Afiche de Madres de Plaza de Mayo LF Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. La obstinación es, quizá, la única cualidad humana que vale no sólo en el oficio de policía, sino en multitud de profesiones, al menos, en todas aquellas que tienen que ver con la noción de verdad, Michel Houellebecq, El mapa y el territorio, Anagrama, 2010.
El inicio del segundo juicio oral por las atrocidades cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el emblemático campo de concentración de Buenos Aires implantado durante la última dictadura militar (1976-1983), donde asesinaran a 5000 detenidos, abarca el expolio de bienes a desaparecidos. Entre ellos se destaca el robo de terrenos por 20 millones de dólares en Chacras de Coria, Mendoza, quizá la más importante apropiación forzada cometida por el régimen de las Fuerzas Armadas, al margen del escándalo Papel Prensa.
El enjuiciamiento en perspectiva para los autores del saqueo manifiesta la intención de condenar a un puñado de ex represores, sobre quienes pesan enormes acusaciones, dejando de lado a los socios civiles, participes necesarios en los hechos. El polémico procedimiento constituiría la mayor violación al derecho a la verdad desde que la Argentina recuperara la democracia en 1983. Entretelones del sumario revelan que la corrupción parece haber contaminando el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad.
La trama
La vista oral que comienza este miércoles en la sede de los tribunales federales de Buenos Aires va a probablemente sellar la historia de varias resoluciones adoptadas en el curso de la instrucción penal por el pillaje en Chacras de Coria, llevado a cabo por los paramilitares de la ESMA y sus correligionarios civiles. Esos veredictos le reconocen participación en Cerro Largo SA, sociedad titular de la tierras, al desaparecido Conrado Gómez. Presuntamente a partir de declaraciones de uno de sus hijos, la justicia le confiere implícitamente derechos de propiedad al extinto padre, pese a no haber sido accionista de la empresa. Los fallos vulneran el derecho a la verdad, una norma impulsada por la diplomacia argentina en Naciones Unidas. (1)
La denuncia
El informe de la CONADEP certifica que el dueño original de los mentados bienes fue Victorio Cerutti, accionista fundador y vicepresidente de Cerro Largo SA, compañía propietaria de las tierras. Miembros del Grupo de Tareas de la ESMA lo secuestraron entre el 11 y 12 de enero de 1977, junto a su yerno, Omar Masera Pincolini, a su vez gerente de la sociedad; y a Horacio Palma, accionista y presidente de la explotación. Con anterioridad fue apresado Conrado Gómez, «asesor profesional» de Cerro Largo SA. (2)
Uno de sus hijos, Federico Gómez, se presentó años atrás en tribunales para exigir reparación, alegando la pérdida sufrida por su difunto padre en Cerro Largo SA, sin que hubiera sido accionista de la firma. No obstante, los magistrados entonces al mando de las diligencias convalidaron su aspiración por la probable coincidencia de las cercanía en el tiempo de las detenciones ilegales de estas personas, todas ulteriormente asesinadas, haciendo la amalgama con que estuvieran relacionadas por un mismo grupo económico, incluyendo el papel de abogado o asesor de la empresa que se le atribuye a Gómez, un vínculo sobre el que no se ofrecen pruebas documentales en lo que laudara el fuero federal en los dictámenes antes referidos.
«Según el testimonio de diversas fuentes», no identificadas en los escritos aquí puestos en crisis, la fortuna de Gómez consentida por la Justicia a su hijo «ascendía a cientos de miles de dólares, tal vez un millón, entre moneda extranjera y nacional-, papeles, escritos, documentación, expedientes, el aparato de teléfono, máquinas de escribir y sumar, efectos personales, ropa, artículos de tocador, máquina de afeitar, juegos de sábanas y toallas, planchas y hasta el café, el té, y la yerba mate«. Federico Gómez, además, reclamó por algunos caballos de carrera que le quitaron a su padre, lo que desde luego admitieran los decretos emitidos en sede judicial.
El primer despojo
La causa no revela en la ejecutoria de elevamiento a juicio oral huellas concretas de papeles firmados por Gómez en cautiverio relativos a estos terrenos. Al contrario, se constata que fue Victorio Cerutti quien suscribió su traspaso forzoso en la ESMA, antes que lo mataran. Se añade que escribanos adictos a la Marina, dieron cobertura legal a la transacción. Y que resultaron favorecidos el capitán de corbeta Francis William Whamond y el teniente de navío Alejandro Spinelli, que utilizaron las identidades falsas de Mario Rodríguez y Felipe Pagés.
De inmediato se relata que estos dos últimos delegaron en Pascual Gómez, en realidad el teniente de fragata Daniel Berrone, quien ungió abogado en la provincia de Mendoza a Manuel Andrés Campoy, un personaje clave en aparejar la odiosa confiscación.
Seguidamente se indica que Pascual Gómez cedió los terrenos a Federico Williams, una segunda identidad apócrifa del susodicho Whamond, quien representaba a la sociedad instrumental Will Ri. De sus dignatarios sobresalía un tal Juan Héctor Ríos, apelativo del teniente de fragata y contador naval Jorge Radice. Era el administrador de la rapiña de pertenencias de los 5000 desaparecidos en la ESMA, un botín cifrado en 70 millones de dólares por los organismos defensores de los derechos humanos.
