El gobierno nacional rechazó ciertas recomendaciones relativas a derechos humanos, de las 118 que le manifestaran 56 países en octubre pasado, durante el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo dispuesto por Naciones Unidas para controlar el respeto de los derechos humanos de sus 193 Estados miembros. Agotado el plazo reglamentario para responder sobre dichas recomendaciones, la diplomacia argentina trasmitió un documento a Ginebra que fija posición, publicado en el sitio web de la Alta Comisionada, Navi Pillay, el cual será oficialmente adoptado en Ginebra el 13 de marzo próximo, en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Pese a la aceptación de la mayoría de las recomendaciones en torno a discriminación, sistema penitenciario, educación, grupos vulnerables, trata de personas, discapacitados, erradicación de la pobreza, migrantes, administración de justicia, y proseguir el juicio y castigo a los responsables de la última dictadura militar (1976-1983), contradice la reacción adversa para con tal beneplácito, que se constata en el rechazo a tres recomendaciones sobre libertad de expresión y protección de periodistas formuladas por Alemania, España y Australia.
A ello se añade el rechazo encubierto de otras cuatro recomendaciones sobre acceso a la información articuladas por Bélgica, Canadá, Suiza y Noruega. Para hacerlo Argentina utiliza el enunciado de «toma nota», presuntamente buscando eludir definirse a favor o en contra bajo el paraguas de una supuesta neutralidad, conducta que para el Secretariado de este Consejo equivale a un rechazo. El gesto desluce la imagen de Argentina, dado su liderazgo internacional en materia de derechos humanos, hasta ahora reconocido en el mundo entero.
Sin transición Argentina «toma nota» de una recomendación de Estados Unidos que pidió «Observar y aplicar las decisiones de la Corte Suprema relativas a los artículos de la Ley de servicios de comunicación audiovisual que todavía son objeto de debate». La réplica señaló «que el impedimento de su plena aplicación es a causa de medidas cautelares dictadas por la Justicia que favorecen a ciertos grupos concentrados de poder que resisten la desmonopolización que plantea la norma mencionada».
En línea con los derechos de la niñez, Argentina tampoco aceptó una recomendación de Bulgaria reclamando «prohibir por ley todo tipo de violencia contra los niños, incluidos los castigos corporales en todo los ámbitos». Estimó que existe «un paquete de leyes que prohíben y condenan expresamente la violencia contra niñas, niños y adolescentes». Asimismo desaprobó recomendaciones para que hiciera extensiva «a los niños de grupos marginados, como los trabajadores migrantes (México) y los hijos de padres privados de libertad (Austria)», la Asignación Universal por Hijo. Se afirmó que el beneficio es universal, «no excluye a ningún grupo específico» y carece de «cláusula que implique restricciones respecto a niños hijos» de presos. Sin embargo, volvió a «tomar nota» de recomendaciones en favor de medidas «para garantizar la inscripción universal de los nacimientos, con particular énfasis en los niños y niñas indígenas» (México) y «la inscripción gratuita del nacimiento» (Uruguay). Informó que «el Registro de Nacimiento como el primer DNI son de carácter gratuito y universal».
Argentina persistió en que «toma nota» de recomendaciones sobre derechos sexuales y reproductivos que la instaban a definir medidas para que «las mujeres y niñas víctimas de una violación tengan la posibilidad efectiva de abortar en condiciones de seguridad y legalidad» (Alemania), para «reducir la mortalidad y morbilidad maternas que son consecuencia de los abortos practicados en condiciones peligrosas (Países Bajos), más otras dos de Noruega para que «hiciera efectivo el derecho al aborto», según lo dispuesto por la Corte Suprema, y para que reforzara esfuerzos «tendientes a reducir la tasa de mortalidad infantil» y «disminuir el número de defunciones a consecuencia de abortos practicados en condiciones peligrosas».
Apuntando a Suiza, que abogó por «lograr, lo antes posible, la aplicación efectiva de la guía técnica para la atención de los abortos no punibles a nivel nacional, a fin que el acceso al aborto legal esté verdaderamente garantizado», Argentina lanzó nuevamente el «toma nota». Detalló que existe una guía desde 2007, que el Código Penal establece «como causal de aborto no punible la violación de cualquier mujer», cuya declaración jurada alcanza para practicarle el aborto no punible en los hospitales, los cuales han sido urgidos por la Corte Suprema a «que implementen protocolos para la atención» de esos casos; máximo tribunal que, al propio tiempo, ordenó a los jueces de «abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico».
La Argentina también «toma nota» de una recomendación consensuada entre Belarús, Eslovaquia, Túnez y Austria con el propósito de «Velar porque todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, tortura y otros tratos crueles o malos tratos a manos de agentes de las fuerzas del orden, en particular en los centros de detención y las prisiones, sean objeto de investigaciones rigurosas e imparciales, porque los presuntos autores de estos delitos sean enjuiciados y por qué las víctimas obtengan una reparación adecuada». El gobierno consideró que «se están ejecutando y coordinando diversos mecanismos de comunicación de hechos de violencia institucional, capacitando personal e implementando medidas de protección que conduzcan a garantizar los derechos de las personas privadas de libertad».
El «toma nota» de Argentina se verifica, además, en las recomendaciones de Trinidad y Tobago para que se tipifique la discriminación racial en tanto delito, y para que se reconozca como Estado multiétnico, según la petición del Comité competente en la ONU (Sudáfrica). Argentina dijo que la ley vigente abarca la tipificación aludida, pero se abstuvo de opinar sobre la invitación de asumirse como Estado multiétnico.
En cambio, Argentina rechazó tres recomendaciones sobre poblaciones autóctonas que la exhortaban a «agilizar la entrega de títulos de propiedad de tierras comunitarias a las comunidades indígenas y a ese respecto considerar la posibilidad de otorgarles una indemnización adecuada (Sudáfrica)», de «mejorar la situación de esas minorías (España)» y de «reforzar la integración» de dichos pueblos «y de los inmigrantes», concediéndoles «mayores derechos (Omán)».
Argentina concluyó, mediante «compromisos voluntarios», a seguir obrando para que se lleven a cabo «las decisiones de los organismos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos… con mapas de cumplimiento que identifiquen a las autoridades responsables, medidas a implementar y los plazos correspondientes, con la participación de la sociedad civil». Anticipó que dará particular atención a los migrantes, y «al pleno ejercicio del derecho de acceso a la información, poniendo en conocimiento de la ciudadanía en general y haciendo pública toda información proveniente de sectores públicos y privados».
Reafirmó, a su vez, que continuará «trabajando para la adecuación de las reglas Mínimas para el Tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas a los estándares internacionales». Y anticipó que va «a cooperar en una campaña internacional para la promoción de la ratificación del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales», que habilita a las personas y grupos de personas recurrir a la ONU cuando los Estados no satisfacen las necesidades mínimas de la gente.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.
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