España no aceptó “despenalizar la difamación y trasladarla al Código Civil, de conformidad con las normas internacionales”, una recomendación que le formuló Estonia en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, revisión a la que están obligados sus Estados miembros una vez cada cinco años, indica un documento adoptado hoy en Ginebra.
Tampoco aceptó la recomendación “de aprobar nuevas disposiciones legislativas que obliguen a las empresas públicas a reservar una cuota de los puestos de sus juntas no directivas a las mujeres”, formulada por Italia durante el EPU, que tuvo lugar en enero pasado, pronunciándose recién este jueves.
Asimismo España rechazó “aprobar una estrategia nacional para mejorar las condiciones en el sistema penitenciario”, una exhortación de la Federación de Rusia.
Igual suerte le reservó a la invitación que le hiciera llegar Ecuador, para que España se comprometiera a “participar en la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante” (convención), que obligue a las “empresas transnacionales” a respetar los derechos humanos, una negociación diplomática que la comunidad internacional va a emprender el mes que viene en Ginebra.
España rechazó, asimismo, “tomar nuevas medidas para garantizar los derechos de los migrantes tanto en situación regular como irregular”, que le solicitara Turquía, negativa que se amplió a no querer firmar la Convención Internacional sobre protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares (ICRMW), que le requirieran, entre otros, Indonesia, Nicaragua, Ecuador, Ruanda, Guatemala, Venezuela, Paraguay, Argelia y Filipinas.
Al respecto, “Caritas española” intervino en el debate para protestar por “las devoluciones sumarias desde Ceuta y Melilla” de migrantes, pues a su entender constituyen una violación al estándar que “toda persona, según la Constitución y la normativa de aplicación española; tiene derecho a un procedimiento administrativo de expulsión o devolución, con todas las garantías en el acceso a la justicia”.
“Caritas española” aprovechó su discurso para denunciar “la emergencia habitacional que cientos de familias viven en España”, que agrava la “criminalización de la pobreza” padecida por “personas en situación de exclusión social y vulnerabilidad severa”, acosadas por la Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana que, estima, cercena derechos civiles y políticos, pidiendo sea “derogada”.
España reiteró su negativa a adherir al “principio de universalidad de las normas internacionales de derechos humanos”, como le recordara Alemania, que obligan a los Estados a declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, como los crímenes de guerra, el genocidio y las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, cualquier sea la fecha en que se haya llevado a cabo, en relación a las atrocidades perpetradas por la dictadura “franquista”.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) exhortó a España a que garantice “el derecho a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de los crímenes cometidos” entre 1939 y 1975, “tales como ejecuciones extrajudiciales, torturas, robo de bebes, desapariciones forzadas, etc”.
La FIDH, que nuclea a gran parte de las ligas nacionales de derechos humanos en el mundo, reclamó la abolición de la Ley de Amnistía de 1977, y que el Estado investigue, enjuicie, sancione y repare el daño causado. A su vez, que coopere “adecuada y efectivamente con las autoridades judiciales argentinas”, las cuales se han declarado competentes para hacerlo, y han solicitado la extradición de “19 ciudadanos españoles acusados” de ser autores de infracciones aberrantes en el periodo “franquista”.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.