La tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, prohibidos por la Convención internacional en la materia, han provocado la decisión del Tribunal Constitucional del país de clausurar un establecimiento penitenciario en octubre próximo si no hay mejoras evidentes, y emplazar al gobierno a resolver la situación de otras seis prisiones en tres años, casos evocados esta semana por el Comité contra la Tortura de la ONU, ante el que compareció Colombia en Ginebra.
La delegación colombiana admitió la gravedad que revelan las cifras oficiales. Una población carcelaria de 117.000 personas (un 53% más del cupo de los penales), con reclusos en gran parte sin condenas firmes, de los cuales 3767 en prisión preventiva, donde imperan regímenes de aislamiento abusivos, dan cuenta de una crisis del sistema basado exclusivamente en la privación de la libertad, que se ha convertido en la práctica de una tortura permanente, a ojos de la Convención.
Marcela Abadía Cubillos, alto cargo del Ministerio de Justicia, reconoció en la audiencia que la solución no es el encerramiento, salvo para condenados por delitos graves, ni en la construcción de más centros de reclusión, sino en pensar alternativas en torno a una política diferente, de la que adelantó, a modo de ejemplo, que los consumidores de drogas no deben ir presos, pero descontando la necesidad de crear 12 mil nuevas plazas para paliar el hacinamiento actual.
Pese a que el Estado evalúa reformar su política carcelaria, alarmaron otros indicios revelados en el examen de Colombia por los diez expertos independientes que integran el Comité contra la tortura de la ONU, como las dificultades o la imposibilidad para los detenidos de denunciar que suelen ser torturados, y la insuficiente atención médica en los penales.
Las deficiencias internas para solucionar estos problemas, han llevado a un colectivo de organizaciones no gubernamentales, liderada por la Comisión Colombiana de Juristas, a proponer que Colombia ratifique el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, que habilita las visitas sorpresivas de enviados de la ONU a las cárceles, para apreciar el estado en que se encuentran y proponer remedios, una necesidad imperiosa por el acuciante momento crítico.
En ese contexto, se citó además en el debate la impunidad de facto para con la desmovilización de los paramilitares, el no esclarecimiento de la masividad histórica de las desapariciones forzadas, la criminalización de la protesta social, la ampliación del fuero militar para juzgar violaciones de los derechos humanos, lo que es contrario al estándar de Naciones Unidas, y, entre otros, los asesinatos de 730 miembros de la comunidad homosexual del país en la última década.
El presidente del Comité, Claudio Grossman, trajo a colación que la Convención prohíbe la extradición de personas que, en los países que los reclaman, corrieran el riesgo de ser torturadas (según el principio de “non-refoulement” establecido por la ONU), infracción que habría cometido Colombia el año pasado con la entrega a Venezuela de dos opositores al gobierno de Nicolás Maduro.
Se trató de Lorent Enrique Gómez Saleh y Gabriel Valles, militantes estudiantiles, integrantes de la organización antichavista “Operación Libertad”, detenidos en Colombia, supuestamente haciendo contactos políticos, luego deportados a Venezuela en septiembre de 2014 sin haber tenido acceso a un abogado. El primero de ellos estaría hoy alojado en el centro penitenciario venezolano denominado “La tumba”.
A la luz de este examen, el próximo 15 de mayo el Comité va a emitir un dictamen formulando recomendaciones a Colombia para mejorar la lucha contra la tortura.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
Fotos: Lucia Castaño, RIDH.
