud. ordenar detener a Pinochet el Inglaterra. ¿Cuál es su reacción?

R. Para vergüenza de todos los españoles y del mundo entero el Partido Popular (PP) ha impuesto su mayoría absoluta (en el parlamento) aprobando una ley que ofende a la soberanía popular y que, desde luego, combatiremos hasta las últimas consecuencias en todos los foros nacionales e internacionales porque deja desamparadas a las víctimas de los crímenes más trascendentes en contra de las mismas como son crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad.

P. Ud. ha sido inhabilitado en España a ejercer sus funciones de juez por once años por haber autorizado grabaciones en la cárcel entre los responsables de un resonante escándalo de corrupción que afecta al gobierno del PP, el caso Gürtel, y sus abogados. La Asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (MEDEL) le ha pedido a vuestro gobierno que lo indulte, pero el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial de su país, lo desaconseja. ¿Hay un encarnizamiento contra Ud. por parte de un sector de la dirigencia española?

R. La verdad es que me interesa bastante poco. No le presto demasiada atención, aunque dicen que me desentiendo de ello. No. Lo que ocurre es que hay una sentencia, bastante carga ya tengo con esa sentencia, y legalmente no es necesario ni puede serlo el supuesto arrepentimiento; y yo no he pedido el indulto en ningún momento. He reconocido que MEDEL lo había solicitado, más de 15 mil jueces europeos y fiscales insisten en que eso debería de producirse pero, realmente, no me ocupa demasiado tiempo…

P. Ud. acata pero discrepa…

R. Yo he asumido la legitimidad del proceso judicial español, como no puede ser de otra forma, lo que ocurre es que he dicho que no comparto para nada la sentencia. Fue una sentencia creada ex-profeso para la persona y probablemente con argumentos ya preestablecidos.

P. Ud. participa en el esclarecimiento de los crímenes del Plan Cóndor, la coordinación represiva en el Cono Sur de las dictaduras de los años 70. ¿En que consiste su actuación?

R. Yo no estoy interviniendo, lo que ocurre es que dentro del centro que yo presido que es el FIBGAR, Pro-Human Rights and Universal Jurisdiction, categoría 2 de la UNESCO, uno de los programas que estamos desarrollando es precisamente el referido a Cóndor y a la coordinación de esfuerzos para obtener los archivos y en ese sentido coordinar con los fiscales que, en los diferentes países, están investigando.

P. Ud. se ha reunido con los fiscales…

R. Sí, claro que sí. Cada uno de los países está trabajando y el objetivo es precisamente conseguir establecer los mecanismos para que toda la información se pueda poner a disposición de los diferentes fiscales…

P. ¿Que países están colaborando?

R. Argentina, está Uruguay, Paraguay también, queremos que se incorpore, y por supuesto Chile y Brasil.

P. ¿Cuál es la enseñanza a 10 años del atentado del terrorismo islámico del 11 de marzo de 2004 en España, que dejó más de 200 muertos y 1500 heridos?

R. Diez años después se ha ratificado que fue uno de los peores atentados en la historia de España, el peor atentado, que fue terrorismo djihadista, y que España con la misma ley y con todas las garantías juzgó a los responsables y hubo una sentencia, y creo que esa es la enseñanza, que desde el Estado de Derecho se puede combatir al crimen, se puede combatir al terrorismo. También la enseñanza es que la coordinación entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las demás instituciones como la Justicia y como todas aquellas que de una manera u otra se vieron implicadas, deben mejorarse día a día. Y que las víctimas, sean de este atentado, sean de cualquier otro, son siempre víctimas y no debe de haber diferencias entre las mismas.

Juan Gasparini.

 


 

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