Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Foto: RIDH. El modelo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) podría “replicarse “en otros países de América Latina según ciertas condiciones, explicó su Comisionado responsable, el ex procurador colombiano Iván Velásquez, en declaraciones a la Agencia France Presse (AFP) hoy martes en Ginebra, tras un debate al margen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“… algo muy general, muy común en América Latina, (es) la… escasa independencia judicial, o muy dependiente de factores políticos, los Ministerios Públicos en algunos de los casos (son) coptados por el poder político…, eso naturalmente que dificulta adelantar investigaciones profundas, completas, objetivas en el país, y en esas condiciones una comisión como la CICIG podría ser de gran contribución para que esas investigaciones sí se adelantaran”, afirmó Velásquez.
“… yo creo que hay que dejar siempre claro, porque hay una prevención como si una actuación de una comisión como esta está afectando la soberanía, el primer elemento es el propio país el que solicita la presencia de una comisión, de manera que su soberanía lo lleva a buscar un apoyo, y un apoyo que no es de sustitución”, subrayó el Comisionado.
Velásquez recordó que la CICIG es “una comisión que no tiene titularidad de la acción penal, que no puede limitar garantías fundamentales porque la limitación del derecho a la intimidad que supone las interceptaciones, los allanamientos, etcétera, son realizados por orden judicial a petición del Ministerio Público y no de la CICG”.
La CICIG se creó en 2006 por un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y la ONU, compuesta por especialistas de diferentes países; es financiada por la Unión Europea, Estados Unidos y Suiza, con mandato hasta el 2017, “que no cumple agendas de nadie, solo luchar contra la corrupción y la impunidad”: su objetivo es “detectar la existencia de cuerpos ilegales y clandestinos”, y sostener la “persecución penal” contra la impunidad y el crimen organizado, resumió Velásquez.
“Pudimos percibir desde la llegada mía (a la CICIG) en octubre de 2013 (que) estructuras criminales del pasado, pero también con nuevas estructuras criminales, se habían apropiado de prácticamente todos los sectores y poderes del Estado”, recalcó el Comisionado.
Dio por probado que “lo que en Guatemala se conoce como los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”, que atacan “la disidencia (…) de cualquier matiz, se han amoldado a las situaciones de hoy; (son) redes político-económicas ilícitas (…) esas estructuras están vivas, lo que se ha hecho ahora es desestabilizarlas, para desarticularlas se necesitan (…) un diseño institucional que impida su reproducción” y confiscar “sus bienes”.
El año pasado la CICG apuntaló a la Fiscalía en el descubrimiento de un fraude millonario en las aduanas nacionales, que ocasionó la renuncia y el encarcelamiento del entonces presidente, Otto Pérez y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, presuntos cabecillas de una red denominada “La Línea”, que cobraba sobornos a empresarios para la evasión de impuestos aduaneros.
“Ellos invocando su otra nacionalidad sabían a que podrían estar sometidos”, valoró Velásquez al referirse a los guatemaltecos Erwin Sperisen, ex-jefe de Policía, condenado a cadena perpetua en Ginebra en 2015, y Carlos Vielmann, ex-ministro del Interior, cuyo juicio oral en Madrid está previsto para julio próximo. “La CICIG colabora con la fiscalía o los jueces instructores, pero no tenemos una participación directa en estos juicios”, finalizó Iván Velásquez.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
