Votación en la ONU. Foto: Lucia Castaño, RIDH. El Consejo de Derechos Humanos dio un sonado respaldo a los defensores de derechos humanos, “que trabajan en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales”, mediante una resolución que se impuso por 33 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones. A iniciativa de Noruega, y sostenida por la Unión Europea, la resolución quebró sin embargo la unidad de los 8 países del grupo de América Latina y el Caribe es este Consejo. Se opusieron Cuba y Venezuela, la apoyaron Ecuador, México, Paraguay y Panamá, y se abstuvieron El Salvador y Bolivia.
Una batería de más de 30 enmiendas patrocinadas por China, Cuba, Egipto, Rusia y Pakistán trataron vanamente de desnaturalizar el contenido de la resolución, incidiendo un debate que duró alrededor de 3 horas. Ante todo negando la característica de defensores de derechos humanos, a los activistas no gubernamentales en diferentes lugares del mundo que abogan por los derechos económicos, sociales y culturales, identificándolos como “individuos, grupos e instituciones que se dedican a promover y proteger los derechos humanos”, una fórmula alambicada para deslucir el perfil de esos militantes de las libertades públicas y derechos individuales, de sus rasgos esenciales de defensores de los derechos humanos.
Pretendiendo la reescritura de múltiples frases y párrafos de la resolución, sus adversarios antes mencionados pretendieron, además, que fueran completamente eliminados dos artículos del texto que finalmente triunfara en la votación. Intentaron sin suerte, que los gobiernos no recibieran del Consejo la recomendación de legislar en favor de los defensores de derechos humanos, y que se privara al Secretario General de la ONU, reunir y hacer públicas evidencias de denuncias sobre los atropellos que suelen sufrir los defensores de los derechos humanos.
En efecto, el primero de eso artículos “pone de relieve la importancia de los programas de protección nacional para los defensores de los derechos humanos y alienta a los Estados a que consideren, con carácter prioritario, la posibilidad de promulgar legislación y marcos de política pertinentes a este respecto, en consulta con los defensores de derechos humanos, la sociedad civil y los interesados pertinentes, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los principios presentados por el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos”.
El segundo de esos artículos de la resolución que se buscó aniquilar, “invita al Secretario General a poner en relieve la presente resolución en el sistema de las Naciones Unidas y a seguir incluyendo presuntos casos de represalias e intimidación contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, así como sus familiares, asociados y representantes y sus mecanismos en la esfera de los derechos humanos”.
En el transcurso de la semana, 45 organizaciones no gubernamentales pidieron por escrito a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos adoptar el texto y rechazar integralmente las enmiendas propuestas por China, Cuba, Egipto, Rusia y Pakistán por considerar que “socaban y debilitan la resolución”.
En la carta, firmada por el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, CIVICUS y Human Rights Watch, entre otras organizaciones, se lee que dichas enmiendas “deben ser vistas en el contexto de los esfuerzos sistemáticos actualmente en progreso en varios de estos Estados para restringir y criminalizar el importante y legítimo trabajo de los defensores de los derechos humanos y de las organizaciones independientes de la sociedad civil”.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
