Estados Unidos, Qatar, Kuwait, Gran Bretaña y Turquía acaban de sacar victoriosa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra una resolución de preferente condena al régimen Bachar el Assad por 37 votos a favor, uno en contra y 9 abstenciones, pero los países latinoamericanos, liderados por Perú y Costa Rica, lograron se critique implícitamente la «escalada» bélica que trae aparejada la decisión de los gobiernos de Barack Obama, Inglaterra y Francia, de asistir militarmente a los rebeldes en Siria. La reprobación alcanza a Rusia, que pertrecha a las fuerzas de la dictadura imperante en Damasco. Tal vez se ha iniciado una etapa de límites desconocidos en la guerra internacional desatada en Medio Oriente.
La enmienda inicialmente propuesta por América Latina llamaba «a todos los Estados» a cesar la transferencia «de armas y municiones a todas las partes» enfrentadas, aludiendo elípticamente al Tratado sobre el Comercio Internacional de Armas adoptado dos meses y medio atrás en la sede central de la ONU en Nueva York. Para desactivar la iniciativa latinoamericana, ante el riesgo que pudiera ganar la votación en virtud de la simpatía granjeada en el seno de la dividida Unión Europea (República Checa, Austria e Irlanda), Suiza y ciertos países asiáticos, los promotores de la resolución insertaron inesperadamente una frase, exhortando a los beligerantes sirios (omitiendo mencionar a las potencias que los sostienen) a «no emprender acciones que acarrearían una escalada de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario».
Los discursos de los embajadores de Perú (Luis Enrique Chávez) y de Costa Rica (Christian Guillermet) en Ginebra que se acompañan al pie de esta crónica, explican la valoración de lo concedido por los países occidentales y sus aliados del Golfo y Europa. Reafirman que América Latina da la espalda a una solución militar del conflicto, y expresa una voluntad comparable a la conducta que observaran México y Chile, los dos únicos países del continente presentes en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2003, cuando contribuyeran a quebrar la legitimidad de la invasión unilateral estadounidense en Irak.
La concesión obtenida ahora, quizá insuficiente en términos de sustancia, no reunió, sin embargo, la presión diplomática necesaria para obligar a incorporar un reparo de mayor envergadura ante la politización y polarización impulsada por Estados Unidos y Rusia. Así las cosas, los 8 países latinoamericanos, de los 47 que constituyen el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2013, redistribuyeron de forma despareja los sufragios a la hora del escrutinio el viernes último sobre el nuevo texto con el añadido conseguido. Venezuela votó en contra de la resolución corregida, Ecuador se abstuvo y los seis restantes le dieron el visto bueno: Costa Rica, Perú, Argentina, Brasil, Chile y Guatemala.
El documento aprobado trae además como novedad la condena expresa de Hizbulla, el grupo armado libanes chií que ha acudido en auxilio del clan Assad: presuntamente 5000 combatientes en la recuperación hace algunas semanas de Al Qusayr, supuestamente otros 5000 para la sangrienta batalla que ha estallado en Aleppo, y acaso 5000 más para finalizar el aniquilamiento de los insurgentes. De esa trama no es ajena la República Islámica de Irán, cuya hegemonía resulta indiscutible entre los chiís de la zona, una corriente fundamentalista integrada por la minoría alauí de los Assad, que ejerce el poder desde hace cuatro décadas en Siria.
No obstante, la secuela de los votos, radiografiados en la imagen de la pantalla electrónica que se recoge en la galería fotografica de la nota, demuestra un debilitamiento de la línea preponderante en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde 2011, a pesar, en esta resolución, de una menor reticencia a recomendar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el envió del caso sirio a la Corte Penal Internacional (CPI), por los indicios existentes de crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo cual debería arrimar una mayor cantidad de votos.
Ese reclamo, propiciado por la Comisión Investigadora de la propia ONU, encabezada por el experto brasilero, Paulo Pinheiro y secundado por la suiza Carla del Ponte, venía siendo relegado en resoluciones precedentes. Pese a las insistencias en igual dirección de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navi Pillay, se lo edulcoraba o eludía previendo una caída rápida de Assad, para no hipotecarle el futuro a un gobierno de sus adversarios, perspectiva hoy desmentida por la evolución en sentido adverso de la relación de fuerzas en el terreno.
La consecuencia de lo sucedido parece conducir el abandono progresivo de una solución política mediante la negociación en la segunda conferencia de Ginebra prevista para el mes que viene, cuyo proyecto retomara, a instancias de Estados Unidos y Rusia, un plan de transición pacífico pactado el 30 de junio de 2012 durante el primer conclave en esta ciudad. La pérdida de posiciones de las milicias antigubernamentales, arroja la impresión que se inicia una etapa inédita donde Washington y sus aliados de Londres y Paris, bajo pretexto de la utilización de armas químicas por parte de Assad que anuncian haber probado Francia y Estados Unidos, van a buscar con armas convencionales contrarrestar la influencia externa de Hizbulla, de paso un mensaje inequívoco al flamante presidente iraní, Hassan Rohani.
Juan Gasparini, Ginebra, Suiza.