México rechazó abrogar el arraigo, la medida cautelar que permite a las autoridades judiciales mantener privada de su libertad a una persona mientras se buscan pruebas para acreditar que cometió un delito; medida que organizaciones de la sociedad asimilan con la figura de la «detención arbitraria», prohibida por Naciones Unidas, de acuerdo a lo que se desprende de un documento presentado por el gobierno de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
«El Estado mexicano ha tomado nota de las observaciones relacionadas con el uso del arraigo«, responde el documento a los pedidos de Francia, Alemania, Austria y Bélgica, para que aboliera la práctica del arraigo, una respuesta que según las reglas de la ONU significa un rechazo a la solicitud.
Las recomendaciones de esos cuatro países tuvieron lugar el año pasado durante el Examen Periódico Universal (EPU) de México, un análisis sobre la totalidad de los derechos humanos que todos los Estados miembros de la ONU están obligados a someterse cada cuatro años, donde sus pares pueden pedirle cuentas y hacer requerimientos.
Lía Limón García, Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, afirmó durante la comparecencia que el arraigo en 2013 se aplicó en un 50% menos que en años anteriores, y que la cantidad máxima de tiempo en que podía una persona estar presa mientras se buscaban pruebas para imputarle infracciones penales se redujo de 80 a 30 días.
Varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que asistieron al debate, cuestionaron esta última información, corrigiendo que la reducción del lapso de tiempo del arraigo sería a 35 días, no a 30, y que la ley que lo establecería todavía no fue adoptada. Agregaron que entre 2008 y 2012, hubo 9000 casos de arraigo en México, lo cual demostraría que se trata de una práctica extendida ampliamente en todo el país.
México aceptó 166 recomendaciones de su EPU en favor de los «que sufren algún tipo de discriminación por su condición de género, raza, religión o preferencia sexual», y «las relativas a educación, derechos sexuales y reproductivos, erradicación de la pobreza, seguridad pública, inclusión social, disminución de las desigualdades, combate a la impunidad y a los estereotipos de género», precisó la Subsecretaria García.
México se decantó así sobre 176 recomendaciones que le formularan sus pares, y entre las recomendaciones no aceptadas consignó que «no resulta posible la implementación de un número muy reducido», resumió sin entrar en mayores detalles Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, en la audiencia de Ginebra.
Al respecto México señaló que no estaba «en posibilidad de implementar» la recomendación que le hiciera la Santa Sede, de «preservar y proteger la institución natural de la familia y el matrimonio como la unión conyugal entre un hombre y una mujer fundada en el libre consentimiento», y advirtió que «no existe una norma internacional que defina las características que deba ostentar la familia».
Entre las ONG que intervinieron en las deliberaciones, se destacaron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), que en una declaración conjunta le reclamaron al gobierno de México «definir nuevas estrategias de combate a las drogas basadas en el respeto irrestricto a los derechos humanos y en las premisas de la seguridad ciudadana», para «transitar a una política que se aproxime a las drogas como problema relacionado con la salud, alejada del derecho penal y más aún de la seguridad nacional».
«Estamos frente a un conflicto armado de carácter no internacional en varias partes del país», concluyeron estas dos ONG, al referirse que en la llamada guerra del narco han sido asesinadas «más de 100.000 personas», junto a «más de 150.000 personas desplazadas por motivo de la violencia y más de 25.000 personas desaparecidas tan solo en el sexenio anterior».
Estas ONG sostuvieron finalmente que, en México, «la impunidad continúa siendo prácticamente absoluta para casos de tortura, ejecuciones y desapariciones» y que «No se cuenta con sentencias de tribunales imparciales e independientes significativas de militares o civiles ni superiores jerárquicos, responsables de dichos abusos».
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
