El juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan han pedido a Suiza los datos de diez cuentas en cuatro bancos locales, atribuidas a Lázaro Báez, sus cuatro hijos (Leandro, Luciana, Martín y Melina), dos de sus colaboradores (Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín) y a la financiera de Lugano, “Helvetic Services Group”, “gerenciada” por el ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, residente en Suiza, indica un exhorto admitido a trámite por las autoridades federales en Berna. Quizá no es casual que el clan Báez haya utilizado tres de las instituciones financieras que paralelamente se han destacado en los escándalos brasileros de la petrolera Petrobras y de la constructora Odebrecht, por los que Suiza tiene bloqueados 800 millones de dólares en unas 1000 cuentas; los bancos Lombard Odier, J. Safra Sarasin y PKB.
La solicitud de ayuda judicial argentina busca “completar acabadamente el circuito de lavado de dinero ilícito de Lázaro Antonio Báez”, gracias “una maniobra de fraude fiscal mediante la facturación apócrifa y empresas fantasmas”, que fue “llevada a cabo con la participación y la complicidad y/o encubrimiento de las máximas autoridades del organismo federal de recaudación de impuestos (AFIP), por lo que podría estarse ante un supuesto de corrupción y criminalidad organizada”. El exhorto pone en la mira a dos altos cargos del fisco en el gobierno precedente: Ricardo Echegaray y Ángel Rubén Toninelli.
A su vez informa de la denuncia efectuada por “parlamentarios federales … que Báez y otro reducido número de empresarios que realizaban negocios con el estado, formaron una asociación ilícita junto a importantes funcionarios públicos (entre los que se destaca el ex-presidente Néstor Carlos Kirchner) a través de la cual recibieron millonarios negocios por parte del Estado a cambio de sobornos”.
Precisando el papel jugado por Lázaro Báez, la comisión rogatoria afirma que “la sospecha sobre el origen de esos fondos aparece expuesta claramente a partir de la fundamental actividad económica del principal imputado hasta ahora (la construcción), gestada a consecuencia y/o con estrecha relación de sus conocidos vínculos (personales y comerciales)”, con los ex-presidentes Néstor y Cristina Kirchner, “y de la múltiple y millonaria obra pública que le fue adjudicada a lo largo de los mandatos de ambos, a partir de la cual habría dejado de ser empleado bancario para convertirse en un empresario contratista del Estado”.
Interesados en “reconstruir los eslabones intermedios de la cadena de blanqueo”, es decir “los momentos posteriores a la clandestina fuga del dinero hacia el exterior y previos a que parte de ese dinero retornase en forma velada para ser incorporado al patrimonio de Lázaro Báez”, los magistrados solicitan a Suiza las pruebas documentales de una presunta cuenta de Lázaro Báez en el banco PKB de Lugano, con el seudónimo de “messier 31”. Como se ha dicho, ese banco se haya implicado en el tráfico de coimas de Petrobras y Odebrecht que sacuden Brasil, siendo investigado por las autoridades suizas de vigilancia bancaria (FINMA).
Casanello y Marijuan también requieren la notificación de otras cinco cuentas en el banco J. Safra Sarasin de Ginebra, que tendrían como beneficiarios a los cuatro hijos de Lázaro Báez (Leandro, Luciana, Martin y Melina), tres de ellas bajo cobertura de las compañías panameñas “Foundation Kinsky”, “Tyndall Limited Inc” y “Fromental Corp”, y las dos restantes a nombre de la sociedad española “Wodson International SA”, controlada originalmente por la suiza “Helvetic Services Group”.
El reclamo de documentación bancaria de cuentas se extiende a otras cuatro. Dos en el Banco Lombard Odier de Ginebra, cuyos titulares serian la “offshore” de utilería “Teegan Inc”, “constituida en Belice y radicada en Panamá”, y la instrumental panameña “Tyndall Limited Inc.” Una tercera remitiría al Citibank de Ginebra, con la titularidad de la panameña “Redwood Associates Corp”, y por último una cuarta de la omnipresente “Helvetic Services Group”, con cuenta en el ya mencionado J. Safra Sarasin de Ginebra.
Parte de los fondos que habrían circulado por Suiza “fue ingresado y blanqueado“ en Argentina con la intervención activa de la firma suiza “Helvetic Services Group” y de Néstor Marcelo Ramos, mediante la adquisición en la Confederación Suiza, a través del Banco J. Safra Sarasin, de títulos de la deuda pública argentina”, por 32.800.000 de dólares que fueron luego liquidados “en las cuentas bancarias” en Argentina de “Austral Construcciones SA”, la principal empresa de Lázaro Báez, consigna el exhorto.
Relacionada con estos hechos, Suiza abrió una investigación penal en 2013. Localizó 22.000.000 de dólares depositados en los bancos de Ginebra Lombard Odier y J. Safra Sarasin por “sociedades emparentadas con la familia Báez”, y se enumeraron diez cuentas, cinco de las cuales habrían pertenecido a los cuatro hijos de Lázaro Báez. No obstante, el caso se archivó en 2014 al no poderse “determinar si los fondos eran de origen corruptivo”, y tras conjeturar respecto a una supuesta pero en realidad inexistente “falta de mérito” en el procedimiento argentino por lavado de dinero, evidentemente un error. Sin embargo, Casanello y Marijuan dan vuelta la página sobre los desencuentros con Suiza y urgen ahora recibir “copias certificadas” de “los testimonios de los representantes legales” de esos dos bancos, recabados entonces por la fiscalía suiza.
Cabe agregar que el pasado 8 de junio, los magistrados argentinos se reunieron en Berna con funcionarios suizos para desbloquear la ayuda judicial. La comisión rogatoria que acaba de formalizar Argentina sería el primer paso acordado con Suiza. Debería seguir el pedido de extradición de Néstor Marcelo Ramos, por los delitos de fraude fiscal y lavado de dinero, con base en la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por los dos países.
Juan Gasparini, autor de “La bóvedas suizas del kirchnerismo” (Sudamericana, 2013)