Aprovechando una comparecencia prevista desde tiempo atrás, la embajadora de Colombia en Ginebra, Beatriz Londoño Soto, aseguró en Ginebra ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, “que el Presidente Juan Manuel Santos … no se rendirá en la búsqueda de la paz”, y que se mantienen “los resultados concretos del Acuerdo bilateral y definitivo de cese al fuego con la guerrilla de las FARC”.
La diplomática afirmó que se ha conseguido “reducir significativamente las afectaciones a los derechos de la población civil y disfrutar hoy de un ambiente sin confrontaciones en algunas de las zonas históricamente más afectadas por el conflicto ».
La delegación colombiana informó que la totalidad de desaparecidos es de 115.000 personas en los últimos 78 años, sabiendo que el conflicto interno se inició hace 52 años. Las estadísticas brindadas por el gobierno precisan que hasta al 31 de julio de 2016 se han iniciado 74.381 procedimientos judiciales sobre desapariciones, con 82.505 víctimas, habiendo engendrado 10.518 diligencias penales, las cuales arrojan un saldo de imputados de 789 agentes del Estado.
Sin embargo, Colombia no aceptó que casos individuales de desapariciones forzadas no esclarecidos por sus instancias penales internas pudieran ser llevados ante este Comité, una solicitud formulada por varios de los diez expertos independientes que lo integran, reveló la Agencia France Presse (AFP)
“Es inaceptable que la delegación del Estado Colombiano, no haya mostrado ninguna voluntad política, para permitir a las víctimas presentar casos individuales, donde nuestra esperanza es que se abran caminos para saber dónde están nuestros seres queridos, que asciende a 80.000 según cifras oficiales”, declaró la Fundación Nydia Erika Bautista, una ONG colombiana presente en el debate.
“El gobierno persiste en no aceptar la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir y examinar casos, aseverando que se tiene un sistema garantista para la protección de los derechos, argumento que pierde su peso al conocerse el nivel de impunidad de los casos de desaparición forzada, con un 99%, donde aún no se han resuelto desapariciones forzadas cometidas hace más de 30 años”, indicó Manon Yard, de las Brigadas Internacionales de Paz.
«Continúan ocurriendo desapariciones forzadas en Colombia. Que la respuesta estatal produzca tan precarios resultados frente a ellas, son una razón más para insistir en que el Acuerdo de paz se concrete ya y se ponga en práctica. Queremos poder dejar de preocuparnos por el conflicto armado y dedicar tiempo y recursos a buscar a las personas desaparecidas», manifestó Ana María Rodríguez, de la Comisión colombiana de Juristas.
«Es necesario un tratamiento humano y atención inmediata en el momento en que la víctima haga la denuncia en casos de desaparición forzada. La no refrendación del Acuerdo de paz nos limita la posibilidad de conocer cuántos jóvenes pueden estar desaparecidos forzadamente en el Cauca, y cuántos han sido reclutados por la guerrilla», concluyó Walter Quiñones, de la Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino, ORDEUCA, del departamento del Cauca.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.