Fernando Lugo. El Comité de Derechos Humanos de la ONU acaba de pedir a Paraguay investigar la masacre de Curuguaty que concluyó con el derrocamiento del Presidente Fernando Lugo, y las modalidades de su destitución, según una resolución que viene de adoptarse en Ginebra. El reclamo cobra actualidad de cara a las elecciones generales en ese país el próximo 21 de abril de 2013, comicios en los que el mandatario depuesto no postula nuevamente a la presidencia sino a una banca del Senado, prosiguiendo la lucha contra «golpe parlamentario» que lo sustituyó por Federico Franco.
«Asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial de la muerte de 17 personas con ocasión del allanamiento de Curuguaty el 15 de junio de 2012, así como todos los hechos vinculados que han sido denunciados por las víctimas», solicitan los 18 expertos de este Comité encargado de vigilar el cumplimiento de Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, uno de los pilares fundadores de Naciones Unidas.
«En particular torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posible violaciones del debido proceso, incluyendo el caso del adolescente condenado y de las dos mujeres en estado avanzado de embarazo en prisión preventiva», precisa el Comité sobre lo sucedido en Curuguaty, y también durante el proceso instrumentado por el Congreso para voltear al Presidente Fernando Lugo por supuesto «mal desempeño en sus funciones»
El Comité manifestó su preocupación «por las alegaciones de importantes irregularidades en el accionar del Ministerio Público, la judicatura, y las fuerzas de seguridad» en el caso Curuguaty, y «falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación desarrollados».
Al Comité le preocupan concretamente «las modalidades del proceso de destitución del ex-presidente Fernando Lugo en junio de 2012 en aplicación del artículo 225 de la Constitución, en particular los plazos en los cuales se tuvo que preparar y presentar la defensa. Todo ello representa una seria amenaza a los principios del artículo 25 del Pacto» de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
Dicho artículo indica que los Estados deben otorgar a sus ciudadanos «derechos y oportunidades» a fin de «participar en la dirección de los asuntos públicos… votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas» que sean la «libre expresión de la voluntad de los electores», y «tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas».
El Comité estima que Paraguay «debe, inclusive mediante la reglamentación del artículo 225 constitucional, garantizar que el proceso de destitución siempre se lleve a cabo con plena conformidad con los principios básicos del debido proceso, y con los principios del artículo 25 del Pacto, garantes del funcionamiento de toda sociedad democrática».
Antes de expedir su dictamen, el Comité escuchó a una delegación del gobierno, el parlamento y la Justicia de Paraguay, integrada por el Fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, la Ministra de Justicia, Lorena Segovia, el ministro de la Corte, Víctor Núñez, el vicecanciller, Antonio Rivas Palacios, y el senador, Miguel Abdón Saguier, quienes vanamente trataron de convencer a los expertos de la inexistencia de irregularidades en las investigaciones de la masacre de Curuguaty, y en la defenestración de Lugo.
Profundizando en la presunta falta de voluntad de las autoridades paraguayas para rendir cuentas de los abusos del poder político del Estado, el Comité recordó paralelamente que permanecen pendientes de esclarecimiento, «muchos de los casos de violaciones del derecho a la vida, incluidas desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, o detenciones ilegales ocurridas bajo la dictadura del General Stroessner (1954-1989) y durante el período de transición hasta el 2003».
En tal sentido, los expertos le recomendaron a Paraguay «que todos los casos de violaciones graves de derechos humanos documentados por la Comisión de la Verdad sean debidamente investigados, que los responsables sean juzgados y, en su caso, sancionados», junto al «acceso pronto y justo de todas las víctimas o sus familiares a reparaciones e indemnizaciones.
Precisaron que tales resarcimientos deben incluir «los casos de tortura –tal como la tortura psicológica- en los cuales no se pueden demostrar secuelas físicas», y que todo ello debe ir acompañado por la previsión «urgentemente en su presupuesto (de) los recursos necesarios para continuar la tarea de búsqueda e identificación de restos encontrados en el contexto de la investigación de los casos de desaparición forzada».
Por otra parte a la ONU le preocupa «la persistencia de altos niveles de violencia en contra de las mujeres» y «la falta de una ley efectiva para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia», y que perduren «estereotipos sobre el papel de la mujer en la familia y la sociedad», en paralelo a la «discriminación y marginación,… de las mujeres, las personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes y lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGTB)».
La ONU se inquieta, además, por «la criminalización del aborto, inclusive cuando sea consecuencia de una violación o incesto, lo cual obliga a las mujeres embarazadas a buscar servicios de abortos clandestinos que ponen en peligro sus vidas y su salud», al tiempo que Paraguay mantiene «altos índices de embarazos de adolescentes y de mortalidad materna», y un «número importante de niños, niñas y mujeres… siguen siendo víctimas de trata, y por la impunidad que prevalece en estos casos».
La parálisis de los tribunales con el 70% de las personas detenidas sin ser juzgadas y condenadas, el grave hacinamiento de presos en las cárceles, el aumento de la corrupción en el ámbito judicial, la proliferación de grupos armados vecinales de «seguridad ciudadana» para ejercer justicia por propia mano al margen de los órganos competentes del Estado», y la «criminalización de la difamación» que «desalienta a los medios de publicar información crítica de interés público», escandalizan a la ONU.
La falta de voluntad política para erradicar el «criadazgo» -una costumbre retrograda de ubicar niños y adolescentes en una familia ajena para «realizar tareas domésticas sin tener acceso… a la educación y a los derechos laborales»-, señalados por la ONU en la presente resolución, terminan de configurar un panorama de marcado retroceso de Paraguay en el pluralismo democrático y en el respeto de los derechos humanos.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
