No debe pasar desapercibida la reciente nominación del ex magistrado Gabriel Cavallo, como flamante abogado de Ernestina Herrera de Noble, propietaria del grupo Clarín, bajo sospecha de una irregular adopción de dos bebes durante el último régimen militar.
Catapultado a la fama por su desempeño en la causa de los sobornos del Senado de la Nación, encontrarán una reseña de su carrera de juez de instrucción en mi libro La injusticia federal, publicado en abril de 2005, cuya consulta pública es accesible en este sitio.
En ese libro quedó demostrado que Gabriel Cavallo, para obtener la promoción a camarista, obstruyó el avance de la investigación penal mientras fuera responsable de instruir la «coima De la Rúa”, entre el 19 de febrero de 2001 y el 17 de agosto de 2001, dejando sin resolver la situación de los principales imputados (José Genoud, Fernando de Santibañes y Mario Alberto Flamarique).
Nada menos que la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, lo afirmó sin ambages: «el juez Cavallo fue ascendido a camarista con el voto de los senadores que estaba investigando”, cargo que obtuvo «pese a que otros candidatos consiguieron mejor calificación al concursar por el puesto en el Consejo de la Magistratra” (La Prensa, 29 de octubre de 2001).
En efecto, durante su mandato de juez federal Cavallo logró que cambiaran el orden que arrojaba la mayoría de los exámenes, pasando a ocupar el primer lugar de una lista por jerarquía «alfabética”, acomodándose a la exigencia que había planteado el presidente De la Rúa de mandar al Senado para aprobación a quien, por mérito, encabezara la terna.
Cavallo no definió cargas penales contra nadie en las diligencias del sonado cohecho en la Cámara Alta, y alejó toda posibilidad de esclarecer los patrimonios de los senadores imputados. Entorpeció la acción de los fiscales, Eduardo Freiler y Federico Delgado, apartando del expediente a Rafael Bielsa, responsable de la SIGEN, todos decididos a seguir la pista del dinero mediante la auditoria de las cuentas de la SIDE, y la desclasificación de documentos secretos.
Sin embargo, gracias a la confesión dos años después del arrepentido Mario Pontaquarto, y en virtud de la encomiable labor del nuevo instructor, Daniel Rafecas, pudo elevarse el procedimiento a juicio oral, sobre la base de las pruebas ya existentes en épocas de la actuación de Cavallo, cometido en el que pudo haber progresado y no lo hizo.
Su conducta de doble discurso, de independencia hacia los medios de comunicación, pero de complicidad para con el poder de turno, se vio al parecer manifestada en la excarcelación que ordenara el 7 de noviembre de 2001 en favor de doce genocidas de la ESMA y de otros seis de los centros clandestinos de la dictadura implantados en Santa Fé, solicitados en extradición por el juez español Baltasar Garzón, represores que no podían ser juzgados en Argentina por las leyes de amnistía vigentes en esa fecha.
Su fallo del 6 de marzo de 2001, que decretaba inconstitucionales tales leyes, supuestamente careció de jurisdicción al producirse en un caso de despojo y apropiación ilegal de una menor, hechos no cubiertos por esas normas, en apariencia tergiversando un Amicus Curiae del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pidiendo esclarecer el secuestro y desaparición de los padres de aquella víctima, crímenes sí cubiertos por las mentadas leyes.
Quien tiró abajo las leyes fue la Cámara Federal de Buenos Aires, en el entendido que fueron inútiles al ser adoptadas con posterioridad a la ratificación por parte del Estado de instrumentos que las prohibían (la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y la Convención internacional contra la Tortura) subsanando así la presunta falta de Cavallo. El Amicus Curiae del CELS, retomado por tres prestigiosas ONGs a nivel mundial (Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas), fue desestimado por la Cámara Federal.
El 29 de junio de 2007, la Cámara Nacional de Apelaciones declaró nulo el sobreseimiento que dictara Cavallo en beneficio del juez instructor de la voladura de la AMIA, Juan José Galeano, destituido por haber construido una hipótesis falsa del atentado. Luego de haber expulsado al ministro de Justicia, Gustavo Beliz en 2004, el gobierno de Néstor Kirchner desactivó dos proyectos de enjuiciamiento contra Gabriel Cavallo, por su participación en el caso Blumberg, y por el papel jugado en el escándalo del Senado y su asenso a camarista.
Desde el 31 de diciembre de 2007, Cavallo se dedica a la actividad privada: financista, periodista de ocasión, e integrante de la sociedad que explotaba el diario Crítica de la Argentina, hoy en día con todos sus trabajadores en la calle y cerrado al público.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
«Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa; el resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto y, por lo tanto, molestar. Tiene fuentes, pero no amigos», Horacio Verbitsky.