La narración judicial da cuenta enseguida que Will Ri designó apoderado, después síndico y finalmente presidente, al ya mencionado abogado mendocino Manuel Andrés Campoy, quien recurrió a su padre, el escribano Manuel Andrónico Campoy, para protocolizar los terrenos. Los inscribió en el Registro de Propiedad Raíz, quedando debidamente asentados en la misma provincia de su dueño Cerutti, abatido en la ESMA, aunque poniéndolos a nombre de la sociedad pantalla mandatada por los homicidas.
A continuación, queda demostrado que Manuel Andrés Campoy transfirió por intermedio de su padre las valiosas tierras a otra sociedad, Misa Chico, cuyo control remitía al otrora comandante de la Armada, Eduardo Emilio Massera, integrante de la Junta Militar que dio el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, posiblemente enmascarado, compulsando indicios ventilados en torno al expediente, detrás de la Financiera del Pacífico y del Banco de Ultramar.
Los funcionarios judiciales objeto de seguimiento en la presente crónica citan a Campoy hijo, sin formularle ninguna recriminación. Menos a su padre, imprescindible para registrar los terrenos y entregarlos subrepticiamente a Massera. Igualmente salieron indemnes su mujer, Silvina Rosenthal, su cuñado, Hernán Lucio Funes, y su primo, Gustavo Campoy, incorporados sucesivamente al directorio de la fantasmal Will Ri.
Seis ex represores de la ESMA han sido inculpados por este caso: Ricardo Cavallo, Jorge Acosta, Jorge Radice, Pablo García Velasco, Alberto González Menotti y Juan Carlos Rolón. Sin embargo, los cómplices civiles permanecen impunes. Mediante un arsenal de contactos e intermediarios, todos los caminos de la falta de castigo conducen al abogado Nicolás Becerra, defensor y amigo del hoy millonario Campoy. Al estudio de Becerra concurría por aquellas fechas -obvio, no casualmente- el previamente consignado teniente de fragata Jorge Radice, tesorero a cargo del hurto masivo y sistemático.
Debe saberse que Becerra fue el abogado de la Policía Federal en Mendoza durante la dictadura, y el artífice de la argentinización irregular del narcoterrorista sirio Monzer Al Kassar, condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de armas, el 24 de febrero de 2009. Becerra se hizo intocable al llegar a Procurador General de la Nación durante los gobiernos de Carlos Menem, Fernando De la Rúa y Néstor Kirchner, quien lo despidió con la promoción a un cargo en el Mercosur, pero ha vuelto su natal provincia de Mendoza, para reincidir en la actividad privada y trepar a vicepresidente del club Independiente Rivadavia, propiedad del grupo Vila. Los fiscales federales Carlos Rivolo y Claudio Navas pidieron en 2001 bloquear y repatriar la cuenta bancaria secreta de Becerra en Suiza, medida que se negó a tomar el luego destituido juez Juan José Galeano. (3)
El segundo despojo
Con la acaso involuntaria ayuda de textos de carácter público de los periodistas argentinos Horacio Verbitsky y Miguel Bonasso, y del el célebre juez español Baltasar Garzón -a dúo en un libro con su compatriota, el reportero de medios audiovisuales Vicente Romero-, Federico Gómez estaría consiguiendo usurpar de facto los bienes de Cerro Largo SA, para eventualmente sacar partido de una sentencia judicial que lo reconozca en tanto heredero de la víctima de un desapoderamiento que no justifica. El resultado de la operación lo transfiguraría en asignatario de tierras que nunca fueron de su progenitor, inaudita obra de ficción que insólitamente se viene legitimando en una suerte de blanqueo judicial, al que ojala le haya llegado la hora de ser repudiado por un Tribunal. (4)
Podría concluirse que a través de esta actuación, se buscaría obtener el asentimiento del poder judicial para hacer de Federico Gómez legatario de exorbitantes riquezas, incautadas por personeros de la ESMA a Cerro Largo SA. Quedaría consecuentemente habilitado para litigar ante el Estado democrático, sucesor del rapaz Estado terrorista, y demandar posteriormente un resarcimiento por tierras que jamás habrían pertenecido a su familiar desaparecido.
Juan Gasparini, Buenos Aires, Argentina.
Archivos relacionados con esta noticia
> (1) Confirmación procesamiento Cámara Federal de Buenos Aires, 21-5-2009.
> (1) Envío a juicio oral del 10-3-2010.
> (1) Rechazo de recurso por la Cámara Federal de Buenos Aires, 17-5-2010.
> (3) Liliana Samuel, Agencia France Presse, Buenos Aires, 21-6-2001, Juan Irigaray, agencia DyN, Buenos Aires, 22-6-2001.
> Testimonio recapitulativo del autor en la megacausa ESMA, 25-4-2005.
> Galería de fotos de personas relacionadas con la noticia.
> Plazademayo.com, 28-11-2012.
> «Los mellizos de la muerte», recuadro nota de «Clarín», 29-11-2012.
