Alta Comisionada de la ONU, Navi Pillay. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Navi Pillay, pidió que no haya amnistías en el proceso de paz en Colombia, al presentar el informe anual sobre dicho país la semana pasada en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
«… evitar encarar las violaciones del pasado mediante amnistías y otras formas de impunidad que simplemente infringen las obligaciones de derechos humanos», indica el informe, reiterando la posición de la ONU en la materia: rendición de cuentas, reparación, juicio, castigo, y cumplimiento de las penas para los violadores de los derechos humanos.
La delegación de Colombia replicó que «los diálogos de paz tienen como objetivo la terminación definitiva del conflicto» con la guerrilla, que se han desmovilizado 53.319 paramilitares, y «más de 150 mil víctimas indemnizadas en 2012, 50.000 planes de reparación integral formulados y 8 planes de reparación colectiva», por «la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras».
El informe de Pillay recalca «graves problemas de derechos humanos que continúan siendo negados o siguen sin resolverse», y resalta los 4.716 homicidios «cometidos por agentes estatales» (asesinatos de inocentes haciéndolos pasar por guerrilleros, conocidos como «falsos positivos»), precisando que solo 294 casos han llegado al «juzgamiento» o han sido «vistos para sentencia».
La ONG «Reiniciar» recordó que el gobierno de Colombia desoyó el reclamo de la ONU y de la OEA para no reformar el fuero penal militar, y estableció «un procedimiento especial… para los militares procesados por delitos comunes», quebrando el «principio de igualdad ante los tribunales de justicia», otorgándoles «un tratamiento especial y distinto a los demás ciudadanos».
La Comisión Colombiana de Juristas agregó su preocupación que la mencionada «reforma del sistema de justicia penal militar… pueda también llevar a que los tribunales militares se hagan cargo de causas que actualmente están siendo investigadas por la Fiscalía General», de la justicia ordinaria.
Al respecto, la Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO) apoyó la valoración de la Alta Comisionada, que «la extensión del fuero militar vulnera la separación básica entre los poderes necesaria para la independencia del poder judicial y el derecho de las víctimas de acceso a la justicia«.
La ONG «Misereor» resaltó que el informe de la Alta Comisionada señala «dificultades para el progreso de los derechos humanos debido a (…) impedimentos estructurales, sin avances efectivos contra la impunidad e investigación de» los paramilitares, «responsables de la mayoría de las agresiones» contra ONGs y «líderes de la restitución de tierras».
«Misereor» precisó que «en 2012 hubo 357 agresiones a personas defensoras (entre ellas 69 muertes), 49% más que respecto a 2011; y puso el ejemplo de Manuel Ruiz, líder en el reclamo de tierras, que aviso al gobierno que lo amenazaban y solo le dieron un teléfono celular «como protección», quien fue abatido junto a su hijo el 23 de marzo de 2012.
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) consignó «la práctica sistemática y generalizada de la tortura y otros malos tratos que se cometen por todos los actores armados del conflicto colombiano, sin que el Estado adopte medidas», y aseguró que de 91 casos en manos del poder judicial, «solo 10 han avanzado a etapa de juicio y aún no hay condenados».
«El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería hacer un llamamiento a Colombia para que revoque la legislación que amenaza con exacerbar la impunidad», reclamó Amnistía Internacional (AI), que condenó «la intensificación de las hostilidades contra las poblaciones indígenas», quienes han padecido la eliminación violenta de 84 de sus dirigentes en 2012.
La OIDHAC concluyó que la Corte Penal Internacional (CPI) ya estableció que «existe una base razonable para pensar que desapariciones forzadas constitutivas de crímenes de lesa humanidad han sido perpetradas por órganos del Estado colombiano», manteniendo activo un expediente, abriendo así un compás de espera para que el gobierno colombiano actúe.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
