Los cinco expertos independientes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria proclamaron la semana pasada en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el fracaso de las políticas de represión policial de «mano dura» en El Salvador. Los hicieron al presentar en ese foro un informe que fue objeto de un «dialogo interactivo» sobre la visita de los representantes de Naciones Unidas a dicho país en 2012. Al intervenir en el debate, el gobierno salvadoreño admitió el «resultado negativo» de tales políticas, «en cuanto a su efectividad, pero también en cuanto al respeto de los derechos humanos de la población».
«Durante los últimos siete años, la política general de seguridad pública se ha centrado primordialmente en el control y la represión policial, (y)… la detención preventiva… basada en… la mano dura (2003) y mano súper-dura (2005), (que) no ha dado los resultados esperados», constata el informe. La delegación salvadoreña abundó en la misma dirección, afirmando que «ante la ausencia de políticas con visión integral, los gobiernos no pudieron frenar la evolución de la situación de violencia e inseguridad que los grupos de delincuencia común y organizada desencadenaron en forma creciente en nuestro país».
Los expertos subrayaron el «fracaso» de las citadas políticas, y verificaron que El Salvador es «uno de los países más peligrosos de la región con un total de 27.162 homicidios entre 2005 y 2011», tras visitar «diversas penitenciarias» y «centros penales» en los Departamentos de San Miguel, San Salvador y Santa Ana, el Hospital Nacional Psiquiátrico, el Centro de Atención Integral al Migrante y la Delegación General policial de San Miguel.
La ONU precisó que «durante 2011 se cometieron 4.374 homicidios y se recibieron 3.185 denuncias de extorsiones» en El Salvador, pero agregó que «la situación habría mejorado luego de un proceso de negociación entre las pandillas o maras iniciado en marzo de 2012, que ha visto disminuir el número de homicidios diarios cometidos a cuatro o cinco por día».
El gobierno puntualizó que «la Iglesia Católica ha propiciado su intermediación a través de un dialogo con la sociedad civil dentro de un proceso de pacificación donde los integrantes de las maras y pandillas han empezado a respetar reglas de convivencia para salvaguardar la vida y la integridad de las personas». Sin embargo, dejó en claro que el Estado «no ha negociado con estos grupos, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha dado facilidades para que esta colaboración de la iglesia católica redunde en la pacificación, armonía, respeto al estado de derecho, sometimiento a la ley, por parte de los integrantes de maras y pandillas». Recalcó que «deberá entenderse entonces que el gobierno de mi país no ha cedido en ningún momento parte de su alta misión y potestad de aplicar las leyes de la república».
La ONU concluyó que «la inseguridad» es «una materia de legitima preocupación estatal», que no puede combatirse «sin la debida consideración y respeto al derecho a la libertad y a estar libre de un arresto o detención arbitrarios», e hizo un llamado a «reforzar a las delegaciones policiales en personal y equipo y fortalecer el área de investigaciones de la Policía Nacional Civil»
Recordó, al respecto, «que el principio de responsabilidad penal es siempre individual», el cual no debe olvidarse «en la aplicación de la Ley de proscripción de maras, Pandillas, Agrupaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal», y exhortó a El Salvador a no proceder «a la detención de personas por el simple hecho que familiares, amigos o vecinos estén relacionados con las maras o pandillas», y a «reforzar los programas de protección a víctimas y testigos, pero sin afectar en manera alguna el derecho a la defensa».
Los expertos criticaron «un excesivo recurso a la detención en espera de juicio», definiendo a la medida como «cautelar de excepción», a la que se debe recurrir «cuando no existen otros medios de asegurar la presencia del imputado en juicio o de impedir la alteración de pruebas», y pidieron «reforzar la recolección de pruebas científicas, periciales y documentales considerando la conveniencia de establecer un instituto técnico forense que agrupe las funciones hoy encomendadas al Instituto de Medicina Legal y a la División Técnico-Científica de la policía Nacional Civil».
Añadieron que «el derecho a ser juzgado sin demora incluye el derecho a una pronta resolución de los recursos de apelación y casación», y alentaron a que El Salvador resuelva «la situación de hacinamiento en las prisiones», y luche «contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos» y por «la recuperación de la confianza pública en la Policía Nacional Civil».
La embajadora de El Salvador, Victoria Marina Velásquez de Aviles, defendió «la nueva política de seguridad pública», que buscaría enmendar los errores del pasado, a partir de la entrada en vigor en 2011 de «un nuevo Código procesal penal, dando paso a un sistema de tipo acusatorio … en el cual se le otorga por primera vez a la Fiscalía General de la República el monopolio de la acción penal y por otra parte se abandonó el viejo modelo inquisitorio, fuente de innumerables injusticias en la investigación del delito».
La ONU reclamó particularmente «la promulgación de normas legales que regulen la detención en hospitales psiquiátricos, salvaguardando los derechos humanos de los pacientes», y una «revisión y actualización» de «la legislación de los migrantes en situación irregular, refugiados, requirentes de asilo y extranjería», disposiciones que remontan a 1958.
Sobre las personas privadas de su libertad, los expertos de la ONU instaron a que El Salvador establezca «mecanismos especiales para identificar y liberar inmediatamente a quienes han cumplido ya sus sentencias pero permanecen en detención», y solicitaron incrementar «el número de jueces de vigilancia penitenciaria a fin que puedan realizar un control efectivo de la situación judicial de los detenidos» y «elevar en lo posible el número de sentenciados a los regímenes de confianza y de semilibertad; favoreciendo el desarrollo de espacios de reinserción».
«Favorecer las visitas a los centros penales y centros de detención de las organizaciones no gubernamentales» y «respetar los plazos perentorios de 72 horas para conducir al detenido ante un juez, de 72 horas para convocar a la audiencia inicial y de seis meses para culminar el proceso judicial», fueron, entre otras, las líneas de acción recomendadas por la ONU, en el marco de un «recurso de habeas corpus que resulte realmente efectivo», un recurso que si bien existe en la legislación salvadoreña, merecería un nuevo «diseño» porque su forma actual «no parece funcionar normalmente en la práctica».
La ONU espera que El Salvador ratifique diversos instrumentos de Derechos Humanos, como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Totora y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes», adoptado en 1989. Este último define la necesidad de acuerdos previos e informados con las poblaciones autóctonas sobre el uso y explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras ancestrales.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
Anticipo exclusivo, Contrapunto, El Salvador, 5-3-2013.
