El gobierno de Colombia rechazó que expertos independientes nombrados por Naciones Unidas visiten sus prisiones, y que investiguen las denuncias de torturas, como le pidieran México, Uruguay, Perú, Filipinas, Eslovenia, Turquía y Montenegro, durante el Examen Periódico Universal (EPU), el mecanismo obligatorio de control sobre derechos humanos al que se someten todos los Estados miembros, que acaba de finalizar en Ginebra.
«Colombia es el único país de América Latina que se opone a ratificar el Protocolo Facultativo a la Convención de la ONU contra la Tortura, que permite las visitas sorpresas de los expertos de Naciones Unidas a las cárceles, caracterizadas por altos niveles de hacinamiento y la persistencia de condiciones de detención inhumanas», declaró la Asociación para la Prevención de la Tortura en el curso del debate.
«De las 160 recomendaciones que le hicieron varias decenas de países, el gobierno de Juan Manuel Santos solo aceptó el 3,75% del total. ¿Por qué no acepta todas las recomendaciones sobre ratificación de tratados internacionales o la competencia de los órganos internacionales de supervisión? ¿Por qué no recibe a los relatores especiales de la ONU que solicitan visitar el país, si tiene en teoría una invitación permanente?, preguntó la Comisión Colombiana de Juristas.
«Hay 11.242 personas privadas de la libertad (incluidas 8.418 mujeres), más de la mitad por delitos menores. De las 142 prisiones, en 120 existe un alto grado de hacinamiento. Se calcula en 80 mil el número de detenidos que viven en condiciones de hacinamiento. Solo han sido detenidos 564 autores de crímenes vinculados al conflicto armado, como el desplazamiento forzado o las desapariciones», recoge un informe circulado en Ginebra por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP).
«El Ministerio Público representado en la Procuraduría remite las quejas de tortura para que sean investigadas por la oficina de control disciplinario interno del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), como si se tratara de una falta disciplinaria común», acusa el FCSPP, Organización No Gubernamental» (ONG), que no puede entrar a los establecimientos penitenciarios para corroborar denuncias.
«La tortura en cárceles permanece invisibilizada por la falta de investigaciones penales. Las personas que se atreven a denunciar son objeto de presiones o retaliaciones, que en el ámbito carcelario, suceden con facilidad, ya que por lo general la víctima permanece a cargo del cuidado y custodia del victimario. Las pocas denuncias que llegan al sistema penal, son indebidamente tipificadas como simples lesiones personales», subraya el FCSPP.
El gobierno replicó con un informe donde resalta que «ha implementado, a través de sus instituciones, una serie de medidas y acciones enfocadas a prevenir el delito de tortura, entre las cuales se encuentran directrices del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario…», junto a la constitución de comités, y un cónsul de derechos humanos, amén de reformas al Código Penitenciario y a la legislación para «promover el derecho a la integridad personal y la prohibición absoluta de todas las formas de tortura».
Sin embargo, las ONG constatan una suerte de invasión de los tribunales militares en la exclusividad de la competencia de las instancias civiles para el enjuiciamiento de violaciones de los derechos humanos, según la Comisión Internacional de Juristas (CIJ). Al respecto, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, exhortó al actual gobierno de Colombia «a asegurar que la Jurisdicción Militar no menoscabe el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas».
En las deliberaciones previas, la Comisión Colombiana de Juristas abundó en dar detalles sobre ese flagrante menoscabo. Fustigó que «la reforma a la justicia penal militar sustrae del escenario natural para su esclarecimiento aquellas conductas cometidas por militares y policías que puede constituir violaciones a derechos humanos o infracciones al derecho humanitario. Se promueve el encubrimiento en lugar de la verdad, tanto para casos del pasado como para los que puedan suceder en un futuro, dejando sin ninguna garantía a las víctimas».
Clara Rojas, ex rehén de las FARC por largo tiempo, en un discurso en nombre de la ONG «País Libre», concluyó que perdura el reto para el gobierno del «acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad en los casos de graves violaciones a los derechos humanos… no solo con referencia a los delitos como… la desaparición forzada y el secuestro, sino también con relación a las actuales políticas públicas que modifican los procesos de justicia para los crimenes cometidos en el marco del conflicto armado».
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
